 Corrupción, comisiones multimillonarias, privilegios y decadencia
En los últimos años, especialmente tras el estallido de la crisis en 2008, los casos de corrupción han protagonizado aperturas de telediarios, cientos de portadas en la prensa escrita y mesas de debate en la televisión. Algunos de los personajes —una cantidad ínfima, por otra parte— que durante los años del boom se llenaron los bolsillos con la especulación urbanística, las concesiones a dedo por parte de las administraciones públicas, que firmaron contratos multimillonarios con empresas de amigos del gobierno de turno, saltan ahora a la palestra de los escándalos políticos. De entre ellos, los hay que se niegan a aceptar su suerte en solitario, y arrastran con sus declaraciones a partidos políticos enteros, al propio Jefe del Estado, a las instituciones parlamentarias y la justicia. La corrupción se extiende como una gangrena, reflejando fielmente la profunda crisis del sistema capitalista y del régimen que se levantó en los años de la llamada Transición.
En las últimas semanas ha sido el caso Bárcenas el que se ha llevado la palma: de la imputación del extesorero del PP en la trama Gürtel al descubrimiento de 22 millones de euros en su cuenta de un banco suizo, pasando por la supuesta financiación ilegal del PP y los ya famosos sobres de dinero negro entregados supuestamente a destacados miembros del gobierno —presidente Rajoy incluido—, el escándalo Barcenas ha desvelado, por encima de otras cuestiones, los estrechos vínculos entre el PP y los grandes poderes económicos y financieros que al fin y al cabo dictan su política. En esta dinámica ascendente de descomposición del régimen político del capital, la monarquía también se ha visto sacudida en las últimas semanas por la investigación abierta sobre el caso Nóos.
La corrupción
Carlos García Revenga, secretario de las infantas, ex tesorero de Nóos y miembro de su junta directiva entre 2003 y 2006, ha sido el último imputado y el último en declarar ante el juez, negando cualquier vinculación de la Casa Real y su entorno con el robo de dinero público, contratos fraudulentos y fraude fiscal perpetrado por el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. Unas declaraciones que contrastan con las de Diego Torres (ex socio de Urdangarin), que presentaba ante el juez Castro una nueva tanda de emails privados en los que supuestamente queda probado que la Zarzuela, concretamente el rey, amparó y tuvo conocimiento de los negocios de Urdangarin.  Media docena de estos correos hacen referencia a las relaciones de Urdangarin y la ya famosa princesa alemana, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, conocida hasta ahora por haber acompañado al rey en la cacería de elefantes en Botsuana en abril de 2012 en la que éste se rompió la cadera. Corinna, como han desvelado las informaciones de estos días, es una comisionista internacional, una intermediadora en grandes negocios desde contratos multimillonarios de obras públicas, hasta compra-venta de armas. Estas lucrativas actividades le han permitido compartir una “relación de amistad fraternal” con Juan Carlos I, rey de España. Corinna dirigía Apollonia Asociates, empresa dedicada a “poner en contacto” a gobiernos, instituciones y altas personalidades para crear “alianzas estratégicas”, y ha llegado a declarar al diario El Mundo que también ha trabajado para las autoridades españolas en asuntos clasificados, vanagloriándose de haber resuelto alguna crisis política. También hemos sabido que participó en los tinglados fraudulentos organizados por Nóos, como el Valencia Summit, y que, posteriormente y por indicación real, fue la encargada de buscar un trabajo a Urdangarin en la Fundación Laureus, por el que podría haber llegado a cobrar hasta 250.000 euros al año. Tanto el supuesto papel de Juan Carlos I de favorecer las aventuras empresariales de Urdangarin —ayudándole a buscar patrocinadores y utilizando a sus amistades, tal y como revela la correspondencia privada mencionada— como las declaraciones de la princesa alemana, vuelven a poner sobre la mesa un debate que ha estado enterrado más de treinta años: ¿cuál es el papel real que juega la monarquía bajo el sistema capitalista?
