El pasado 17 de diciembre el gobierno argentino logró el visto bueno de los jueces para aplicar la Ley de Medios y poder actuar contra el poder dominante que tiene el grupo Clarín en el panorama informativo del país. La ley, que sustituye a la anterior normativa instaurada por la última dictadura militar, fue aprobada el año 2009 con el objetivo de acabar con la concentración empresarial de medios que mantiene la información en manos de unos pocos impidiendo una adecuada pluralidad y democratización de la comunicación en Argentina, pero hasta ahora Clarín logró evitar su aplicación.
Como era de esperar, todos los poderosos grupos mediáticos internacionales han criticado duramente al gobierno de Cristina Fernández por esta legislación, y lo han acusado de atentar contra la libertad de expresión. Pero la ley argentina no plantea ninguna limitación a los contenidos, sino al acaparamiento de licencias. Prevé que una persona o empresa no pueda poseer más de 24 sistemas televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión (radio FM, AM o televisión abierta) y una señal de contenidos (canal de cable). Y el grupo Clarín ostenta 250 licencias, lo que da una idea del nivel de acaparamiento del grupo. Una de sus empresas, Cablevisión, acumula el 58% del servicio por cable del país, cuando la ley de 2009 establece que nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio audiovisual a nivel nacional. Cablevisión suma 257 licencias para operar en diversas ciudades y pueblos, mientras la norma sólo permite contar con un máximo de 24. Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio radioeléctrico, pero Clarín cuenta con 25, incluidos cinco de televisión abierta y 11 de radio que operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que también en este sentido estaría excediendo el límite establecido por la ley.
La norma establece también que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de TV abierta. Clarín viola esta regla en varias ciudades. Tampoco una empresa de televisión por suscripción puede disponer de más de un canal de TV cerrada, y Clarín tiene nueve.
Poder poner en práctica la ley aprobada por los poderes elegidos por los ciudadanos, aunque sea con varios años de retraso, es una victoria del pueblo argentino, y así lo han entendido los medios comunitarios y alternativos latinoamericanos que han convertido su defensa de la legislación en un combate por la democratización de la información.
El acaparamiento de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. A este problema se añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con todos sus intereses económicos y políticos. Todo ello se cuidan mucho de presentarlo, a través de sus cárteles empresariales, como una defensa de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y el atropello del derecho ciudadano a informar y estar informado. Por ello es necesario que surjan gobiernos valientes y dignos que pongan coto a ese atropello.
Como era de esperar, todos los poderosos grupos mediáticos internacionales han criticado duramente al gobierno de Cristina Fernández por esta legislación, y lo han acusado de atentar contra la libertad de expresión. Pero la ley argentina no plantea ninguna limitación a los contenidos, sino al acaparamiento de licencias. Prevé que una persona o empresa no pueda poseer más de 24 sistemas televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión (radio FM, AM o televisión abierta) y una señal de contenidos (canal de cable). Y el grupo Clarín ostenta 250 licencias, lo que da una idea del nivel de acaparamiento del grupo. Una de sus empresas, Cablevisión, acumula el 58% del servicio por cable del país, cuando la ley de 2009 establece que nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio audiovisual a nivel nacional. Cablevisión suma 257 licencias para operar en diversas ciudades y pueblos, mientras la norma sólo permite contar con un máximo de 24. Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio radioeléctrico, pero Clarín cuenta con 25, incluidos cinco de televisión abierta y 11 de radio que operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que también en este sentido estaría excediendo el límite establecido por la ley.
La norma establece también que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de TV abierta. Clarín viola esta regla en varias ciudades. Tampoco una empresa de televisión por suscripción puede disponer de más de un canal de TV cerrada, y Clarín tiene nueve.
Poder poner en práctica la ley aprobada por los poderes elegidos por los ciudadanos, aunque sea con varios años de retraso, es una victoria del pueblo argentino, y así lo han entendido los medios comunitarios y alternativos latinoamericanos que han convertido su defensa de la legislación en un combate por la democratización de la información.
El acaparamiento de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. A este problema se añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con todos sus intereses económicos y políticos. Todo ello se cuidan mucho de presentarlo, a través de sus cárteles empresariales, como una defensa de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en una coartada para su dominio y el atropello del derecho ciudadano a informar y estar informado. Por ello es necesario que surjan gobiernos valientes y dignos que pongan coto a ese atropello.
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