En defensa de una Democracia avanzada y de un Parlamento al servicio de la ciudadanía

Esta  propuesta elaborada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA. La Izquierda Plural nace de la seria preocupación por el proceso de
degradación democrática cada vez más acelerado al que asistimos. La
calidad de nuestra democracia ya era claramente mejorable, entre otras
cosas, debido a la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas, la
carencia de la transparencia necesaria y las pocas oportunidades de
participación real de la ciudadanía. Por si esto fuera poco, la crisis
económica ha evidenciado sus debilidades y el poder económico las ha
explotado, restándole soberanía en beneficio de los mercados, que imponen
sus medidas por encima de la voluntad popular.
Está siendo el Gobierno del PP quien, de manera especial, está
aprovechando la coyuntura política y económica y su mayoría absoluta
para erosionar la democracia y poner obstáculos al debate, el control y la
participación de instituciones, medios de comunicación y sociedad civil. El
Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y su mayoría en la Mesa del
Congreso toman de forma reiterada una serie de decisiones con el único
objetivo de mutilar debates y silenciar las voces críticas.
Cada vez resulta más evidente el desprecio que el PP tiene hacia el
Parlamento. Éste alcanza una de sus máximas expresiones con la negativa
de Mariano Rajoy a acudir al Congreso para dar explicaciones sobre la
realidad de la crisis en España. A ello se une la tramitación de más de 26
decretos-ley, la negativa a celebrar un Pleno monográfico sobre Empleo e,
incluso, la decisión de no celebrar este año el debate sobre el estado de la
Nación o el rechazo a permitir simplemente el debate para la creación de
una comisión de investigación en el ‘caso Bankia’. Estas decisiones están
vaciando peligrosamente de contenido a  unas Cortes Generales que, en
estos momentos de crisis, deberían ser más que nunca el centro de la vida
política del Estado.En primer lugar, el PP pretende imponer sus medidas sin debate y
ninguneando al Parlamento mediante el uso recurrente del Real DecretoLey como principal mecanismo de aprobación de sus reformas. Se abusa
del mismo para recortar salarios, debilitar la negociación colectiva, facilitar
el despido, limitar el derecho a la Salud y a la Educación, modificar la
regulación del sector eléctrico, eliminar competencias de las CC.AA o
reformar el sistema financiero mediante ayudas a los bancos.
Muchas de estas medidas entrarán en vigor a años vista, lo que cuestiona
claramente  la ‘urgente necesidad’ a la que se alude constantemente. Pero
es  que, además, buena parte de estas reformas atentan contra derechos
fundamentales, por lo que su tramitación no debería ser, en ningún caso,
mediante un procedimiento que impide la participación de los grupos
parlamentarios en la modificación y mejora de los textos. Por si fuera poco,
el Gobierno prescinde de la réplica a las intervenciones de la oposición, a
excepción de las del Grupo Socialista, en un acto de menosprecio al resto
de grupos parlamentarios y a la ciudadanía que representan.
En segundo lugar, el PP ha decidido obstaculizar de forma sistemática las
iniciativas de la oposición. La implantación de unos cupos de presentación
de iniciativas en Pleno y comisión deja reducida al mínimo la posibilidad
de presentación de propuestas por los grupos parlamentarios más pequeños.
De esta forma, salvo los grupos Popular y Socialista, el resto sólo pueden
presentar dos proposiciones de ley y otras dos proposiciones no de Ley en
cada periodo de sesiones. Es decir, cada seis meses sólo es posible llevar a
Pleno cuatro iniciativas.
Al mismo tiempo, esta restricción se extiende al trabajo en las comisiones
parlamentarias. A cada grupo sólo le es posible presentar una proposición
no de ley por sesión, que suele ser como mucho de carácter mensual.
En resumen, los Plenos semanales del Congreso se reducen en la mayoría
de su tiempo a debates determinados por PP y PSOE, que pueden presentar
una propuesta por Pleno cada uno. En lo referente a preguntas al presidente
del Gobierno o a los miembros del Ejecutivo, mientras PP y PSOE pueden
formular 10 preguntas en cada sesión de control, el resto de grupos sólo pueden formular 1 semanalmente y, de ellas, tan sólo 1 pregunta de cada
tres Plenos puede ser dirigida al jefe del Ejecutivo.
En la misma línea, diversos temas han quedado excluidos del debate por las
cuestionables decisiones de la Mesa, siguiendo la dinámica de anteriores
legislaturas. Así, quedan bloqueadas sistemáticamente las iniciativas
parlamentarias que pretendan dotar de mayor transparencia las actuaciones
de la Casa Real o que busquen un mayor control de cualquiera las
actividades de la Iglesia Católica, una institución privada pero fuertemente
dotada de fondos públicos. Es legítimo que no compartan el contenido de
estas iniciativas, pero es inaceptable que impidan su tramitación.
