Sobre
el Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca han confluido dos
poderosas fuerzas. Una proviene del estado, de la necesidad de
transformar el relato -que dio la vuelta el mundo- de las cargas
brutales de la policía y la Guardia Civil el 1 de octubre. Desde
entonces se ha puesto en marcha un operativo destinado a reconstruir
la historia: se trata de presentar como víctimas oprimidas estas
fuerzas policiales y como agresores aquellos que parecían pacíficos
e inofensivos. El recurso es la denuncia por incitación al odio. Una
medida concebida para defender las minorías, hoy se ha convertido en
el instrumento preferido por el estado para criminalizar las muestras
de rechazo contra la represión: un mecánico, un payaso, bomberos,
vecinos y vecinas que protestaban contra la presencia policial,
concejales y alcaldes que se han posicionado por los derechos y las
libertades ... En este marco, se ha construido el relato sobre El
Palau: que incluso los hijos e hijas de la Guardia Civil son objeto
de trato humillante por parte del profesorado.
La
segunda fuerza viene desde más lejos. Los partidos que han sido
pilar de las instituciones desde la Transición deben explicar al
resto del estado como es posible que un sector tan significativo del
pueblo de Catalunya y con tanta determinación, quiera romper. Y la
respuesta que construyen es que no se trata de una convicción libre
-derivada de la quiebra del régimen del 78- sino el resultado de la
manipulación de masas: la enseñanza que adoctrina y hace de los
niños potenciales independentistas. Como harían los medios de
comunicación públicos con el conjunto de la población. Así pues,
habría que purgar y reformar estos dos «instrumentos de
adoctrinamiento del independentismo», para que los catalanes vivan
en armonía con la Monarquía borbónica. La acusación gratuita de
que la enseñanza catalana adoctrina se repite sistemáticamente en
las intervenciones de PP, C‘s y PSOE y en los medios políticos que
influyen.
Estos
dos movimientos estratégicos para la derecha española y para el
propio estado, han confluido después del 1 de octubre y han caído
sobre el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca provocando una
tormenta perfecta de unas consecuencias tan imprevisibles como
devastadoras, y no sólo para las personas directamente implicadas.
Por eso si es importante la discusión sobre los hechos que se
imputan al profesorado (que el profesorado y buena parte del alumnado
en las aulas aseguran que no se produjeron), lo es más aún la
instrumentalización política que se ha hecho del caso. Sólo con
estos elementos podemos explicar el enorme vuelo que le han dado y
como lo han convertido en una cuestión de Estado.
Una
cuestión de Estado tratada como tal. Con la intervención de la
fiscalía que pone en contexto las declaraciones en estos marcos de
victimización de la policía española y la Guardia Civil y que
aviva el fuego, identificando ante la prensa al profesorado y también
a los alumnos, mecanismo que dispara la vergonzosa portada de El
Mundo con nombres y apellidos y fotos de los docentes, y el altavoz
de Albert Rivera lleva a las pintadas en las paredes del instituto.
Pero, y no menos grave, la denuncia de Fiscalía identificando los
alumnos abre inmediatamente la puerta para que el resto de la clase
se sienta que también puede dar su opinión. La consecuencia, un
aumento de la tensión.
Y
al ser un tema recurrente en boca de dirigentes del PP y C‘s tanto
en el Parlament catalán como en las Cortes españolas, el Gobierno
envía dos secretarios de Estado, el de Seguridad y Educación a
Barcelona. Los envía sólo a reunirse con las familias denunciantes
y darles todo el apoyo. Ni pisan el instituto, ni el Departament
d’Ensenyament, ni siquiera el Ayuntamiento. Probablemente sea el
primer caso en que el Gobierno en pleno se pone a disposición de una
acusación contra sus funcionarios, pues el profesorado lo somos. Si
hay dos versiones de los hechos, ¿no sería obvio, querer escuchar
lo que dice el instituto y el profesorado? Pero no, no necesitan
escuchar nada porque su versión, la que les interesa, sólo es una.
Y ponen a su servicio los recursos del estado.
