Ha habido tiempo suficiente, y aún lo hay, para reconvertir las comarcas mineras en productoras de materiales y equipos de energías renovables
Si los mineros se han echado a la calle es porque el Gobierno del PP está incumpliendo sus compromisos con el sector minero y se están violando los acuerdos del Plan del Carbón, recortando 200 millones de euros que había comprometido para ejecutar el Plan del Carbón. Son ayudas directas al sector, pero también de cara a reflotar las comarcas mineras si se reduce o termina suprimiendo la actividad minera.
Recordemos. El Estado ya ha inyectado 4.500 millones de euros a Bankia a través del FROB, cantidad a la que se sumarán 19.000 millones más. Europa ha rescatado a la banca española con 100.000 millones de euros. El sector minero demanda 200 millones de euros para evitar su desaparición. Insisto. En España hay dinero para Rato. Y no falta dinero para rescatar a la banca y al sistema financiero. Pero no hay dinero para salvar a las cuencas mineras.
Porque este incumplimiento del Plan perjudica gravemente a las comarcas y municipios mineros en todos sus aspectos, muy concretamente en el apartado de Infraestructuras y de ayudas a las empresas que decidan instalarse en las zonas y comarcas mineras, eliminando cualquier posibilidad de Reactivación de las Comarcas Mineras, tal y como estaba pactado.
Lo que se viene reclamando desde hace años es dar una alternativa socioeconómica, en el marco del desarrollo sostenible, a las zonas y comarcas mineras que siguen viviendo con preocupación el cierre de las explotaciones mineras y reclaman su derecho a tener oportunidades de futuro que sólo puede venir con una clara apuesta por la diversificación económica y por la inclusión en un nuevo Plan Energético Nacional del papel que, en el desarrollo de las energías alternativas pueden jugar las zonas y comarcas mineras.
Con todo el dinero de nuestros impuestos que le llevamos dando a este sector lo que habría que hacer es nacionalizarlo y que el gasto público deje de tirarse en subvenciones a “empresarios” privados, que están utilizando a los mineros para sus fines y que están explotando unos recursos que son de todos, para seguir engrosando sus cuentas de beneficios a costa de las subvenciones. Recordemos que más del 80% de su producción proviene de explotaciones a cielo abierto que no generan pérdidas, por lo que en el conjunto de la actividad minera las ayudas son muy superiores a los resultados negativos. Si el carbón estuviera nacionalizado se invertiría directamente en sueldos para los mineros y en una reconversión efectiva y progresiva de estos puestos de trabajo, saliendo del monocultivo del carbón.
El problema en sí no es la extracción del carbón, sino su quema en las centrales térmicas para la producción eléctrica. No es una cuestión sólo de carbón, sino energética. El carbón quemado en la térmica es el que contamina. El problema es que se quiere terminar con el carbón autóctono, pero se sigue manteniendo la importación de carbón más barato de Sudáfrica, Rusia o Indonesia. El problema es de planificación energética: si seguimos apostando por las térmicas o por las energías renovables. Si admitimos la necesidad de una “reserva estratégica”, porque es razonable y socialmente conveniente preservar una tecnología minera a la que quizás mañana habría que recurrir, y cuyos efectos contaminantes se pueden paliar en parte con la captura de CO2, hay que delimitar hasta dónde y dar alternativas laborales ya.
Porque ese es el problema real en las cuencas mineras, la falta de políticas eficaces de reindustrialización de la zona en todos estos años para las que tantas subvenciones se destinaron con los Planes del Carbón. Es sorprendente que en estas zonas mineras no se hayan podido crear otras empresas potentes. De esta forma los empresarios mineros parece que controlan prácticamente toda la mano de obra en sus empresas o en aquellas dependientes o relacionadas con ellas. Lo cual les pone a los trabajadores entre la espada y la pared defendiendo el único medio de vida al que se les ha condenado. Porque lo que se lucha es por defender puestos de trabajo y una forma de subsistencia digna para estos trabajadores y trabajadoras y sus familias y no una particular actividad económica nociva para la salud y la conservación medioambiental y del planeta para las futuras generaciones.
En resumen: reconocimiento del carbón como fuente energética estratégica, conservar el actual Plan del Carbón y redactar uno nuevo con criterios de sostenibilidad hasta 2018, auditar las cuentas de dicho Plan y tomar medidas en caso de fraude en su desarrollo y por último pero lo más importante: nacionalización del carbón, porque hasta la llegada de Rajoy al Gobierno la mayor amenaza para las comarcas mineras eran los empresarios privados que chantajean y se lucran sin escrúpulos del dinero público, utilizando a los trabajadores para sus propios intereses.