De igual forma, tanto desde nuestro grupo como desde otros se ha
solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno en diversas
ocasiones, solicitudes que han sido bloqueadas sistemáticamente por la
mayoría absoluta del Partido Popular, dado que la tramitación de estas
comparecencias se deciden en la Junta de Portavoces donde el PP impone
su mayoría absoluta.
Como colofón, es especialmente grave y significativo denunciar que en
estos momentos el Gobierno esté negociando un rescate para España sin la
menor información o participación del Parlamento. Esto evidencia que los
debates parlamentarios son para Rajoy y el PP más un estorbo que una
responsabilidad democrática.
Esta realidad se sustenta en la estrategia de entrega de la soberanía nacional
a los intereses económicos que representan las instituciones financieras
internacionales. Para ello se requieren gobiernos sumisos y parlamentos
adormecidos en los que se oculten que existen alternativas reales a las
imposiciones de las instancias económicas de la Unión Europea. El
Parlamento queda reducido a un mero ‘convidado de piedra’ de la vida
social y política del país. Y en tercer lugar, el PP también pone trabas a los mecanismos existentes
para que la ciudadanía pueda proponer iniciativas a las instituciones. Como
ejemplo denunciamos cómo la Comisión de Peticiones -que podía ser el
instrumento más directo de relación de los ciudadanos y colectivos sociales
con el Congreso, ya que permite a los diputados/as entrar en contacto con
los problemas de la vida corriente- en realidad ha quedado convertida en un
mero trámite con una nula relevancia en la actividad parlamentaria.
En el mismo sentido, las limitaciones y dificultades  que se ponen a las
Iniciativas Legislativas Populares (ILP) las convierten en instrumentos
prácticamente inservibles. La única ILP que se ha tramitado esta legislatura
ni siquiera fue admitida a trámite, menospreciando el derecho de las más de
500.000 personas que firmaron para que fuera discutida en sede
parlamentaria. La pasada legislatura ya vivimos escenas esperpénticas con
el intento de bloqueo de la ILP por la dación en pago. Tampoco hay fecha
para discutir la que presentaron CC.OO y UGT sobre la reforma laboral
elaborada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero,
cuando ya está en vigor la más reciente de Rajoy. Respecto a las ILP es
necesario facilitar la posibilidad de su presentación, así como agilizar su
tramitación, junto a la búsqueda de mecanismos reforzados para conseguir
una relación directa del diputado con la ciudadanía.
El PP demuestra, pues, una apuesta clara por un Congreso restrictivo,
excluyente, que acentúa un bipartidismo que no se corresponde con el
pluralismo político que demuestra la sociedad española. Ello acentúa el
peligro de que se agrave la separación entre la institución parlamentaria y
la realidad social y que, en definitiva, se agrande el divorcio entre los
representantes y quien tienen la soberanía nacional, que no pueden ser otros
que la ciudadanía.
Pero no sólo las Cortes Generales, también los parlamentos autonómicos y
los ayuntamientos están siendo víctimas de la erosión democrática. Tras
alcanzar el mayor poder autonómico y municipal que ha tenido formación
política alguna en la reciente historia democrática, el PP pretende reducir el
número de concejales de nuestros municipios así como los diputados
autonómicos, por el momento, de la Comunidad de Madrid y la de CastillaLa Mancha. Nos enfrentamos a una involución para limitar el pluralismo
político y para provocar que más ciudadanos acaben sin representación en los plenos en una actuación que beneficiará exclusivamente a los dos
partidos mayoritarios.
Además, las reformas recentralizadoras afectan a la autonomía política de
ayuntamientos y comunidades autónomas y alejan la toma de decisiones de
la ciudadanía. En definitiva, una democracia más pobre.
Tampoco están a salvo los medios de comunicación. Respecto a la
televisión pública estatal, el Gobierno modificó, también mediante real
decreto, el régimen de administración de la corporación de RTVE. Esta
reforma responde al objetivo del PP de controlar políticamente dicho medio
y existen recientes precedentes por parte de la derecha de que este control
acaba en manipulación.
Igualmente preocupante es la persecución que se realiza contra toda voz
crítica que se atreva a alzarse desde la sociedad civil. Es el caso evidente de
los sindicatos, criminalizados y víctimas de  falsedades, de movimientos
sociales alternativos como el 15M o de organizaciones y asociaciones
como FACUA, a la que se amenaza con la retirada de fondos públicos por
defender algo tan fundamental como la Escuela Pública y denunciar los
recortes del Gobierno.
