Miércoles 13 de febrero de 2013, por
Izquierda Anticapitalista-Madrid. Febrero 2013
Los servicios públicos constituyen la infraestructura básica de las sociedades contemporáneas, el soporte material que garantiza la convivencia y las posibilidades de vida buena. Nos resulta ya inimaginable el simple transcurso de nuestra vida sin la presencia de este tipo de servicios básicos (agua, electricidad, sanidad, educación, transporte).
El disfrute de los derechos ciudadanos que hoy tendemos a dar por sentado, y los servicios públicos que los hacen efectivos, no es fruto de ningún tipo de evolución natural de las sociedades y los Estados. Por el contrario, resultan de muy largas y duras luchas protagonizadas durante siglos por aquellos sectores de la población que sufrían la violencia y las exacciones de los poderosos. Con la consecución de la ciudadanía y el acceso a los servicios públicos, no sólo hemos podido dignificar nuestra existencia sino que hemos mejorado sus posibilidades de hacer frente a esa violencia cotidiana.
Pero estas conquistas distan de ser admitidas pacíficamente por los grupos dominantes. En su actual fase de globalización el capitalismo, tras haber colonizado la práctica totalidad de la vida social (con su dinámica de obtención de beneficios y acumulación de capital), trata de mercantilizar también los patrimonios, bienes y servicios públicos. Con la colaboración o la pasividad de la mayoría de los Estados, pretende convertir lo que eran derechos de todas y todos en mercancías de las que podrán disfrutar sólo quienes acrediten suficiente capacidad de compra.
A medida que se van pinchando las sucesivas burbujas en que se ha basado su crecimiento durante los últimos lustros, el capitalismo vuelve sus ojos a la existencia de una demanda segura constituida por los servicios públicos. Intenta construir, sobre estos espacios de derechos, prósperos mercados de servicios (basándose en la seguridad que proporciona la inelasticidad de estas demandas: nadie puede renunciar al agua potable ni al cuidado de la salud). El Estado del Bienestar, así, habrá desempeñado un papel de “inversión en demanda” para el capitalismo neoliberal.
Desde que llegó al gobierno, el PP ha dedicado buena parte de sus esfuerzos, en el marco de una brutal ofensiva contra los derechos de la población trabajadora, a una continua y sistemática labor de ataque contra los servicios públicos esenciales. Los cuales, con todas sus imperfecciones, constituyen unas condiciones mínimas de existencia para los de abajo –y aún más en las condiciones de creciente desigualdad dentro del Reino de España.
El envite alcanza dimensiones civilizatorias. Es toda una forma de concebir las relaciones sociales, basada en la sumisión al poder del dinero y a la supuesta sabiduría sistémica encarnada en los mercados financieros, la que se pretende imponer a las poblaciones sometidas a los Estados antes llamados del Bienestar (cuando tal condición era funcional al incremento permanente de la tasa de ganancia de las economías capitalistas), y ahora cada vez más endurecidos como Estados disciplinarios.
La ofensiva no ha empezado en 2012 y ni siquiera ha sido privativa del PP. Siempre con la coartada de Bruselas, también los gobiernos del PSOE han participado en la misma, contribuyendo a asentar un “sentido común” para el que la gestión pública parece equivalente al despilfarro y la ineficiencia. Pero hay que reconocer que en esa labor ha jugado un papel de vanguardia el gobierno de la Comunidad de Madrid, controlado desde hace años por el sector más duro del PP, aquel que tiene al Tea Party estadounidense como referente y en el que los jóvenes naziliberales hacen sus pinitos antes de incorporarse a más altos destinos.
