El pasado 27 de diciembre la Asamblea de Madrid aprobaba, con los votos exclusivamente del PP, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2013, que supondrá, entre otras cosas, la privatización de seis hospitales públicos y del 10% de los centros de salud, afectando a 1,5 millones de madrileños, así como el establecimiento del euro por receta. Mientras los diputados del PP votaban la privatización de la sanidad madrileña, algunos de ellos mientras jugaban con sus móviles a “Apalabrados”, miles de personas volvían a manifestarse en los alrededores de la Asamblea, culminando así la quinta semana de paros protagonizados por médicos, enfermeras y resto de personal sanitario.
El fraude de la sanidad privada y las mentiras del PP
Desde que estalló el conflicto en la sanidad madrileña el Gobierno del PP se ha dedicado a criminalizar a los trabajadores de la sanidad pública, tachándoles de vagos y maleantes, además de desplegar una auténtica campaña de mentiras y tergiversaciones, tratando de vender las bondades de la entrada del sector privado en el ámbito sanitario. Sin embargo, cuando un día tras otro se han conocido análisis y opiniones especializadas a este respecto, todas han sido concluyentes: la sanidad privada resulta más cara que la sanidad pública. Este hecho es tan incuestionable que el propio consejero de Sanidad, Fernández Lasquetty, afirmó en una rueda de prensa no saber cuánto se ahorraría con el plan de privatizaciones, quedando en ridículo.
Una cama en un hospital privado cuesta 1.660 euros al día, mientras que en un hospital público cuesta 955 euros, es decir, un 74% más barata*. Un caso significativo es el de la Fundación Jiménez Díaz, donde el coste de una cama es de 675.000 euros al año, mientras que en un hospital público como el Clínico la cifra es de 338.000. Un estudio de la UGT, comparando hospitales similares, como son la propia Fundación Jiménez Díaz y los hospitales públicos de La Princesa y Puerta de Hierro, tanto desde el punto de vista de la complejidad asistencial como por el número de camas, demuestra la mayor eficacia de estos últimos. El estudio confirma que, a pesar de que los hospitales públicos analizados atienden más urgencias, realizan más operaciones de mayor complejidad, como trasplantes o cirugía cardiaca, tienen más estancias en la UCI o realizan más TAC y resonancias, el dinero asignado a los mismos es inferior al que recibe la Fundación Jiménez Díaz, 147 y 227 millones respectivamente frente a los 288 que recibe esta última. El objetivo del Gobierno del PP no es otro que abrir aún más al sector privado el negocio de la sanidad, que se estima en más de 400 millones de euros.
Beneficio privado, un peligro para la salud
El criterio del máximo beneficio es un peligro para la salud de la población. Un ejemplo claro lo encontramos en el hospital Infanta Elena de Valdemoro, uno de los tres hospitales madrileños ya por completo bajo gestión privada. El director de este hospital presionaba a sus médicos, tal y como ha revelado un correo electrónico, a no derivar pacientes a la sanidad pública. Este hospital privado, como la mayoría de los actualmente existentes en Madrid, es de nivel 1, que implica que tiene menos especialidades y que por tanto tratan cuestiones de menor dificultad. Así, las operaciones o tratamientos más complejos deben ser abordados en hospitales de nivel 2, grandes complejos hospitalarios superespecializados, que requieren mayor inversión y atienden a grandes cantidades de población y que, excepto la Fundación Jiménez Díaz, son en su totalidad públicos. En el caso de que un hospital privado deba derivar un paciente a uno público de este tipo, queda obligado a abonar los costes correspondientes. De ahí que el director del hospital de Valdemoro escribiera en dicho correo que hay que tener “en cuenta que todo se cobra a precios oficiales y que nos tenemos que empezar a tomar muy en serio el mantra ‘El dinero sigue al paciente”. De hecho, este tipo de prácticas ya ha sido objeto de numerosas denuncias.
Otro ejemplo del fraude que supone la sanidad privada es el rescate realizado por la Comunidad de Madrid, por valor de dos millones de euros en 2010, de los hospitales privados-concertados que han ido a la quiebra, o el caso del hospital de Collado Villalba cuyo mantenimiento cuesta 900.000 euros al mes a pesar de mantenerse completamente cerrado. Y se atreven estos individuos a hablarnos de modelos de gestión y eficiencia. ¡Es una auténtica vergüenza!
* Según el sindicato CSIT-UP.
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