Admiten a trámite en los juzgados de Plaza de Castilla la querella criminal de IU contra Cifuentes por "identificaciones indiscriminadas y las duras sanciones" a manifestantes en Madrid
En el escrito presentado el pasado día 12 por los diputados Ricardo Sixto y Alberto Garzón se detalla la supuesta comisión por parte de la delegada del Gobierno en Madrid de los presuntos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público por vulnerar derechos individuales
El Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid se ha hecho cargo y ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Izquierda Unida contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Esta querella fue registrada por esta formación en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla el pasado día 12, a través de sus diputados en el Congreso Alberto Garzón y Ricardo Sixto.
El escrito de la querella a través de la cual Izquierda Unida ejerce su derecho a la acusación popular imputa a Cifuentes los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales.
Ricardo Sixto y Alberto Garzón reiteran que con esta acción judicial “Izquierda Unida persigue dar respuesta a las identificaciones indiscriminadas y a las duras e injustas sanciones impuestas a varios centenares de personas” que participaron e, incluso, no llegaron a hacerlo, en las protestas convocadas hace un par de meses a través de las redes sociales en las inmediaciones del Congreso.
Sixto afirma que “creo no equivocarme si expreso en estos momentos la satisfacción de nuestra formación ante este primer paso judicial que se ha producido. Esperamos que le sigan otros muchos y que la Justicia pueda arrojar luz suficiente para aclarar una situación que consideramos muy grave. Estamos empeñados acabar con la impunidad con la que, a nivel político y recurriendo de forma inadecuada al poder disuasorio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el PP busca acallar cualquier atisbo de protesta contra las políticas antisociales que lleva imponiendo desde hace un año”.
Para el diputado de IU por Valencia, la respuesta dada a estas protestas evidencia que la política de Interior que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy se centra únicamente en “la vía policial y la multa”, algo que se demostró cuando se buscó acabar así con concentraciones como la del 27 de octubre en la Plaza de España y en las inmediaciones del Congreso donde “miles de ciudadanos se manifestaron de forma pacífica”.
Alberto Garzón recordó durante la presentación de la querella que al día siguiente de esta protesta la propia delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid anunció que la Policía había identificado a cerca de 300 personas. Al igual que Sixto, detalló que “tanto asistentes a esa protesta como ciudadanos que pasaban por ahí fueron identificados”. Con posterioridad, la Delegación del Gobierno les ha notificado la apertura de un expediente sancionador por asistir a una “protesta ilegal” y les reclama sanciones que, en algunos casos, alcanza los 500 euros.
En este sentido, bajo el link ‘Defiéndete’, Izquierda Unida ha puesto en su web www.izquierda-unida.es a disposición de todos los ciudadanos un modelo-tipo de alegaciones para facilitar la posibilidad de que aquellos que hayan sido expedientados puedan responder de manera efectiva a las sanciones que se busca imponerles.
IU considera que la ciudadanía se enfrenta a “una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior encaminada a amedrentarla para que desista de participar en nuevas concentraciones contra los recortes de los gobiernos central y autonómico del PP, así como a las políticas impuestas de restricción de derechos y de privatización de lo público”.
En esta línea, el escrito denuncia la existencia en Madrid de “un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno y sus medidas”.
IU recuerda que no existe ningún precepto legal que justifique que se pueda considerar que una manifestación no comunicada equivale a una “ilegal” y añade que, según lo establecido en el Código Penal, “sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos”.
En la querella se incide en el desarrollo pacífico de las protestas y en el hecho de que “los únicos incidentes dignos de mención se produjeron cuando cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por agentes de la Policía y obligadas a identificarse, bajo la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas”.
IU expone también en su escrito que “este proceder por parte de agentes a las órdenes de la querellada, consistente en filiar de forma masiva y obligar a desvelar su identidad a los ciudadanos que se manifiestan, se está convirtiendo en habitual y continuado desde que la Sra. Cifuentes tomó posesión de su cargo.”
