La larga historia del contagio de Hepatitis C y la subordinación de los gobiernos a las multinacionales farmacéuticas.
Ángeles Maestro
“Al adentrarme en la jungla farmacéutica, llegué a
la conclusión de que mi relato, comparado con la realidad, era tan inocuo como
una postal de vacaciones”.
Nota de John Le Carré al final de
“El Jardinero fiel”
Las movilizaciones de las personas contagiadas por el virus de la Hepatitis
C para conseguir el acceso de todas ellas al medicamento Sovaldi (Sofosbuvir)
ha servido – como toda lucha- para sacar a la luz el poderoso entramado de
intereses que hacen de las multinacionales farmacéuticas el sector económico
con más beneficios, sólo comparable a la industria armamentística, el
narcotráfico o la prostitución.
Ha trascendido ampliamente que el tratamiento con Sovaldi, medicamento altamente eficaz y del que
depende la vida de las personas afectadas por Hepatitis C, tiene un coste de
producción de aproximadamente 100 euros. El precio inicial de venta establecido
por la multinacional farmacéutica Gilead era de 60.000 euros, aunque al parecer
ahora lo “rebajó” a 25.000. Con este precio, tratar a los 35.000 pacientes más
graves absorbería el 10% del gasto farmacéutico público total que asciende
aproximadamente a 14.000 millones de euros[1].
Hay otro dato esencial que ha trascendido mucho menos: todos los estudios
que sirvieron para el desarrollo del Sovaldi fueron financiados por fondos
públicos de EE.UU durante más de dos décadas. A partir de estas investigaciones
se creó la empresa privada Pharmasset, con sede en Delaware (EE.UU), que
funciona como un paraíso fiscal. En 2011 esta compañía fue comprada por la
multinacional Gilead, que contó entre sus directivos a altos cargos del
Gobierno norteamericano como Georges Schultz y Donald Rumsfield[2].
La parasitación de la I+D pública por parte de la empresa privada no ocurre
sólo en EE.UU. No es coincidencia que tanto en gobiernos del PSOE (Cristina
Garmendia) como del PP (Carmen Vela) se haya situado a científicas provenientes
de la empresa privada a la cabeza de los departamentos ministeriales
responsabilizados de la investigación pública.
Un importante trabajo realizado por Pablo Martínez Romero[3],
militante de CNT de Córdoba, profundiza en estas inquietantes conexiones
público/privadas. Tras ellas está indefectiblemente el derecho de patente que
coloca el supuesto derecho de “propiedad intelectual” sobre descubrimientos
científicos – que como se ha visto
fueron en su inmensa mayoría realizados con dinero público – por delante del
derecho a la salud y a la vida de las personas.
Esta colaboración público/privada no se detiene en el ámbito de la
investigación, ni tiene límites nacionales. Un buen ejemplo es el caso de la
“amenaza de pandemia” por Gripe Aviar. En este
caso la misma Organización Mundial de la Salud colaboró decisivamente
para la extensión de un pánico masivo absolutamente injustificado[4].
En esa ola de histeria colectiva la misma multinacional Gilead vendió a Roche
el famoso Tamiflu – quedándose con un tanto por ciento de las ventas – que
reportó fabulosos beneficios al ser adquirido masivamente por gobiernos de todo el mundo ante una amenaza de “pandemia
de efectos devastadores” que resultó ser falsa.
Es inevitable relacionar la manipulación mediática a escala mundial con
falsas noticias de epidemias, que sirven para atemorizar a la población al
tiempo que reportan suculentos dividendos a las multinacionales farmacéuticas,
con una estrategia del shock cada vez más usada por el imperialismo. El uso del
terrorismo islámico para justificar intervenciones militares, al tiempo que
acredita su eficacia como instrumento de control social, sirve para justificar
la escalada armamentística de la que se beneficia el complejo
militar-industrial, altamente vinculado con las grandes empresas
químico-farmacéuticas.
La Hepatitis C, una larga historia
de sufrimiento y responsabilidades.
Se calcula que en el Estado español hay 900.000 personas (el 2% de la
población) contagiadas por el virus de la Hepatitis C, de las cuales 650.000
desarrollarán una hepatitis crónica. Apenas se habla de que una buena parte de
ellas se contagiaron entre 1982 y 1995 a través de transfusiones de sangre o
tratamientos con hemoderivados infectadas con el virus[5]
a los que no se habían realizado las pruebas pertinentes.