Algunos
elementos cuestionan la acusación contra el profesorado. Lo normal
es que una familia que recibe una queja de sus hijos, lo primero que
haga sea ir a exigir explicaciones en el instituto o en inspección
antes de llevarlo directamente a la prensa. ¿Es normal que a las
pocas horas numerosas televisiones se plantaran a las puertas del
centro a la espera de airear la noticia? Meses después todavía no
se ha presentado ninguna queja de ninguna familia ni en el centro ni
en el Departamento de Educación. Es difícil entender que las
familias implicadas no se presentan a ninguno de los intentos de
mediación que hacen el Consejo Escolar, el Departament o el
Ayuntamiento, cuando sus hijos continúan estudiando en el centro. El
conflicto se mantiene abierto y se alimenta política y
mediáticamente a lo largo de todos estos meses.
El
Palau es la puerta de entrada de un operativo de largo alcance contra
la enseñanza en Catalunya, que más tarde se extenderá al resto del
estado. Para ponerlo en contexto, el Delegado del Gobierno en
Catalunya, Enric Millo, habla de reabrir 135 expedientes que se
cerraron y podrían afectar hasta 500 docentes. Esto tomaría la
dimensión de una purga, idea que nos transporta inevitablemente a
nuestros docentes de la república. De momento el caso de El Palau es
una advertencia a todo el profesorado: ¡alerta lo que decís en
clase! Y ya no sólo estamos hablando de temas relacionados con la
relación de Catalunya y el Estado, estamos hablando de cerrar la
puerta a las cuestiones de la actualidad que generan inquietudes a
nuestras alumnos, que siempre han tenido un espacio para expresarlas
... porque toda reflexión crítica puede ser considera elemento de
adoctrinamiento.
Ahora
el objetivo es la escuela en Catalunya, pero el gobierno español
prepara una «ley mordaza» también para la enseñanza en todo el
estado. Partido Popular y Ciudadanos protagonizan una carrera para
culpabilizar a la enseñanza pública en Catalunya y a los docentes,
para sacar rédito electoral en el resto del estado. Por eso son tan
importantes los comunicados de apoyo con los docentes de El Palau que
se han empezado a recibir de Sevilla, Ávila o Valladolid, porque la
cosa va más allá del debate sobre la independencia o no de
Catalunya.
Y
esta dimensión de la operación da vértigo. Pero no está escrito
que se salgan. De nuestra parte está la gente, una gran mayoría: de
profesorado que está al lado de los compañeros y compañeras,
porque saben que les podría haber tocado a ellos, que llevan
prácticamente todo el curso sufriendo esta situación muy difícil
de gestionar en el día a día del centro. Durante meses, políticos
y algunos medios han hecho escarnio público, y el ambiente se volvía
infernal. Pero hemos dicho basta. A nuestro lado también están las
familias porque conocen la labor que ha hecho el profesorado, porque
no quieren que sus hijos e hijas tengan que vivir un clima enrarecido
por tantas acusaciones perturbadoras, porque no permitirán que
impongan una fractura entre los alumnos que nunca ha existido. A
nuestro lado están muchos y muchas antiguas alumnas que quieren
defender un instituto que ha sido un referente en sus vidas, porque
puede ser también referente de sus hijos o hijas. Y gran parte de la
comunidad educativa catalana que ve que lo ocurrido en El Palau podía
haber pasado en cualquier otro lugar.
Organizar
esta mayoría que sabemos que existe es la tarea, sin dejarnos a
nadie que quiera estar. Han sido fundamentales las asambleas
regulares del profesorado, de las familias, su coordinación con
antiguos alumnos y con fuerzas políticas, sindicatos y movimientos
de Sant Andreu de la Barca, que nos encontramos en la Plataforma de
apoyo a los 9 del Palau. La primera movilización fue iniciativa de
los antiguos alumnos y reunió mil personas a la puerta del
Ayuntamiento. La segunda acción con mucha repercusión fue la
presentación del comunicado de las familias que leyeron una veintena
de madres y padres. El profesorado también hacía un llamamiento a
la solidaridad. Han llegado comunicados de apoyo a las familias y al
profesorado de toda Catalunya, de muchos lugares del resto del estado
español y también internacionales. Se han presentado mociones en
todos los ayuntamientos de Catalunya y en el Parlament. Ahora se
prepara una movilización en solidaridad con el Palau y la enseñanza
pública en Sant Andreu bajo el lema «Educamos en libertad» para el
3 de junio y una gran manifestación en Barcelona para el 10 de
junio, impulsada por toda la comunidad educativa.
Josep
Lluís del Alcázar
Miembro
de Lucha Internacionalista
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