El pasado 17 de octubre,
fecha en la que Haití conmemora el asesinato del prócer
independentista Dessalines, miles de pobladores de las comunidades
humildes salieron en una masiva protesta a exigir cuentas por el
despilfarro de los recursos del fondo de Petrocaribe.
La jornada masiva del 17,
precedida por movilizaciones menores, fue reprimida y dejó un saldo
de decenas de heridos y al menos dos personas asesinadas, cuando los
cuerpos represivos atacaron en Puerto Príncipe a una multitud para
abrir paso a la caravana presidencial. El presidente, Jovenel Moïse,
tuvo que huir cuando manifestantes le lanzaron piedras mientras
intentaba dar un discurso ante un monumento de Dessalines.
Desde entonces las
protestas han continuado y está anunciada una nueva gran jornada
para el 18 de noviembre, otra fecha histórica relacionada con la
derrota de las tropas napoleónicas por parte de los revolucionarios
haitianos en 1803. La historia de la primera revolución
antiesclavista triunfante está presente en las luchas actuales.
El convenio de
Petrocaribe, por medio del cual el gobierno venezolano ha subsidiado
la compra de petróleo y combustibles desde el ingreso de Haití en
2006, debía servir al Estado haitiano para financiar proyectos de
infraestructura, pero la percepción general es que ha alimentado
fundamentalmente la corrupción y negocios favorables a grandes
empresas nacionales y extranjeras. Aunque ya se había realizado una
investigación parlamentaria cuyas conclusiones eran poco claras, la
presión popular obligó al Senado a realizar en noviembre del año
pasado una segunda investigación sobre el uso de los recursos de
Petrocaribe en el período 2008-2016, en la cual se cuestiona el uso
de unos dos mil millones de dólares.
El Estado haitiano
adquiere el petróleo venezolano con descuento y pagando un 40% de su
valor, mientras que el restante 60% se convierte en deuda con bajas
tasas de interés, revendiendo ese petróleo en el mercado interno y
usando el excedente para proyectos de infraestructura. Se estima que
el fondo resultante de la reventa interna del petróleo ha sumado en
estos años unos 3,8 mil millones de dólares. Pero las autoridades
haitianas sobrefacturaban en moneda local el costo de la compra del
petróleo, luego sobrefacturaban los gastos en las obras.
Aprovechando declaratorias de emergencia en el marco de varios
desastres naturales, se adjudicaron obras obviando los procedimientos
legales normales, muchas de las cuales quedaron inconclusas.
En agosto de este año
arrancó a través de las redes sociales el llamado Petrochallenge,
una campaña mediante la cual los participantes se fotografían
portando un cartel con la consigna "¿Dónde está el dinero de
Petrocaribe?" (Kote kòb Petwokaribe a?). Rápidamente se
masificó, con gran impacto también en la diáspora haitiana. Una
primera movilización el 24 de agosto se dirigió al Tribunal de
Cuentas.
La protesta del 17 de
octubre ratificó que se ha abierto una nueva situación política
luego de las impresionantes jornadas de julio de este año en las que
el pueblo trabajador derrotó el gasolinazo del FMI y obligó al
primer ministro y su gabinete a renunciar. El gobierno del empresario
Moïse, que estuvo a punto de caer durante aquellas protestas,
sobrevivió pero quedó muy debilitado. Desde sus inicios fue un
gobierno precario: asumió el poder en febrero de 2017, como sucesor
de Martelly, de quien es correligionario en el partido derechista Tèt
Kale, luego de dos elecciones fraudulentas. En la última de ellas
recibió apenas medio millón de votos en un universo de 6 millones
de votantes registrados.
El 22 de octubre, el
gobierno viró su posición de considerar la corrupción como un
asunto de exclusiva competencia judicial: se destituyó al jefe de
gabinete, Laleau (ex ministro de Finanzas de Martelly) y al
secretario general de la presidencia, así como a 16 asesores más
señalados por su involucramiento en la corrupción de Petrocaribe.
Lejos de lograr aplacar las protestas, esa misma noche se inician en
el barrio capitalino de Bel-Air marchas nocturnas llamadas
Petrobizangó, cuyo nombre alude a una de las tradiciones de la
cultura vudú. En su desesperación, esta misma semana el partido
oficialista llegó a declarar que participaba en las protestas contra
la corrupción, una maniobra para confundir que evidencia la
desesperación del gobierno. La oposición patronal también está
muy desprestigiada, algunos de sus dirigentes han intentado acercarse
pero han sido repudiados y expulsados de las movilizaciones.
