de maría tardón
Escribía hace poco en este mismo sitio sobre la fobia que parecíamos
despertar los funcionarios públicos en algunos destacados representantes
políticos, empresariales y financieros.
Siento, por ello, tener que volver sobre el tema. Pero, aun a riesgo de
parecer pesada, creo que los últimos acontecimientos hacen que quienes
desempeñamos una función pública no tengamos más remedio que salir al paso de
tanto ataque, de tanta descalificación y de tanta injusticia.
Y decir, aunque sea por enésima vez, que la estabilidad en el empleo de los
funcionarios no es un privilegio para ellos, sino una garantía de toda la
sociedad. Porque sirve para preservar la neutralidad ideológica de la
administración y los servicios públicos frente a los avatares de los cambios de
gobierno, y su instrumentalización por quien, en cada momento, pueda
detentar el poder político.
Que, además, y en cuanto oportunidad de empleo, está abierta absolutamente
a todos los españoles, con arreglo a estrictos principios de igualdad de
participación, y selección por mérito y capacidad, demostrados a través de las
pruebas que en cada caso correspondan.
Y que, una vez que, tras muchos años de sacrificio, ha obtenido su plaza,
lo normal es que el funcionario público se deje la piel intentando desempeñar
el destino que le toque, con todo el ánimo y la ilusión de quien ha decidido
dedicar su vida al servicio público. No a vaguear, o tomando
"cafelitos", como decía, hace poco, el Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, seguramente con una intención bien premeditada.
Porque, a continuación, se ha desatado toda una carrera de
descalificaciones, especialmente, por parte de los distintos
"voceros" replicantes que menudean por tertulias y magacines, tras
las cuales, se reducen los sueldos, se suprimen pagas y permisos y se aumenta
el horario laboral de los funcionarios públicos.
Es decir que, primero, se insulta, se encizaña, se indispone a la opinión
pública contra los funcionarios, para generar un clima adverso y hostil contra
ellos. Y, a continuación, ya se dispone de coartada para aplicarles unos
recortes en derechos económicos y sociales, yo creo que, en buena medida,
claramente inconstitucionales.
Y que a mí me parece que responde al mismo criterio que cuando se dice que
se sube el IVA, porque no todo el mundo paga lo que debería. O que se
reducen las prestaciones por desempleo, para "incentivar" que los
parados busquen trabajo.
Que, sin embargo, y sorprendentemente, no generan el reproche general hacia
quienes así se expresan, desde la responsabilidad, además, de perseguir los
fraudes que se produzcan, o de establecer las condiciones necesarias para
generar empleo. Por el contrario, en muchos casos, da lugar a que se produzca
un cierto enfrentamiento social de reproches cruzados entre los distintos
colectivos de quienes, finalmente, terminan, todos ellos, resultando víctimas,
perjudicados por tales decisiones.
Sería, por ello, fundamental, que nadie se llame a engaño ante tales
manifestaciones, que parecen dirigidas a despertar la visceralidad de unos
trabajadores-ciudadanos-contribuyentes contra otros, para desviar la atención e
intentar justificar decisiones de difícil, cuando no imposible sustento.
Esos funcionarios cuyo rechazo tanto se fomenta, no son esa caricatura de
los manguitos y la gorra de hule que desde esas posturas se sugiere. Son los
médicos y demás sanitarios que, además, tienen que multiplicarse para atender a
cada vez más pacientes, con menos recursos personales. Y lo mismo los
maestros. O los policías, guardias civiles, bomberos, funcionarios de
prisiones, o inspectores de Hacienda que, ante los déficits de plantillas
tienen que asumir, a base de horas extras, que ni siquiera se les retribuyen,
unos servicios cada vez mayores.
¿Y en la Administración de Justicia?. No es posible que quienes así nos
descalifican desconozcan los datos públicos y constatados de la cada vez mayor
y más inabarcable carga de trabajo de jueces, fiscales, secretarios judiciales
y demás funcionarios que, según las estadísticas judiciales, año a año van
incrementando el número de asuntos resueltos.
No puedo entender, por ello que quienes tienen la responsabilidad de
gobernarnos recurran a comportamientos tan inexplicables como lanzar
descalificaciones genéricas a quienes tienen el cometido de garantizar el
funcionamiento de los servicios públicos básicos y esenciales para la sociedad.
Ni siquiera si lo hacen para justificar la reducción de sus
retribuciones económicas hasta extremos que, en muchos casos, van a
comprometer, incluso, el límite de su propia subsistencia y la de sus familias.
Primero, y sobre todo, porque es injusto. Y quienes conocemos, cada uno en
su área, cómo se prestan los servicios públicos en otros países de nuestro
entorno, podemos afirmar que estamos en los mejores niveles del resto de los
países europeos. Y, en segundo lugar, porque, lo único que pueden conseguir con
ello es afectar al propio crédito de España como Nación.
Como para que se fíen de nosotros quienes tienen que prestarnos el dinero
para remontar esta situación de bancarrota en que hoy estamos.
Y claro que hay que reducir gastos en el sector público. Pero lo que ahora
nos recortan a los funcionarios públicos no va a servir para otra cosa que para
ganar algo de tiempo, y taponar sólo alguno de los numerosos agujeros por los
que sí se está produciendo esa sangría pública de recursos que es la que
verdaderamente hay que detener, antes de que acabe con todo un sistema que no
da para más.
Que no es otra cosa que esa megalítica estructura política que han ido
generando en las distintas administraciones públicas, a todos los niveles,
superponiéndolas, normalmente, a la función pública real. No sólo por parte de
los distintos cargos electos estatales autonómicos, locales y europeos,
multiplicados hasta límites tan inverosímiles como innecesarios, sino toda la
cohorte de asesores, consejeros y asistentes personales que cada uno haya
tenido a bien llevarse consigo.
También las miles de empresas públicas sin más función que la de sustraerse
a la aplicación de las normas que tienen que garantizar el control, la
transparencia y la regularidad de toda actuación administrativa. Y que, de
paso, sirven para colocar mucha gente afín, a dedo, cobrando, en su mayor
parte, sueldos muy por encima de la media de los funcionarios del mismo nivel y
ámbito de actuación.
Y podríamos seguir así, enumerando creaciones de este tipo páginas y
páginas: embajadas autonómicas, televisiones públicas, coches oficiales,
etc, etc, etc...Que nos dan idea de que, visto el panorama, ha sido tal la
enormidad del derroche y el descontrol que lo que resulta difícil de entender
es cómo hemos podido llegar hasta aquí, siquiera.
Y mientras no se acabe con toda esa anormal superestructura, ninguno de los
sacrificios aislados de funcionarios, desempleados, pensionistas, ni
contribuyentes va a servir para otra cosa que para irnos deteriorando cada día
un poco más.
De las distintas quejas que un informativo recogía de los funcionarios que
se manifestaban en una ciudad española, me llamó la atención una señora que decía:
"Los derechos que hemos adquirido en veinte años los estamos perdiendo
ahora en dos días"...
Porque es lo mismo que podrían decir muchos millones de españoles,
afectados por otros recortes y otras medidas. No nos equivoquemos, pues,
a la hora de decidir con quién tenemos que enfadarnos.
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