UGT | jueves, 13 de abril de 2017
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 consolidan la precariedad del empleo juvenil y obstaculiza la emancipación de este colectivo. Con una partida de empleo que recorta el gasto un 4,8% respecto al año anterior y una disminución del programa de vivienda un 20,6%, el Gobierno está arrinconando a los jóvenes a la pobreza o al exilio. Para UGT, es imprescindible proteger a nuestros jóvenes, ampliando el Plan de Garantía Juvenil para lograr la inserción masiva de este colectivo y asegurándoles empleos y salarios dignos. Además, el sindicato considera fundamental que, junto a ello, el Ejecutivo apueste por una vivienda digna para los jóvenes y actúe contra la continua subida de los precios, tanto de la venta como del alquiler, que está imposibilitando la emancipación de los jóvenes y la configuración de un proyecto de vida digno.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 consolidan la precariedad del empleo joven y obstaculizan la emancipación de este colectivo. En este sentido, la propuesta del Gobierno recorta el gasto en políticas de empleo un 4,8% respecto al año anterior, con una disminución del 7,6% de las prestaciones por desempleo y un aumento de las políticas activas que va a ir íntegramente a pagar las bonificaciones a la contratación de las empresas.
Para UGT, resulta fundamental un plan de choque por el empleo que incluya la inserción de los jóvenes con plenas garantías de ocupación y salarios, que incluya una oferta de formación y asesoramiento laboral de calidad y no precario, como hasta ahora, y que les asegure un futuro digno.
Además, hay que reforzar la protección del colectivo joven, aumentando las prestaciones por desempleo. El gasto en esta partida no debe limitarse a garantizar la cobertura con la normativa vigente, ya que desde 2012 se vienen promoviendo cambios legislativos que han endurecido las condiciones de acceso a estas prestaciones, ampliando el número de personas sin cobertura.
Si la economía está creciendo, los jóvenes también se deben beneficiar de ello con más y mejores empleos, salarios y cobertura social. Por ello, UGT considera fundamental reforzar el Plan de Garantía Juvenil para ampliar la protección de este colectivo y aumentar su inserción, con medidas como la colocación inmediata en un puesto vacante por parte de los servicios públicos de empleo o apostar por un modelo de contratación indefinida como figura principal, estableciendo mecanismos de control que persigan la contratación temporal fraudulenta.
Este sistema ha fracasado y se tiene que renovar, ya que se han destinado 2.360 millones de euros procedentes de la UE pero, según el Tribunal de Cuentas, se han desperdiciado, ya que la mitad de los jóvenes que se acogieron a este Plan volvía a estar en situación de desempleo debido a la precarización de los trabajos ofertados. Los PGE 2017 han destinado una partida presupuestaria nueva denominada Ayuda complementaria para jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil, con 500 millones de euros, dentro de la partida de prestaciones por desempleo, sin concretarse ninguna medida concreta para reducir la temporalidad.
Para la Unión General de Trabajadores, la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo es un elemento clave para facilitar la emancipación de este colectivo. Sin embargo, sin empleos decentes y con un PGE que recorta un 20,6% las políticas de vivienda respecto al año anterior, no va a ser posible.
En este sentido, se invertirá este año en esta partida 467 millones de euros, frente a los 587 destinados en 2016. Además, dicha cantidad es ínfima, pues sólo supone el 0,1% del total de gastos previstos para este ejercicio, más bajo aún que el del año anterior con un 0,2%. Es decir, que el presupuesto destinado a vivienda supone sólo 10 céntimos por cada 100 euros de gasto, cifra muy debilitada en relación a otras partidas presupuestarias, así como insuficiente para paliar las dificultades de acceso a la emancipación de la juventud.
UGT denuncia que cada vez los jóvenes tienen mayores trabas para lograr su emancipación y con estos presupuestos se atenúa aún más esta situación. Se ha producido un incremento en el número de jóvenes que no logra emanciparse debido al aumento de la precariedad laboral que no permite afrontar ni el pago de una hipoteca y ni tan siquiera el alquiler a jóvenes con un contrato temporal o bajos salarios.
La tasa de temporalidad juvenil ha aumentado en los últimos 5 años un 9,5%, elevándose hasta el 56,67%. Además, esta tasa se dispara para el tramo de edad de 16 a 19 años (casi un 90%) lo que significa que una persona menor de 20 años sólo puede aspirar a un contrato temporal. También entre los asalariados menores de 30 años con un contrato temporal el 23% tiene una duración de 1 a 3 meses, un 18% son de 4 a 6 meses de duración y sólo un 4% de los jóvenes con un contrato temporal, tiene una duración superior a 3 años. Resulta especialmente llamativo que un 29% de los jóvenes desconoce aspectos de su contratación, circunstancia que ha aumentado un 3%, lo que hace a la juventud vulnerable y que no pueda plantearse proyectos de vida a largo plazo.