Los negocios del rey
Más allá de los discursos oficiales sobre la tarea de representar “a todos los españoles”, no hay que investigar demasiado para ver que a los únicos españoles que representa el rey es a los consejeros delegados de las grandes multinacionales. Son públicos y notorios los viajes organizados a lo largo y ancho del mundo por el Ministerio de Exteriores español (tanto bajo el gobierno del PSOE como del PP), en los que Juan Carlos I se desplaza junto con delegaciones de empresarios españoles para favorecer sus negocios en suelo extranjero. Fue precisamente uno de los representantes de estas multinacionales, César Alierta, presidente de Telefónica, quien buscó un trabajo a Urdangarin en EEUU por petición del rey cuando las cosas se le empezaron a complicar.  Esta actividad del rey, envuelta siempre con el calificativo de “patriótica”, sirve para apuntalar los beneficios de las grandes empresas y sacar una buena tajada “real” de los mismos. De hecho, aunque la opacidad de las actividades económicas de la Casa Real es semejante a la de un secreto de Estado, existen indicios documentados sobre las dimensiones que puede alcanzar la fortuna del rey; en 2003 la revista Forbes situaba a Juan Carlos en el sexto lugar de los monarcas más ricos de Europa, con una fortuna de 1.790 millones de euros, lo que suponía el puesto 134 entre los más ricos del planeta. Este dato parece resultar incompatible con la dedicación exclusiva a sus tareas de monarca que, en principio y según la Constitución, tiene que mantener. Rastreando superficialmente algunas informaciones periodísticas podemos hacernos una idea del nivel de patrimonio que la familia real ha atesorado en la reciente historia “democrática” y también en la “predemocrática”: · Allá por 1962, coincidiendo con su boda con Sofía, el banquero Luis Vallas Taberner comenzó lo que denominó una “suscripción popular” a favor de los recién casados. En aquella contribución también participaban, además de otros banqueros, muchos nobles y empresarios del franquismo. · Todavía en tiempos de Franco, el entonces ministro de Economía, Antonio Barrera de Irimo, solicitó al príncipe que hiciera de intermediario con el príncipe Fahd de Arabia Saudí, para conseguir una remesa de petróleo rápidamente. Fruto de esta intermediación el príncipe árabe afirmó: “Decid a mi hermano el príncipe Don Juan Carlos, que le enviaremos todo el petróleo que España necesite”. A cambio de su mediación, Juan Carlos I pasó a cobrar una comisión por el petróleo exportado a España. El mismo príncipe Fahd le regalaría en 1976 un yate. · Ruiz-Mateos acusó al rey, tras la expropiación de Rumasa, de haber aceptado miles de millones de su bolsillo y de más empresarios. · Es conocido que uno de los yates Fortuna fue financiado por un grupo de empresarios mallorquines, que juntaron 17,5 millones de dólares para hacerle el regalo. También, que cuando Juan Carlos cumplió 50 años, un grupo de empresarios catalanes le regaló un Porsche Carrera de 24 millones. Es conocido que la casa BMW regala al rey todos los modelos de alta cilindrada cuando salen al mercado. Los negocios de la Casa Real, su poder de influencia, el papel del rey como emisario y defensor de los intereses de las grandes empresas españolas en todo el mundo, su estatus privilegiado, tanto económica como legalmente, son un reflejo fiel del papel de armazón protector del capitalismo español que representa la monarquía.
Juan Carlos I, sucesor de Franco
 El pasado y el presente del rey muestran la verdadera cara de una institución colocada a dedo por Franco y la burguesía con el único objetivo de garantizar la supervivencia del capitalismo, en el contexto prerrevolucionario de los años 70. En la tarde del 22 de julio de 1969, el dictador se dirigió a unas Cortes llenas de procuradores falangistas para designar a su sucesor, y lo hizo de la siguiente forma: “Estimo llegado el momento de proponer como persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino”. Por su parte, y tras ser elegido por las Cortes franquistas como sucesor del dictador, Juan Carlos pronunció las siguientes palabras en el mismo auditorio: “(…) Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor, a título de Rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino (…) El haber encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido y siga siendo, por muchos años, el rector de nuestra política (…) Mi General: desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro de que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar!”. Juan Carlos I, hijo de Don Juan de Borbón, duque de Barcelona, y nieto de Alfonso XIII, fue preparado desde pequeño para suceder al dictador y seguir defendiendo los intereses del capitalismo patrio. Tan pronto como en 1948, Franco convenció a su padre, entonces exiliado en Portugal, para trasladar a Juan Carlos a estudiar a Madrid y empezar su preparación, primero en colegios especiales creados al efecto para los niños de la burguesía española y luego en las Fuerzas Armadas Españolas. Tal empeño queda reflejado en una carta del mismo Franco a Don Juan en 1954, en la que polemizaba sobre la educación que debía recibir su hijo. En la misiva Franco le pedía “meditada reflexión sobre las condiciones en que un infante de la Casa Borbón ha de formarse y el bagaje de conocimientos que hoy requiere la dirección de una nación para que pueda despertar el respeto, la confianza y el amor del pueblo llamado a sostenerle”. Durante los años de la dictadura, el ahora rey sustituyó a Franco en diversos actos oficiales, como por ejemplo la conmemoración en 1973 del Alzamiento Nacional del 18 de Julio. Dos días después de la muerte del dictador, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos era proclamado rey, jurando ante las cortes franquistas los principios del Movimiento Nacional fascista.