Por todo ello, el Grupo de IU, ICV-EUiA,CHA. La Izquierda Plural
reclama la necesidad de un cambio sustancial en la forma de entender la
Democracia como el instrumento para hacer a la ciudadanía protagonista en
las decisiones que afectan a su vida cuotidiana: la salida de la crisis, el
combate del paro, los desahucios, la exclusión social…. Más democracia
significa, entre otras cosas, más implicación de la ciudadanía en la vida
parlamentaria y más activación del funcionamiento del Congreso y del
Senado para que realmente sean el centro de la vida política y social del
Estado, y no meras cámaras de resonancia de los acuerdos de Gobierno o,
lo que es peor, de las decisiones de instancias no representativas de la
Unión Europea.Esta misma demanda se expresa también y con gran fuerza en la calle,
como refleja el denominado movimiento 15M al denunciar el
distanciamiento entre la institución parlamentaria y la sociedad. Desde
nuestro Grupo reclamamos una mayor centralidad del Parlamento en la
vida social y política del país. En el PP nos hemos encontrado el mayor de
los rechazos, pero debemos advertir que el PSOE tampoco parece muy
interesado en renunciar a las ventajas que le ha dado una etapa bipartidista
en el funcionamiento de las Cortes.
En coherencia con nuestro análisis, desde el Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural tenemos la intención de abordar en
este periodo de sesiones una serie de propuestas para conseguir una
democracia avanzada que ponga el Parlamento al servicio de la ciudadanía
con una fuerte actividad de denuncia y de propuestas en la línea de
conseguir un cambio en el funcionamiento del Congreso. El objetivo es
abrir vías de participación de la ciudadanía, de una mayor implicación de la
sociedad civil organizada en la vida parlamentaria de forma que tengamos
un Parlamento más activo, más implicado en la solución de los problemas
reales de la gente y, sobre todo, con una mayor relación entre
representantes y representados.
Trabajamos por romper esta situación y por conseguir un Parlamento más
vivo, más dinámico, más abierto, donde exista una mayor participación de
todos los Grupos Parlamentarios y se permita una mayor implicación del
Congreso en los problemas de la ciudadanía. Un Parlamento que refleje
mejor la pluralidad que representa y demanda la sociedad.
Por ello, en el marco de la defensa de una Democracia avanzada y
participativa presentamos una serie de propuestas para reforzar el papel del
Parlamento en la vida social y política del Estado. Las planteamos
conscientes de que son propuestas limitadas que deberían ser desarrolladas
y ampliadas, pero lo hacemos como una contribución en el marco del
debate social más amplio que hoy se desarrolla en todo el Estado. Nuestra
intención es discutir estas propuestas con agentes sociales y colectivos
ciudadanos para sumar aportaciones y consensos para construir una
democracia más útil para resolver los problemas que más preocupan a la
sociedad.Entre estas propuestas están:
- Ampliar  las competencias de la Comisión de Peticiones para que
deje de ser un mero ‘buzón’ de reclamaciones. Ésta debe tener la
capacidad para permitir que los colectivos e instituciones puedan
explicar directamente en su seno las peticiones presentadas, así como
poder emitir informes sobre las mismas.
- Desarrollo de iniciativas que permitan una mayor relación de la
ciudadanía con sus representantes.
- Apertura del Congreso a la participación de la sociedad civil,
facilitando su presencia en las Comisiones y en la elaboración de
iniciativas parlamentarias.
- Regulación del Debate sobre el estado de la Nación para evitar que
su formulación dependa de la voluntad del Gobierno y dejando clara
la obligación de que se celebre de forma anual.
- Regulación más amplia de la comparecencia del presidente del
Gobierno ante el Congreso, siendo ésta obligada cuando lo soliciten
dos grupos parlamentarios.
- Ampliación del papel individualizado del diputado en las
comparecencias que realiza el Gobierno en las comisiones
parlamentarias.
- Modificación de las condiciones necesarias para aceptar una
Iniciativa Legislativa Popular. Debe reducirse el número de firmas necesarias y permitir su presentación ante el Pleno del Congreso por
parte de los impulsores de la iniciativa.
- Impulsar el debate público sobre el intento de disminuir la
democracia municipal.
- Modificaciones del funcionamiento del Congreso para hacer más
efectiva la centralidad  del Parlamento y limitar el carácter
bipartidista del actual Reglamento. Para ello, debe ampliarse el
número de preguntas que formulan los grupo parlamentarios,
aumentando a dos por Pleno el actual cupo para los grupos que
disponen de más de diez diputados/as y ampliando las que se
realizan al presidente del Gobierno, que pasarían de las tres actuales
por cada sesión de control al menos hasta cinco. También debe
aumentarse el número de proposiciones no de ley a discutir en cada
Pleno para permitir una distribución más amplia y plural de los
cupos que tiene asignado cada grupo parlamentario y evitar que PP y
PSOE se repartan casi en exclusividad la mayoría de las sesiones
plenarias. Así, consideramos que los grupos más pequeños puedan
presentar una proposición no de ley al menos cada dos Plenos. De
igual forma, también debe subirse el número de este tipo de
proposiciones en cada comisión parlamentaria, para permitir que
todos los grupos puedan trasladar sus propuestas al debate.