Tras la retirada de UPyD como acusación popular en el procedimiento contra BANKIA y
sus directivos, en el que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, nos obligaba a
comparecer bajo la dirección letrada y representación del referido partido político,
finalmente se ha aceptado que la Confederación General del Trabajo (CGT) pueda
actuar como acusación popular en esta causa, bajo representación y dirección letrada
propia, que será asumida por el letrado del gabinete jurídico confederal Raúl Maíllo.
CGT tiene representación e implantación en las entidades donde se han producido los hechos
objeto del procedimiento, siendo las personas trabajadoras de dichas entidades, perjudicadas
en un doble sentido, como empleados y empleadas que sufrieron las consecuencias de la
reestructuración del sector con múltiples despidos y bajo duras condiciones, y como
ciudadanos y ciudadanas, que forman parte de la sociedad que, por parte de una minoría, ha
sido objeto de conductas carentes de toda ética, antisociales y delictivas hacia el resto una
sociedad que reclama, cuanto menos, un resarcimiento de todo el daño causado.
Tras la aportación de la exorbitada fianza impuesta por el magistrado de la Audiencia
Nacional y la retirada de la acusación popular de UPyD, termina ahora la lucha por la
exigencia de nuestro derecho para comparecer en la causa y comienza el ejercicio real de la
acción penal, por nosotros mismos con nuestros medios, como CGT, al objeto de exigir
que de algún modo se repare el daño causado, que los responsables no eludan la acción
penal y que se desenmascare a quienes han llevado a que toda la sociedad haya pagado
colectivamente las deudas generadas por sectores minoritarios, además de defender los
derechos de las y los trabajadores que fueron despedidos en una salvaje reestructuración del
sector financiero
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