Ha habido tiempo suficiente y aún lo hay para reconvertir las comarcas mineras en productoras de materiales y equipos de energías renovables. No podemos seguir dejando que las comarcas del carbón se vayan desangrando lentamente, ante la apatía e indolencia de unos y el querer exprimir el jugo hasta límites intolerables de otros. Las cuencas mineras se mueren y los culpables de esto tienen nombre y apellidos. Son a ellos a quienes les tenemos que pedir responsabilidades.
Recordemos. El Estado ya ha inyectado 4.500 millones de euros a Bankia a través del FROB, cantidad a la que se sumarán 19.000 millones más. Europa ha rescatado a la banca española con 100.000 millones de euros. El sector minero demanda 200 millones de euros para evitar su desaparición. Insisto. En España hay dinero para Rato. Y no falta dinero para rescatar a la banca y al sistema financiero. Pero no hay dinero para salvar a las cuencas mineras.
Porque este incumplimiento del Plan perjudica gravemente a las comarcas y municipios mineros en todos sus aspectos, muy concretamente en el apartado de Infraestructuras y de ayudas a las empresas que decidan instalarse en las zonas y comarcas mineras, eliminando cualquier posibilidad de Reactivación de las Comarcas Mineras, tal y como estaba pactado.
Lo que se viene reclamando desde hace años es dar una alternativa socioeconómica, en el marco del desarrollo sostenible, a las zonas y comarcas mineras que siguen viviendo con preocupación el cierre de las explotaciones mineras y reclaman su derecho a tener oportunidades de futuro que sólo puede venir con una clara apuesta por la diversificación económica y por la inclusión en un nuevo Plan Energético Nacional del papel que, en el desarrollo de las energías alternativas pueden jugar las zonas y comarcas mineras.
Con todo el dinero de nuestros impuestos que le llevamos dando a este sector lo que habría que hacer es nacionalizarlo y que el gasto público deje de tirarse en subvenciones a “empresarios” privados, que están utilizando a los mineros para sus fines y que están explotando unos recursos que son de todos, para seguir engrosando sus cuentas de beneficios a costa de las subvenciones. Recordemos que más del 80% de su producción proviene de explotaciones a cielo abierto que no generan pérdidas, por lo que en el conjunto de la actividad minera las ayudas son muy superiores a los resultados negativos. Si el carbón estuviera nacionalizado se invertiría directamente en sueldos para los mineros y en una reconversión efectiva y progresiva de estos puestos de trabajo, saliendo del monocultivo del carbón.
El problema en sí no es la extracción del carbón, sino su quema en las centrales térmicas para la producción eléctrica. No es una cuestión sólo de carbón, sino energética. El carbón quemado en la térmica es el que contamina. El problema es que se quiere terminar con el carbón autóctono, pero se sigue manteniendo la importación de carbón más barato de Sudáfrica, Rusia o Indonesia. El problema es de planificación energética: si seguimos apostando por las térmicas o por las energías renovables. Si admitimos la necesidad de una “reserva estratégica”, porque es razonable y socialmente conveniente preservar una tecnología minera a la que quizás mañana habría que recurrir, y cuyos efectos contaminantes se pueden paliar en parte con la captura de CO2, hay que delimitar hasta dónde y dar alternativas laborales ya.
Porque ese es el problema real en las cuencas mineras, la falta de políticas eficaces de reindustrialización de la zona en todos estos años para las que tantas subvenciones se destinaron con los Planes del Carbón. Es sorprendente que en estas zonas mineras no se hayan podido crear otras empresas potentes. De esta forma los empresarios mineros parece que controlan prácticamente toda la mano de obra en sus empresas o en aquellas dependientes o relacionadas con ellas. Lo cual les pone a los trabajadores entre la espada y la pared defendiendo el único medio de vida al que se les ha condenado. Porque lo que se lucha es por defender puestos de trabajo y una forma de subsistencia digna para estos trabajadores y trabajadoras y sus familias y no una particular actividad económica nociva para la salud y la conservación medioambiental y del planeta para las futuras generaciones.
En resumen: reconocimiento del carbón como fuente energética estratégica, conservar el actual Plan del Carbón y redactar uno nuevo con criterios de sostenibilidad hasta 2018, auditar las cuentas de dicho Plan y tomar medidas en caso de fraude en su desarrollo y por último pero lo más importante: nacionalización del carbón, porque hasta la llegada de Rajoy al Gobierno la mayor amenaza para las comarcas mineras eran los empresarios privados que chantajean y se lucran sin escrúpulos del dinero público, utilizando a los trabajadores para sus propios intereses.
Ha habido tiempo suficiente y aún lo hay para reconvertir las comarcas mineras en productoras de materiales y equipos de energías renovables. No podemos seguir dejando que las comarcas del carbón se vayan desangrando lentamente, ante la apatía e indolencia de unos y el querer exprimir el jugo hasta límites intolerables de otros. Las cuencas mineras se mueren y los culpables de esto tienen nombre y apellidos. Son a ellos a quienes les tenemos que pedir responsabilidades.
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