¿Cómo se conquistaron las libertades democráticas?
Durante los últimos cuarenta años la imagen de la monarquía española ha sido cuidada con mimo y esmero. Partidos políticos de todo el arco parlamentario, medios de comunicación, historiadores, directores de cine, libros de texto, etc., han presentado a Juan Carlos I como el principal artífice de las libertades democráticas y del paso de la dictadura a la democracia. La burguesía de este país ha tratado de presentar un mito en torno a la Transición, en la que gracias a un gran acuerdo y sobre todo a la intervención del rey y de otros prohombres de Estado, como Adolfo Suárez (otro miembro destacado del Movimiento Nacional), se logró poner punto y final a la dictadura.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo que obvian interesadamente todos estos medios es que la situación en los años 70 en el Estado español era de un ascenso brutal de la lucha de clases. Contagiados por el movimiento revolucionario en Francia e Italia, influidos por el ejemplo de la Revolución de los Claveles de 1974, millones de jóvenes y trabajadores españoles protagonizaron movilizaciones históricas, luchas durísimas, determinados a tumbar de una vez por todas una dictadura infame y criminal que había resistido casi cuatro décadas y el sistema de dominación capitalista que Franco representaba. La disposición y el empuje del movimiento obrero era tal que la propia supervivencia del capitalismo español estaba en entredicho.
En una tesitura en la que la burguesía veía claramente la posibilidad de una derrota, prefirió hacer una serie de reformas con las que garantizar lo fundamental de sus intereses: mantener bajo su control las palancas esenciales de la economía española, así como el poder político. En esa ecuación la sustitución de la dictadura franquista por un régimen de monarquía constitucional, con Juan Carlos I a la cabeza, era un cambio imprescindible para desviar la amenaza revolucionaria hacia las aguas del parlamentarismo burgués.
Con todo, y más allá de los discursos oficiales, el rey no tenía ningún tipo de apoyo ni despertaba ninguna esperanza en un movimiento obrero que protagonizaba en aquellos momentos las luchas más importantes en décadas (de hecho, era popularmente conocido como Juan Carlos El breve). Para llevar a cabo sus planes, la burguesía y el aparato del Estado franquista necesitaban la aprobación y la colaboración de quienes sí tenían una enorme autoridad ante esa clase obrera desafiante. En esta ecuación los dirigentes del PCE, que representaban la fuerza política predominante de la izquierda, y a mucha distancia los del PSOE, pusieron todo el peso de su influencia para lavar la cara a Juan Carlos y permitir que el aparato del Estado no fuese depurado de fascistas. Los crímenes del franquismo quedaron impunes, y aunque las libertades democráticas se conquistaron, en algunos casos con serias deficiencias, la posibilidad de la transformación socialista de la sociedad fue frustrada en aras de “consolidar” la democracia… capitalista.
La política de colaboración de clases apuntaló la monarquía de Juan Carlos
En una importante declaración del Comité Central del PCE, redactada en 1956, se definían las líneas de la Política de Reconciliación Nacional, el programa que determinó toda la estrategia de los dirigentes del Partido en los años setenta. Esta política de colaboración de clases provocó serias críticas en el seno del PCE, y no fue hasta 1974 que los dirigentes del Partido Comunista, y también del PSOE, la pudieron llevar a la práctica a través de la Platajunta Democrática, que diseñó la reforma política que mantendría intactas las bases de ese capitalismo que luchaba por sobrevivir a costa de derrotar la lucha revolucionaria de las masas en el Estado español. Con esta reforma quedaban garantizadas la propiedad privada de los medios de producción y la impunidad a los responsables de los crímenes de la dictadura.