Además, el salario de los jóvenes no deja de descender, y el Gobierno no hace nada al respecto. El salario medio de los jóvenes ha descendido un 3,91% en el último año y en una de cada cuatro personas jóvenes ocupadas se encuentra en situación de pobreza. Ante esto, el Ejecutivo tan solo aumenta los salarios públicos un 1% y el IPREM (que determina la cuantía de ciertas prestaciones y sirve para acceder a determinados servicios públicos, como las becas) en la misma proporción. Algo absolutamente inaudito.
La Encuesta de hogares, publicada recientemente por el INE (2016), muestra que el 54,1% de los jóvenes entre 25 y 29 años vivían con sus padres o con alguno de ellos, es decir no se ha emancipado, lo que ha supuesto un aumento de 3 puntos respecto al año anterior. Para las personas de 30 a 34 años este porcentaje se reducía hasta el 23,4%. Sin embargo, a edades para los menores de 25 años, la propensión a vivir solo fue del 1,5% en hombres y del 1,4% en mujeres. Si tomamos en consideración al colectivo joven, hasta los 34 años, se observa que un tercio del total de esos jóvenes aún no se ha emancipado.
Además, UGT señala que tan solo el 16,7% de las personas jóvenes emancipadas ha logrado establecerse en un hogar unipersonal, es decir, casi el 85% de los jóvenes se tienen que emancipar compartiendo vivienda o alquilando habitaciones; y el dinero que tienen que destinar los jóvenes a una vivienda es el 60% de su salario, cuando no debería superarse el 25%, gastos indirectos incluidos.
Pero la variable empleo no es la única causa del bajo nivel de emancipación en la juventud, la subida de los precios, tanto de vivienda en propiedad como en alquiler. En este último caso, se está materializando una subida en los nuevos contratos de arrendamiento, que también afectará a los inquilinos con arrendamientos previos y con rentas más bajas, quienes tendrán que hacer frente a aumentos que pueden llegar al 2% (según IPC de marzo).
Para conseguir un buen equilibrio en los precios, UGT señala que la clave pasa por un compromiso de la Administración para fomentar de verdad y dinamizar el acceso a la vivienda en la Juventud. Sin embargo, dentro de la partida de vivienda también disminuyen los presupuestos destinados a la Renta Básica de Emancipación (RBE) de los jóvenes. Concretamente, la dotación prevista para 2017 es de 2 millones de euros, lo que consideramos una cifra muy debilitada dado que en que en 2015 se destinaron unos 14 millones de euros para este fin. La RBE, aunque desapareció en el año 2012, siguen teniendo derecho a percibirla todos aquellos jóvenes que tuvieran el derecho reconocido o que la hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 años de edad o la hayan disfrutado durante cuatro años.
Una subida en el precio cuando se es mileurista o se encuentra en salarios más bajos, supone que, al verse afectados por las subidas del mercado de la vivienda, muchos jóvenes tengan que renunciar a emanciparse, volviendo al hogar familiar por la falta de recursos para poder afrontar la emancipación.
Por ello, los PGE deberían apostar por facilitar el acceso a la vivienda pública y dejar de poner trabas a la ya mermada emancipación joven.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 consolidan la precariedad del empleo joven y obstaculizan la emancipación de este colectivo. En este sentido, la propuesta del Gobierno recorta el gasto en políticas de empleo un 4,8% respecto al año anterior, con una disminución del 7,6% de las prestaciones por desempleo y un aumento de las políticas activas que va a ir íntegramente a pagar las bonificaciones a la contratación de las empresas.
Para UGT, resulta fundamental un plan de choque por el empleo que incluya la inserción de los jóvenes con plenas garantías de ocupación y salarios, que incluya una oferta de formación y asesoramiento laboral de calidad y no precario, como hasta ahora, y que les asegure un futuro digno.
Además, hay que reforzar la protección del colectivo joven, aumentando las prestaciones por desempleo. El gasto en esta partida no debe limitarse a garantizar la cobertura con la normativa vigente, ya que desde 2012 se vienen promoviendo cambios legislativos que han endurecido las condiciones de acceso a estas prestaciones, ampliando el número de personas sin cobertura.
Si la economía está creciendo, los jóvenes también se deben beneficiar de ello con más y mejores empleos, salarios y cobertura social. Por ello, UGT considera fundamental reforzar el Plan de Garantía Juvenil para ampliar la protección de este colectivo y aumentar su inserción, con medidas como la colocación inmediata en un puesto vacante por parte de los servicios públicos de empleo o apostar por un modelo de contratación indefinida como figura principal, estableciendo mecanismos de control que persigan la contratación temporal fraudulenta.
Este sistema ha fracasado y se tiene que renovar, ya que se han destinado 2.360 millones de euros procedentes de la UE pero, según el Tribunal de Cuentas, se han desperdiciado, ya que la mitad de los jóvenes que se acogieron a este Plan volvía a estar en situación de desempleo debido a la precarización de los trabajos ofertados. Los PGE 2017 han destinado una partida presupuestaria nueva denominada Ayuda complementaria para jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil, con 500 millones de euros, dentro de la partida de prestaciones por desempleo, sin concretarse ninguna medida concreta para reducir la temporalidad.