Para la parte querellante, “la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro entre ciudadanos”.
La querella recuerda también que el secretario general del Sindicato de Policía SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró públicamente el pasado 17 de noviembre que “con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas”.
El escrito de la querella a través de la cual Izquierda Unida ejerce su derecho a la acusación popular imputa a Cifuentes los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales.
Ricardo Sixto y Alberto Garzón reiteran que con esta acción judicial “Izquierda Unida persigue dar respuesta a las identificaciones indiscriminadas y a las duras e injustas sanciones impuestas a varios centenares de personas” que participaron e, incluso, no llegaron a hacerlo, en las protestas convocadas hace un par de meses a través de las redes sociales en las inmediaciones del Congreso.
Sixto afirma que “creo no equivocarme si expreso en estos momentos la satisfacción de nuestra formación ante este primer paso judicial que se ha producido. Esperamos que le sigan otros muchos y que la Justicia pueda arrojar luz suficiente para aclarar una situación que consideramos muy grave. Estamos empeñados acabar con la impunidad con la que, a nivel político y recurriendo de forma inadecuada al poder disuasorio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el PP busca acallar cualquier atisbo de protesta contra las políticas antisociales que lleva imponiendo desde hace un año”.
Para el diputado de IU por Valencia, la respuesta dada a estas protestas evidencia que la política de Interior que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy se centra únicamente en “la vía policial y la multa”, algo que se demostró cuando se buscó acabar así con concentraciones como la del 27 de octubre en la Plaza de España y en las inmediaciones del Congreso donde “miles de ciudadanos se manifestaron de forma pacífica”.
Alberto Garzón recordó durante la presentación de la querella que al día siguiente de esta protesta la propia delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid anunció que la Policía había identificado a cerca de 300 personas. Al igual que Sixto, detalló que “tanto asistentes a esa protesta como ciudadanos que pasaban por ahí fueron identificados”. Con posterioridad, la Delegación del Gobierno les ha notificado la apertura de un expediente sancionador por asistir a una “protesta ilegal” y les reclama sanciones que, en algunos casos, alcanza los 500 euros.
En este sentido, bajo el link ‘Defiéndete’, Izquierda Unida ha puesto en su web www.izquierda-unida.es a disposición de todos los ciudadanos un modelo-tipo de alegaciones para facilitar la posibilidad de que aquellos que hayan sido expedientados puedan responder de manera efectiva a las sanciones que se busca imponerles.
IU considera que la ciudadanía se enfrenta a “una estrategia deliberada por parte del Ministerio del Interior encaminada a amedrentarla para que desista de participar en nuevas concentraciones contra los recortes de los gobiernos central y autonómico del PP, así como a las políticas impuestas de restricción de derechos y de privatización de lo público”.
En esta línea, el escrito denuncia la existencia en Madrid de “un plan previamente diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el Gobierno y sus medidas”.
IU recuerda que no existe ningún precepto legal que justifique que se pueda considerar que una manifestación no comunicada equivale a una “ilegal” y añade que, según lo establecido en el Código Penal, “sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o peligrosos”.
En la querella se incide en el desarrollo pacífico de las protestas y en el hecho de que “los únicos incidentes dignos de mención se produjeron cuando cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por agentes de la Policía y obligadas a identificarse, bajo la amenaza de que de no hacerlo serían detenidas”.
IU expone también en su escrito que “este proceder por parte de agentes a las órdenes de la querellada, consistente en filiar de forma masiva y obligar a desvelar su identidad a los ciudadanos que se manifiestan, se está convirtiendo en habitual y continuado desde que la Sra. Cifuentes tomó posesión de su cargo.”
Para la parte querellante, “la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro entre ciudadanos”.
La querella recuerda también que el secretario general del Sindicato de Policía SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró públicamente el pasado 17 de noviembre que “con ocasión de la celebración de una manifestación por la defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas”.
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