Los líderes del PCE y del PSOE participaron activamente en el proceso de elaboración de la Constitución de 1978, que excluía reivindicaciones centrales del movimiento como el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, otorgando al ejército la capacidad para mantener la unidad “sagrada” de la patria, y vaciaba totalmente de contenido el derecho al trabajo, la vivienda, la sanidad o la educación pública. La Constitución de 1978 salvaguardaba la propiedad capitalista y el poder económico y político de la burguesía, e implicaba, entre otras cosas, la aceptación de la bandera nacional de Franco y la monarquía. Tanto la dirección del PCE como del PSOE se volcaron en defender el SÍ a la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Con esta actitud por parte de la dirección del movimiento obrero, la victoria del SÍ era inevitable, pero ni echando toda la carne en el asador pudieron evitar una abstención del 35% y la victoria del NO en Euskadi. Sólo así fue posible imponer a los trabajadores y la juventud, que habían sido los auténticos artífices de la caída de la dictadura, la figura del rey, y sólo así se comprende la caída vertiginosa en afiliación que el PCE sufrió en pocos años, de 250.000 afiliados en 1978 a alrededor de 67.000 en 1985.
Por la república socialista
Tal y como se ejemplifica en la figura del rey, tras la muerte de Franco todo el cuerpo de jueces, mandos del ejército y de la policía se mantuvo intacto. Los elementos fascistas permanecen en el aparato del Estado actual. En el ámbito de la política, los mismos apellidos que hicieron carrera con Franco ocupan muchos de los altos cargos en el PP, pero también en las estructuras jerárquicas de los ministerios. Las mismas familias de la oligarquía económica que se sirvieron de cuarenta años de dictadura sangrienta para amasar fortunas a costa de la explotación de millones de trabajadores, en muchos casos trabajo esclavo, siguen presentes hoy en los consejos de administración de bancos, grandes multinacionales, empresas de todo tipo, en la CEOE. Tal es la herencia que encarna también la monarquía en nuestro país.
Con la supuesta vinculación de la Casa Real a casos de corrupción, no han faltado las voces que reivindican la “democratización de la monarquía”, o incluso que el rey abdique para que Felipe pueda reformar la institución y ganar una credibilidad que ha perdido. Tanto en la derecha como entre dirigentes del PSOE, en las revistas del corazón y los programas de tertulia rosa, el desconcierto es semejante a la desesperación para mantener la “buena imagen” de la monarquía, para seguir justificando así, ante la opinión pública, el papel de los monarcas como representantes de “todos” los españoles.
Quienes defendemos la justicia económica y social entendemos que el problema no es si la monarquía es más o menos moderna, o más o menos transparente. Obviamente son un completo escándalo tanto la fortuna que ha amasado el rey como sus supuestos vínculos con la corrupción, mucho más en un momento de crisis como el que estamos viviendo; pero lo esencial es comprender que el papel que desempeña esta institución es la defensa de los intereses capitalistas, es decir, la legitimación de este sistema de explotación, de esta dictadura encubierta del capital financiero.
El rey simboliza la dominación capitalista en el Estado Español. Pero el problema no es el rey, el problema es precisamente el propio orden capitalista. Por eso, quienes luchamos por transformar la sociedad no nos conformamos ni con una supuesta “democratización de la Casa Real”, ni con una República a secas. No podemos olvidar lo que sucedió en los años 30 con el abuelo del actual rey; Alfonso XIII fue sacrificado por la burguesía ante el ascenso de la lucha de clases. Los monárquicos de siempre, se convirtieron en republicanos de toda la vida. Sin duda, en una situación similar, la burguesía no dudaría en jugar de nuevo esa baza si eso paraliza cambios sociales más profundos. Si miramos a nuestro alrededor estamos rodeados de repúblicas, y eso no impide que las grandes fortunas, que la banca y los monopolios, sigan gobernando los destinos de países enteros. El problema es el capitalismo y contra él debemos dirigir nuestros esfuerzos, organizándonos políticamente para luchar por una sociedad en la que las grandes palancas de la economía no estén al servicio de un puñado de multimillonarios sino al servicio de la mayoría de la población, de la clase obrera y la juventud, y bajo su control democrático. Luchar por una república, sí, pero una república socialista que haga posible la justicia social que sólo se puede conseguir conquistando la justicia económica mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción que tanto han defendido y defiende la monarquía española y la burguesía internacional.
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