Para la Unión General de Trabajadores, la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo es un elemento clave para facilitar la emancipación de este colectivo. Sin embargo, sin empleos decentes y con un PGE que recorta un 20,6% las políticas de vivienda respecto al año anterior, no va a ser posible.
En este sentido, se invertirá este año en esta partida 467 millones de euros, frente a los 587 destinados en 2016. Además, dicha cantidad es ínfima, pues sólo supone el 0,1% del total de gastos previstos para este ejercicio, más bajo aún que el del año anterior con un 0,2%. Es decir, que el presupuesto destinado a vivienda supone sólo 10 céntimos por cada 100 euros de gasto, cifra muy debilitada en relación a otras partidas presupuestarias, así como insuficiente para paliar las dificultades de acceso a la emancipación de la juventud.
UGT denuncia que cada vez los jóvenes tienen mayores trabas para lograr su emancipación y con estos presupuestos se atenúa aún más esta situación. Se ha producido un incremento en el número de jóvenes que no logra emanciparse debido al aumento de la precariedad laboral que no permite afrontar ni el pago de una hipoteca y ni tan siquiera el alquiler a jóvenes con un contrato temporal o bajos salarios.
La tasa de temporalidad juvenil ha aumentado en los últimos 5 años un 9,5%, elevándose hasta el 56,67%. Además, esta tasa se dispara para el tramo de edad de 16 a 19 años (casi un 90%) lo que significa que una persona menor de 20 años sólo puede aspirar a un contrato temporal. También entre los asalariados menores de 30 años con un contrato temporal el 23% tiene una duración de 1 a 3 meses, un 18% son de 4 a 6 meses de duración y sólo un 4% de los jóvenes con un contrato temporal, tiene una duración superior a 3 años. Resulta especialmente llamativo que un 29% de los jóvenes desconoce aspectos de su contratación, circunstancia que ha aumentado un 3%, lo que hace a la juventud vulnerable y que no pueda plantearse proyectos de vida a largo plazo.
Además, el salario de los jóvenes no deja de descender, y el Gobierno no hace nada al respecto. El salario medio de los jóvenes ha descendido un 3,91% en el último año y en una de cada cuatro personas jóvenes ocupadas se encuentra en situación de pobreza. Ante esto, el Ejecutivo tan solo aumenta los salarios públicos un 1% y el IPREM (que determina la cuantía de ciertas prestaciones y sirve para acceder a determinados servicios públicos, como las becas) en la misma proporción. Algo absolutamente inaudito.
La Encuesta de hogares, publicada recientemente por el INE (2016), muestra que el 54,1% de los jóvenes entre 25 y 29 años vivían con sus padres o con alguno de ellos, es decir no se ha emancipado, lo que ha supuesto un aumento de 3 puntos respecto al año anterior. Para las personas de 30 a 34 años este porcentaje se reducía hasta el 23,4%. Sin embargo, a edades para los menores de 25 años, la propensión a vivir solo fue del 1,5% en hombres y del 1,4% en mujeres. Si tomamos en consideración al colectivo joven, hasta los 34 años, se observa que un tercio del total de esos jóvenes aún no se ha emancipado.
Además, UGT señala que tan solo el 16,7% de las personas jóvenes emancipadas ha logrado establecerse en un hogar unipersonal, es decir, casi el 85% de los jóvenes se tienen que emancipar compartiendo vivienda o alquilando habitaciones; y el dinero que tienen que destinar los jóvenes a una vivienda es el 60% de su salario, cuando no debería superarse el 25%, gastos indirectos incluidos.
Pero la variable empleo no es la única causa del bajo nivel de emancipación en la juventud, la subida de los precios, tanto de vivienda en propiedad como en alquiler. En este último caso, se está materializando una subida en los nuevos contratos de arrendamiento, que también afectará a los inquilinos con arrendamientos previos y con rentas más bajas, quienes tendrán que hacer frente a aumentos que pueden llegar al 2% (según IPC de marzo).
Para conseguir un buen equilibrio en los precios, UGT señala que la clave pasa por un compromiso de la Administración para fomentar de verdad y dinamizar el acceso a la vivienda en la Juventud. Sin embargo, dentro de la partida de vivienda también disminuyen los presupuestos destinados a la Renta Básica de Emancipación (RBE) de los jóvenes. Concretamente, la dotación prevista para 2017 es de 2 millones de euros, lo que consideramos una cifra muy debilitada dado que en que en 2015 se destinaron unos 14 millones de euros para este fin. La RBE, aunque desapareció en el año 2012, siguen teniendo derecho a percibirla todos aquellos jóvenes que tuvieran el derecho reconocido o que la hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 años de edad o la hayan disfrutado durante cuatro años.
Una subida en el precio cuando se es mileurista o se encuentra en salarios más bajos, supone que, al verse afectados por las subidas del mercado de la vivienda, muchos jóvenes tengan que renunciar a emanciparse, volviendo al hogar familiar por la falta de recursos para poder afrontar la emancipación.
Por ello, los PGE deberían apostar por facilitar el acceso a la vivienda pública y dejar de poner trabas a la ya mermada emancipación joven.
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