En la sanidad pública los diferentes gobiernos estatales habidos en nuestro país han ido recorriendo este camino desde hace años, desde la promulgación de la Ley 15/1997 que abría de manera franca la puerta a la privatización del Sistema Nacional de Salud, hasta el reciente Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la ruptura del modelo público y de la universalidad y gratuidad de la asistencia sanitaria en el momento de su uso. En la Comunidad de Madrid se ha ido profundizando en esta línea a través de la LOSCAM (Ley de Ordenación Sanitaria de 2001) y del decreto de creación del Área Única de 2010. La política del gobierno del PP se ha dirigido de forma preferente a ampliar el ámbito de la participación privada en la gestión del sistema sanitario madrileño: un bocado apetecido para los grupos empresariales y los grandes inversores ávidos de ganancia sin riesgos ni molestas competencias. En la presente legislatura el gobierno regional, desembarazado de la -por lo demás inocua- presencia del PSOE en el gobierno central, se ha lanzado a tumba abierta en una política que bajo el pomposo nombre de “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público” pretende convertir ese sistema público en el motor de su particular proyecto de recuperación económica, a través de la penetración de las multinacionales y a costa de los derechos de la población madrileña y de los derechos de las y los trabajadores sanitarios. Su ejecución supondría el banderazo de salida para la descapitalización y la privatización completas del sistema público, desde los hospitales tradicionales a los centros de salud, además del despido de una parte considerable del personal sanitario y la pérdida de la calidad y accesibilidad a la asistencia sanitaria para los y las ciudadanas.
La ofensiva contra la enseñanza pública –un sector estratégico para el poder a causa de su especial capacidad para moldear a la población y crear hegemonía ideológica— viene también de lejos. Por una parte, se trata de una fuente de ganancia más que puede encauzarse hacia sus empresas cercanas. Así, ya hace ocho años comenzaron con la parte más débil, la educación infantil, creando guarderías con nulo valor educativo (almacenamiento de niños) pero generadoras de fuertes beneficios económicos. Continuaron con los conciertos educativos: cada vez a más centros, dando suelo público, detrayendo el dinero de la escuela pública para que, después de una fuerte campaña de descrédito, fuese decayendo hasta convertirse en subsidiaria de la privada o concertada: una escuela para pobres, para emigrantes, para alumn@s con dificultades…
Pero no podemos obviar otra parte tan problemática o más que el convertir a la escuela pública en un mero recurso asistencial. Hubo que pagar el apoyo de la Iglesia Católica a sus políticas, y así se sometió a familias y alumn@s a unas propuestas religiosas cada vez más radicales. Se ceden suelo a confesiones “neocón” para que construyan sus propios colegios, dándoles el concierto incluso antes de estar construidos y facilitando que en esas zonas de nuevos desarrollos inmobiliarios no se creen centros públicos (o sólo alguno especialmente pequeño para poder convertirlo en el guetto de la zona). Así se ha colonizado (o “cristianizado…” según ellos): el ensanche de Vallecas, Las Tablas, el ensanche de Alcalá de Henares… Comunión y Liberación (grupo religioso al que pertenece la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar) ha sido uno de los agraciados, junto con el Opus Dei… Y por si esto no hubiera sido ya bastante, ahora se intenta desarrollar una nueva “Ley Wert” que favorece de forma fulminante a esta clase de escuela religiosa y que blinda enteramente el concierto en colegios de corte tan reaccionario como nuevas confesiones que separan los sexos.
Así, familias, alumnos, alumnas, profesoras y profesores se enfrentan a una disyuntiva terrible: enseñanza pública sin medios, con dificultades económicas, con problemas serios de personal… o una enseñanza adoctrinadora que busca formar súbditos creyentes, sumisos, competitivos, trabajadores/ consumidores que les sirvan como mano de obra barata, sin derechos, sin protesta, con cristiana resignación frente a los poderes superiores que quieren representar. Tal educación se aleja absolutamente de la igualdad de oportunidades, la necesaria equidad, la crítica constructiva, el trabajo solidario, el pensamiento científico, la capacidad crítica… En fin, en apenas ocho años un retroceso de más de medio siglo.