La
responsabilidad del gobierno venezolano
La década comprendida
entre 2004 y 2014 representó para Venezuela la mayor bonanza
petrolera de su historia. El presidente Chávez aprovechó esta
circunstancia para crear en 2005 el convenio Petrocaribe, con el
declarado propósito de procurar la integración regional y atenuar
los efectos negativos del incremento sustancial del precio del
petróleo para economías dependientes de su importación en el
Caribe. Desde sectores de la oposición de derecha venezolana se
cuestionó el comercio con los países caribeños, especialmente con
Cuba, y los mecanismos de crédito contemplados por Petrocaribe. La
oposición de izquierda, por el contrario, sin cuestionar el comercio
con el Caribe y la solidaridad, lo que cuestionaba era la
reproducción de dinámicas clientelares y el apoyo político y
económico del chavismo a gobiernos reaccionarios en la región, lo
cual se alejada de un verdadero internacionalismo que beneficiara las
luchas de los pueblos por su propia liberación.
Ante las crecientes
denuncias de corrupción en el manejo del dinero de Petrocaribe, el
gobierno venezolano en varias ocasiones ha respaldado a las
autoridades haitianas cuestionadas por corrupción, dando indicios de
complicidad y posible implicación en la corrupción. Por ejemplo, en
una declaración pública en 2015, Bernardo Álvarez, quien entonces
era presidente de PDV Caribe, expresaba su satisfacción por la
gestión de los fondos de Petrocaribe en el período 2012-2014,
precisamente el período al que corresponden las mayores
irregularidades reveladas por las investigaciones.
El embajador de Venezuela
en Haití entre 2007 y fines de 2015, Pedro A. Canino González,
aseguró en 2013 que el presidente Maduro estaba "muy satisfecho
con el modo en que el gobierno de Haití ha invertido los fondos de
Petrocaribe". Nuevamente, en junio de 2015, mientras Martelly
visitaba Caracas, en el marco de la celebración de los 10 años de
existencia de Petrocaribe, el embajador venezolano consideró el uso
de los recursos como "ejemplar". Moïse visitó Venezuela
en noviembre de 2017 y Maduro se deshizo en alabanzas, firmando un
acuerdo adicional de cooperación económica. No puede olvidarse que
en Haití existe un régimen oligárquico sustentado en la ocupación
militar extranjera luego del golpe de estado realizado por tropas
yanquis en 2004. A partir de entonces, la ocupación ha corrido
principalmente por cuenta de tropas latinoamericanas provistas por
gobiernos "progresistas" de Brasil, Argentina, Ecuador y
Uruguay, que integran la Minustah y su reducido sucesor, la
Minujusth.
Urge la
solidaridad con la lucha del pueblo haitiano
La agobiante situación
económica, con causas estructurales relacionadas con el saqueo y las
intervenciones imperialistas durante todo el siglo XX, con reformas
neoliberales que han destruido su producción agrícola y
profundizado su dependencia respecto de las importaciones, y con el
saqueo y la corrupción descarada por parte de gobiernos
dictatoriales y democrático-burgueses, se agrava con la caída de
los suministros de petróleo subsidiado y el aumento del precio
internacional del petróleo. Crece la presión inflacionaria, que
desde 2016 oscila en torno al 14% anual. Pese a que en julio la
movilización popular derrotó el gasolinazo, el impacto
inflacionario inicial de la medida no se revirtió del todo. Millones
de haitianos carecen de acceso a los más básicos servicios, el
sistema de salud está colapsado y es muy precario hasta el acceso al
agua, que en muchos barrios no llega por tubería sino que hay que
comprarla a camiones cisterna.
En este marco ocurren las
jornadas de julio y el actual proceso de lucha. Debemos difundirlo y
apoyarlo en toda Latinoamérica, sumándonos a la exigencia de
castigo a los culpables y que se recupere el dinero robado para que
se use en la atención a las necesidades más apremiantes del pueblo
trabajador. Por ejemplo, en República Dominicana existe un
importante movimiento contra la corrupción y la impunidad, la Marcha
Verde, que podría establecer lazos de solidaridad con el movimiento
haitiano de lucha contra la corrupción. Otra tarea importante es
emplazar al gobierno venezolano a que colabore con las
investigaciones y establezca sus posibles responsabilidades en el
desfalco. Estamos ante una ola de protestas que puede cambiar el
rumbo del país.
Simón
Rodríguez, militante de la UIT-CI
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