Además de las doctrinas reaccionarias de la jerarquía católica y sus fuerzas auxiliares, esta ofensiva tiene en su origen estrategias de la OCDE y la OMC, con una clase de análisis que puede rastrearse en las publicaciones de FAES. Análisis según el cual la enseñanza pública constituiría un obstáculo objetivo a la modernización del sistema, entendida tal modernización como adecuación absoluta a los perfiles laborales demandados por los sectores económicos dominantes y de futuro y a los de los futuros consumidores; todo ello en el marco del proyecto de renovación de la sociedad madrileña y española según los valores del capitalismo más despiadado. La remoción de este obstáculo permitiría, además, depurar una población laboral con un alto índice de sindicalización y una clara orientación de sus preferencias políticas hacia la izquierda. Al servicio de dichos objetivos, el gobierno regional del PP ha impuesto una congelación de vacantes destinada a envejecer lo más posible la plantilla actual, junto con la imposición de más obligaciones laborales (algunas de ellas claramente disparatadas), y todo ello orientado a degradar de forma acelerada la calidad de la enseñanza como condición necesaria para el paso a su privatización.
En 2001, la LOU (Ley Orgánica de Universidades) del PP ya impulsó la privatización y mercantilización de la universidad pública. En 2008-2010, pese a la resistencia en diversas universidades del Reino de España contra la implantación del “Plan Bolonia”, éste fue avanzando. Con el Real Decreto-Ley 14/ 2012 (aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2012) se dan pasos decisivos hacia una universidad sometida a los imperativos de valorización del capital. Aunque este decreto haya sido publicado en el BOE, se trata de una norma injusta, ilegítima y elaborada de forma antidemocrática. Pese a que se escuda bajo el eufemismo de “racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, se trata en realidad de un cambio de modelo educativo, tan dañino para la enseñanza pública en todos sus niveles que tiende a hacernos retroceder en el tiempo medio siglo. Si se aplica sin trabas y se desarrolla expulsará a las capas populares de la educación superior, abrirá ésta al capital financiero, degradará la calidad de la educación en todos sus niveles y someterá el sistema educativo a los intereses el sector privado (en línea con la “estrategia Universidad 2015”). En la Comunidad de Madrid, el estrangulamiento presupuestario de las universidades públicas está provocando un palpable deterioro.
En el sector de los transportes públicos los gobiernos regional y municipal de Madrid, que disponen de una excelente infraestructura soportada en buena medida con el endeudamiento a medio y largo plazo de los contribuyentes madrileños, han creído llegado el momento de aligerar lo que consideran excesiva carga de costes salariales de las empresas públicas de transporte, Metro y EMT, y se disponen a llevar a cabo un ERE con o sin el consenso de los sindicatos mayoritarios, bastante debilitados y desprestigiados desde hace años en el sector. Todo esto acompañado de un creciente deterioro en la calidad y seguridad del servicio que ya estamos sufriendo las y los usuarios, por efecto de una paulatina reducción en las dotaciones para mantenimiento y conservación.
El Canal de Isabel II es una empresa pública para el suministro de agua a los municipios de la región madrileña con resultados positivos desde hace muchos años y sin aparentes problemas de financiación para el futuro, teniendo en cuenta que dispone de un “mercado cautivo” de 177 municipios, que sus activos se encuentran en un proceso de amortización sostenible con los recursos generados y que el índice de morosidad (usuarios que dejan de pagar) es muy bajo. A pesar de todo ello, el gobierno regional anunció en 2008 su intención de dar entrada a inversores privados en el capital social de la empresa como forma de asegurar la financiación necesaria para la extensión de los servicios de la misma derivados de las exigencias de reutilización de las aguas residuales y los otros imperativos establecidos por la Directiva Marco del Agua. Al respecto debe señalarse que este gobierno regional ha rechazado convenir con la Administración General del Estado, como han hecho el resto de las CC.AA., con el fin de recibir el apoyo estatal y de la UE para la financiación de las depuradoras exigidas por la normativa comunitaria. Hasta la fecha la operación de entrada de capital privado no ha tenido éxito, pero entretanto el gobierno regional ha conseguido atar a los municipios mediante convenio al llamado “nuevo modelo de gestión” (que no es otra cosa que la privatización del Canal y el compromiso de los Ayuntamientos para vender una parte de sus acciones a los socios privados). Finalmente, el Gobierno del PP tiene un objetivo claro para las Administraciones públicas (General del Estado, Autonómica y local): bajo las pretensiones de “racionalización y modernización” lo que hay es la aplicación de las políticas neoliberales a las mismas. Se trata de reducir la Administración pública a su mínima expresión, desprovista de recursos y de personal, y todo ello con una intención soterrada de “recentralización del Estado” (esto es, desandar el camino de la descentralización autonómica). No se reserva mejor suerte para el sector público estatal (IBERIA, AENA, Correos, FMYT, NAVANTIA….) que se pretende desmembrar, privatizando los sectores rentables con el objeto de obtener ingresos y ceder a los grandes capitales porciones del patrimonio público subsistente.
Este breve repaso a las principales políticas privatizadoras del gobierno del PP sólo tiene por objeto ilustrar los objetivos esenciales de sus políticas, las herramientas de que se vale para impulsarlas y los efectos buscados con ellas. Como decíamos al principio, nos encontramos con un gobierno en la vanguardia de la ofensiva reaccionaria de la derecha y el capital financiero contra los derechos ciudadanos y las instituciones en los que se encarnan estos derechos, fundamentalmente los servicios públicos analizados, en una perspectiva cada vez más clara de dejar en el olvido el pacto social en que se ha apoyado el consenso en torno al régimen político vigente desde 1978.
Contra esta ofensiva se han levantado movilizaciones sectoriales auto-organizadas en algunos casos, como el de la educación y la sanidad, apoyadas por las y los usuarios, así como por la ciudadanía en general que ha visto peligrar condiciones esenciales de vida que creía amparadas por el ordenamiento constitucional. No obstante su amplitud y, en algunos casos su combatividad, aún no se percibe en estas movilizaciones una clara orientación contra la política general de los gobiernos regional y estatal del PP. Iniciativas como la convocatoria de la marea ciudadana para el próximo 23 de febrero podrían ser un buen punto de partida para superar esta deficiencia, si se consigue que los movimientos sectoriales que participan en ella coordinen efectivamente sus acciones e incorporen a los sindicatos de trabajadores a las mismas, especialmente a UGT y CCOO, absolutamente paralizados desde la huelga general del pasado 14 de noviembre.
Pero es preciso además dotar a las mismas de un contenido explícito de ruptura con el consenso del 78, en abierta crisis de legitimidad tras su reconstitucionalización neoliberal y autoritaria -que ha culminado, por ahora, en la reforma del artículo 135 para imponer la “regla de oro” del pago de una deuda ilegítima- y la salida a la luz de una corrupción sistémica que afecta a pilares fundamentales del mismo. Han sido los partidos del Régimen –PSOE y PP sobre todo— los que han ido convirtiendo los derechos sociales reconocidos en la Constitución formalmente vigente en papel mojado. No basta con la derogación de las múltiples leyes ilegítimas e infames promulgadas desde la llegada del PP al Gobierno (como la de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, la LOMCE de Wert, la de la reforma laboral, etc). Se trata de dirigir esta energía colectiva contra las instituciones del Régimen político en las que una parte de la ciudadanía todavía confía para detener las brutales agresiones de los gobiernos del PP y promover unos servicios públicos de calidad y gestionados democráticamente. En el desenmascaramiento de estas instituciones un papel esencial corresponde a los partidos de la izquierda y a los sindicatos, que deberían ser los primeros en denunciar de forma decidida las políticas del PP, así como la función neutralizadora y legitimadora que para las mismas desempeñan las instituciones del Régimen, la Corona en primer lugar.
Los y las anticapitalistas nos sentimos comprometidos con esa orientación como tarea fundamental de nuestro quehacer colectivo y la vamos a defender, en la medida de nuestras fuerzas, en todos los movimientos donde participamos. Contra quienes quieren cambiar la educación por “formación de capital humano”; contra quienes llaman “externalizaciones” a privatizar la sanidad pública; contra quienes imponen un sistema de tasas judiciales que acaba con la igualdad de las ciudadanas y los ciudadanos ante la ley; contra quienes socavan esa base irremplazable de la convivencia democrática que son los servicios públicos de calidad gestionados de manera participativa, contra esa minoría que representa los intereses de la plutocracia estamos las y los anticapitalistas.
LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN
Los servicios públicos constituyen la infraestructura básica de las sociedades contemporáneas, el soporte material que garantiza la convivencia y las posibilidades de vida buena. Nos resulta ya inimaginable el simple transcurso de nuestra vida sin la presencia de este tipo de servicios básicos (agua, electricidad, sanidad, educación, transporte).
El disfrute de los derechos ciudadanos que hoy tendemos a dar por sentado, y los servicios públicos que los hacen efectivos, no es fruto de ningún tipo de evolución natural de las sociedades y los Estados. Por el contrario, resultan de muy largas y duras luchas protagonizadas durante siglos por aquellos sectores de la población que sufrían la violencia y las exacciones de los poderosos. Con la consecución de la ciudadanía y el acceso a los servicios públicos, no sólo hemos podido dignificar nuestra existencia sino que hemos mejorado sus posibilidades de hacer frente a esa violencia cotidiana.
Pero estas conquistas distan de ser admitidas pacíficamente por los grupos dominantes. En su actual fase de globalización el capitalismo, tras haber colonizado la práctica totalidad de la vida social (con su dinámica de obtención de beneficios y acumulación de capital), trata de mercantilizar también los patrimonios, bienes y servicios públicos. Con la colaboración o la pasividad de la mayoría de los Estados, pretende convertir lo que eran derechos de todas y todos en mercancías de las que podrán disfrutar sólo quienes acrediten suficiente capacidad de compra.
A medida que se van pinchando las sucesivas burbujas en que se ha basado su crecimiento durante los últimos lustros, el capitalismo vuelve sus ojos a la existencia de una demanda segura constituida por los servicios públicos. Intenta construir, sobre estos espacios de derechos, prósperos mercados de servicios (basándose en la seguridad que proporciona la inelasticidad de estas demandas: nadie puede renunciar al agua potable ni al cuidado de la salud). El Estado del Bienestar, así, habrá desempeñado un papel de “inversión en demanda” para el capitalismo neoliberal.
Desde que llegó al gobierno, el PP ha dedicado buena parte de sus esfuerzos, en el marco de una brutal ofensiva contra los derechos de la población trabajadora, a una continua y sistemática labor de ataque contra los servicios públicos esenciales. Los cuales, con todas sus imperfecciones, constituyen unas condiciones mínimas de existencia para los de abajo –y aún más en las condiciones de creciente desigualdad dentro del Reino de España.
El envite alcanza dimensiones civilizatorias. Es toda una forma de concebir las relaciones sociales, basada en la sumisión al poder del dinero y a la supuesta sabiduría sistémica encarnada en los mercados financieros, la que se pretende imponer a las poblaciones sometidas a los Estados antes llamados del Bienestar (cuando tal condición era funcional al incremento permanente de la tasa de ganancia de las economías capitalistas), y ahora cada vez más endurecidos como Estados disciplinarios.
La ofensiva no ha empezado en 2012 y ni siquiera ha sido privativa del PP. Siempre con la coartada de Bruselas, también los gobiernos del PSOE han participado en la misma, contribuyendo a asentar un “sentido común” para el que la gestión pública parece equivalente al despilfarro y la ineficiencia. Pero hay que reconocer que en esa labor ha jugado un papel de vanguardia el gobierno de la Comunidad de Madrid, controlado desde hace años por el sector más duro del PP, aquel que tiene al Tea Party estadounidense como referente y en el que los jóvenes naziliberales hacen sus pinitos antes de incorporarse a más altos destinos.
En la sanidad pública los diferentes gobiernos estatales habidos en nuestro país han ido recorriendo este camino desde hace años, desde la promulgación de la Ley 15/1997 que abría de manera franca la puerta a la privatización del Sistema Nacional de Salud, hasta el reciente Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la ruptura del modelo público y de la universalidad y gratuidad de la asistencia sanitaria en el momento de su uso. En la Comunidad de Madrid se ha ido profundizando en esta línea a través de la LOSCAM (Ley de Ordenación Sanitaria de 2001) y del decreto de creación del Área Única de 2010. La política del gobierno del PP se ha dirigido de forma preferente a ampliar el ámbito de la participación privada en la gestión del sistema sanitario madrileño: un bocado apetecido para los grupos empresariales y los grandes inversores ávidos de ganancia sin riesgos ni molestas competencias. En la presente legislatura el gobierno regional, desembarazado de la -por lo demás inocua- presencia del PSOE en el gobierno central, se ha lanzado a tumba abierta en una política que bajo el pomposo nombre de “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público” pretende convertir ese sistema público en el motor de su particular proyecto de recuperación económica, a través de la penetración de las multinacionales y a costa de los derechos de la población madrileña y de los derechos de las y los trabajadores sanitarios. Su ejecución supondría el banderazo de salida para la descapitalización y la privatización completas del sistema público, desde los hospitales tradicionales a los centros de salud, además del despido de una parte considerable del personal sanitario y la pérdida de la calidad y accesibilidad a la asistencia sanitaria para los y las ciudadanas.
La ofensiva contra la enseñanza pública –un sector estratégico para el poder a causa de su especial capacidad para moldear a la población y crear hegemonía ideológica— viene también de lejos. Por una parte, se trata de una fuente de ganancia más que puede encauzarse hacia sus empresas cercanas. Así, ya hace ocho años comenzaron con la parte más débil, la educación infantil, creando guarderías con nulo valor educativo (almacenamiento de niños) pero generadoras de fuertes beneficios económicos. Continuaron con los conciertos educativos: cada vez a más centros, dando suelo público, detrayendo el dinero de la escuela pública para que, después de una fuerte campaña de descrédito, fuese decayendo hasta convertirse en subsidiaria de la privada o concertada: una escuela para pobres, para emigrantes, para alumn@s con dificultades…
Pero no podemos obviar otra parte tan problemática o más que el convertir a la escuela pública en un mero recurso asistencial. Hubo que pagar el apoyo de la Iglesia Católica a sus políticas, y así se sometió a familias y alumn@s a unas propuestas religiosas cada vez más radicales. Se ceden suelo a confesiones “neocón” para que construyan sus propios colegios, dándoles el concierto incluso antes de estar construidos y facilitando que en esas zonas de nuevos desarrollos inmobiliarios no se creen centros públicos (o sólo alguno especialmente pequeño para poder convertirlo en el guetto de la zona). Así se ha colonizado (o “cristianizado…” según ellos): el ensanche de Vallecas, Las Tablas, el ensanche de Alcalá de Henares… Comunión y Liberación (grupo religioso al que pertenece la Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar) ha sido uno de los agraciados, junto con el Opus Dei… Y por si esto no hubiera sido ya bastante, ahora se intenta desarrollar una nueva “Ley Wert” que favorece de forma fulminante a esta clase de escuela religiosa y que blinda enteramente el concierto en colegios de corte tan reaccionario como nuevas confesiones que separan los sexos.
Así, familias, alumnos, alumnas, profesoras y profesores se enfrentan a una disyuntiva terrible: enseñanza pública sin medios, con dificultades económicas, con problemas serios de personal… o una enseñanza adoctrinadora que busca formar súbditos creyentes, sumisos, competitivos, trabajadores/ consumidores que les sirvan como mano de obra barata, sin derechos, sin protesta, con cristiana resignación frente a los poderes superiores que quieren representar. Tal educación se aleja absolutamente de la igualdad de oportunidades, la necesaria equidad, la crítica constructiva, el trabajo solidario, el pensamiento científico, la capacidad crítica… En fin, en apenas ocho años un retroceso de más de medio siglo.
Además de las doctrinas reaccionarias de la jerarquía católica y sus fuerzas auxiliares, esta ofensiva tiene en su origen estrategias de la OCDE y la OMC, con una clase de análisis que puede rastrearse en las publicaciones de FAES. Análisis según el cual la enseñanza pública constituiría un obstáculo objetivo a la modernización del sistema, entendida tal modernización como adecuación absoluta a los perfiles laborales demandados por los sectores económicos dominantes y de futuro y a los de los futuros consumidores; todo ello en el marco del proyecto de renovación de la sociedad madrileña y española según los valores del capitalismo más despiadado. La remoción de este obstáculo permitiría, además, depurar una población laboral con un alto índice de sindicalización y una clara orientación de sus preferencias políticas hacia la izquierda. Al servicio de dichos objetivos, el gobierno regional del PP ha impuesto una congelación de vacantes destinada a envejecer lo más posible la plantilla actual, junto con la imposición de más obligaciones laborales (algunas de ellas claramente disparatadas), y todo ello orientado a degradar de forma acelerada la calidad de la enseñanza como condición necesaria para el paso a su privatización.
En 2001, la LOU (Ley Orgánica de Universidades) del PP ya impulsó la privatización y mercantilización de la universidad pública. En 2008-2010, pese a la resistencia en diversas universidades del Reino de España contra la implantación del “Plan Bolonia”, éste fue avanzando. Con el Real Decreto-Ley 14/ 2012 (aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2012) se dan pasos decisivos hacia una universidad sometida a los imperativos de valorización del capital. Aunque este decreto haya sido publicado en el BOE, se trata de una norma injusta, ilegítima y elaborada de forma antidemocrática. Pese a que se escuda bajo el eufemismo de “racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, se trata en realidad de un cambio de modelo educativo, tan dañino para la enseñanza pública en todos sus niveles que tiende a hacernos retroceder en el tiempo medio siglo. Si se aplica sin trabas y se desarrolla expulsará a las capas populares de la educación superior, abrirá ésta al capital financiero, degradará la calidad de la educación en todos sus niveles y someterá el sistema educativo a los intereses el sector privado (en línea con la “estrategia Universidad 2015”). En la Comunidad de Madrid, el estrangulamiento presupuestario de las universidades públicas está provocando un palpable deterioro.
En el sector de los transportes públicos los gobiernos regional y municipal de Madrid, que disponen de una excelente infraestructura soportada en buena medida con el endeudamiento a medio y largo plazo de los contribuyentes madrileños, han creído llegado el momento de aligerar lo que consideran excesiva carga de costes salariales de las empresas públicas de transporte, Metro y EMT, y se disponen a llevar a cabo un ERE con o sin el consenso de los sindicatos mayoritarios, bastante debilitados y desprestigiados desde hace años en el sector. Todo esto acompañado de un creciente deterioro en la calidad y seguridad del servicio que ya estamos sufriendo las y los usuarios, por efecto de una paulatina reducción en las dotaciones para mantenimiento y conservación.
El Canal de Isabel II es una empresa pública para el suministro de agua a los municipios de la región madrileña con resultados positivos desde hace muchos años y sin aparentes problemas de financiación para el futuro, teniendo en cuenta que dispone de un “mercado cautivo” de 177 municipios, que sus activos se encuentran en un proceso de amortización sostenible con los recursos generados y que el índice de morosidad (usuarios que dejan de pagar) es muy bajo. A pesar de todo ello, el gobierno regional anunció en 2008 su intención de dar entrada a inversores privados en el capital social de la empresa como forma de asegurar la financiación necesaria para la extensión de los servicios de la misma derivados de las exigencias de reutilización de las aguas residuales y los otros imperativos establecidos por la Directiva Marco del Agua. Al respecto debe señalarse que este gobierno regional ha rechazado convenir con la Administración General del Estado, como han hecho el resto de las CC.AA., con el fin de recibir el apoyo estatal y de la UE para la financiación de las depuradoras exigidas por la normativa comunitaria. Hasta la fecha la operación de entrada de capital privado no ha tenido éxito, pero entretanto el gobierno regional ha conseguido atar a los municipios mediante convenio al llamado “nuevo modelo de gestión” (que no es otra cosa que la privatización del Canal y el compromiso de los Ayuntamientos para vender una parte de sus acciones a los socios privados). Finalmente, el Gobierno del PP tiene un objetivo claro para las Administraciones públicas (General del Estado, Autonómica y local): bajo las pretensiones de “racionalización y modernización” lo que hay es la aplicación de las políticas neoliberales a las mismas. Se trata de reducir la Administración pública a su mínima expresión, desprovista de recursos y de personal, y todo ello con una intención soterrada de “recentralización del Estado” (esto es, desandar el camino de la descentralización autonómica). No se reserva mejor suerte para el sector público estatal (IBERIA, AENA, Correos, FMYT, NAVANTIA….) que se pretende desmembrar, privatizando los sectores rentables con el objeto de obtener ingresos y ceder a los grandes capitales porciones del patrimonio público subsistente.
Este breve repaso a las principales políticas privatizadoras del gobierno del PP sólo tiene por objeto ilustrar los objetivos esenciales de sus políticas, las herramientas de que se vale para impulsarlas y los efectos buscados con ellas. Como decíamos al principio, nos encontramos con un gobierno en la vanguardia de la ofensiva reaccionaria de la derecha y el capital financiero contra los derechos ciudadanos y las instituciones en los que se encarnan estos derechos, fundamentalmente los servicios públicos analizados, en una perspectiva cada vez más clara de dejar en el olvido el pacto social en que se ha apoyado el consenso en torno al régimen político vigente desde 1978.
Contra esta ofensiva se han levantado movilizaciones sectoriales auto-organizadas en algunos casos, como el de la educación y la sanidad, apoyadas por las y los usuarios, así como por la ciudadanía en general que ha visto peligrar condiciones esenciales de vida que creía amparadas por el ordenamiento constitucional. No obstante su amplitud y, en algunos casos su combatividad, aún no se percibe en estas movilizaciones una clara orientación contra la política general de los gobiernos regional y estatal del PP. Iniciativas como la convocatoria de la marea ciudadana para el próximo 23 de febrero podrían ser un buen punto de partida para superar esta deficiencia, si se consigue que los movimientos sectoriales que participan en ella coordinen efectivamente sus acciones e incorporen a los sindicatos de trabajadores a las mismas, especialmente a UGT y CCOO, absolutamente paralizados desde la huelga general del pasado 14 de noviembre.
Pero es preciso además dotar a las mismas de un contenido explícito de ruptura con el consenso del 78, en abierta crisis de legitimidad tras su reconstitucionalización neoliberal y autoritaria -que ha culminado, por ahora, en la reforma del artículo 135 para imponer la “regla de oro” del pago de una deuda ilegítima- y la salida a la luz de una corrupción sistémica que afecta a pilares fundamentales del mismo. Han sido los partidos del Régimen –PSOE y PP sobre todo— los que han ido convirtiendo los derechos sociales reconocidos en la Constitución formalmente vigente en papel mojado. No basta con la derogación de las múltiples leyes ilegítimas e infames promulgadas desde la llegada del PP al Gobierno (como la de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, la LOMCE de Wert, la de la reforma laboral, etc). Se trata de dirigir esta energía colectiva contra las instituciones del Régimen político en las que una parte de la ciudadanía todavía confía para detener las brutales agresiones de los gobiernos del PP y promover unos servicios públicos de calidad y gestionados democráticamente. En el desenmascaramiento de estas instituciones un papel esencial corresponde a los partidos de la izquierda y a los sindicatos, que deberían ser los primeros en denunciar de forma decidida las políticas del PP, así como la función neutralizadora y legitimadora que para las mismas desempeñan las instituciones del Régimen, la Corona en primer lugar.
Los y las anticapitalistas nos sentimos comprometidos con esa orientación como tarea fundamental de nuestro quehacer colectivo y la vamos a defender, en la medida de nuestras fuerzas, en todos los movimientos donde participamos. Contra quienes quieren cambiar la educación por “formación de capital humano”; contra quienes llaman “externalizaciones” a privatizar la sanidad pública; contra quienes imponen un sistema de tasas judiciales que acaba con la igualdad de las ciudadanas y los ciudadanos ante la ley; contra quienes socavan esa base irremplazable de la convivencia democrática que son los servicios públicos de calidad gestionados de manera participativa, contra esa minoría que representa los intereses de la plutocracia estamos las y los anticapitalistas.
LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN
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