Entre 1982 y 1995, 1800 personas enfermas de hemofilia adquirieron el virus
de la hepatitis B, C, o del SIDA tras ser tratadas con Hemofil, medicamento de
la empresa BAXTER. En esa época (la situación ahora no ha cambiado) el 80% del
plasma y derivados de la sangre se importaba a través de empresas de EE.UU.
Estas empresas obtenían la materia prima
de la población carcelaria de EE.UU (que tiene diez veces más
prevalencia de sífilis, hepatitis y SIDA que la población general) a través de
un intrincado engranaje de corrupción y negocio en el que estaba implicada,
obviamente, la administración penitenciaria[6].
Aunque el 29 de diciembre de ese mismo año 1983 un telegrama del ministerio
de sanidad canadiense alertaba al gobierno español de la entrada de plasma
posiblemente contaminado, no se tomó ninguna medida encaminada a detectar la
presencia de los virus y poder desechar en consecuencia los productos
infectados.
En 1990, cuando la alarma por la cantidad
de personas contagiadas empezaba
a trascender, presenté en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley
exigiendo que el Gobierno (del PSOE, con mayoría absoluta) ordenara la
realización sistemática y generalizada de “pruebas para acreditar la ausencia
de anticuerpos del virus de la Hepatitis C y del SIDA en todas las donaciones
de sangre y derivados, así como exigir la acreditación correspondiente del
resultado negativo para tales virus en los productos importados”[7].
La Proposición fue rechazada con la mayoría absoluta del PSOE estimando que la medida
“de ninguna manera debía tener carácter obligatorio”, ni adoptarse con carácter
general porque la “prevalencia del virus es muy poca” y por los graves problemas que podrían
acarrarse.
Como relata Miguel Jara[8], la
Directora General de Farmacia con el Gobierno de Felipe González, Regina
Revilla, posteriormente máxima responsable en España de Relaciones
Institucionales de la multinacional farmacéutica Merck, no emitió hasta febrero
de 1993 una Orden que permitía que
¡hasta el 31 de diciembre de 1995! se siguieran utilizando hemoderivados
que no hubieran pasado el control preceptivo de detección de anticuerpos de
Hepatitis C. Como denunciaron los padres de dos hermanos fallecidos, en una
época en que las dimensiones y la gravedad del contagio eran ya ampliamente
conocidas, Regina Revilla no obligó a retirar del mercado los productos
sospechosos, ni siquiera obligó a
realizar técnicas de destrucción de la carga viral.
El 94% de las personas afectadas o las familias de las fallecidas,
aceptaron ridículas indemnizaciones a cambio de su silencio. Quienes no lo
hicieron y siguieron adelante con la denuncia relatan truculentos episodios de
amenazas sobre ellos, conminándoles a aceptar las indemnizaciones sin ir
ajuicio, por parte del despacho de un curioso personaje: José Federico de
Carvajal, Presidente del Senado entre 1982 y 1989[9].
Recientemente el Tribunal Supremo ha desestimado una demanda de pacientes
de Hepatitis C contra las empresas BAXTER y Grifols que exigía cuantiosas
indemnizaciones por considerar que el hecho denunciado había prescrito[10].
En aquella misma época, febrero de 1990, se debatió y votó una Proposición
No de Ley presentada por mí en representación del Grupo Parlamentario de IU,
que instaba al Gobierno a la creación de una empresa estatal de transfusión[11].
En el debate hice referencia expresa a las recomendaciones de la OMS que en 1975 y 1981 instaban a los
gobiernos a asegurar la autosuficiencia en el abastecimiento de sangre, plasma
y hemoderivados, mediante la creación de
los servicios estatales correspondientes. Se daba además la circunstancia de
que el Estado aún poseía el 29% de los laboratorios Hubber, que habían sido
reprivatizados tras su nacionalización completa junto al resto de empresas de
RUMASA y que poseían una importante división
de hemoderivados. La propuesta pretendía
que el Gobierno utilizara ese departamento como base de la nueva empresa
estatal. La iniciativa se rechazó, otra
vez por la mayoría del PSOE. Laboratorios Hubber, tras ser declarada
“estratégica”, fue vendida a precio de saldo a ICN Pharmaceuticals[12].
Una única solución: autosuficiencia pública en la producción, distribución
y dispensación de medicamentos esenciales.
Sirva el anterior relato como un ejemplo entre miles de las graves
repercusiones inherentes al hecho de que la fabricación, distribución y
dispensación de medicamentos estén en manos, no solamente de empresas privadas,
sino de grandes multinacionales capaces de ejercer enormes presiones sobre los gobiernos e incluso de
poner a su servicio a la hasta hace poco respetada Organización Mundial de la
Salud.
El aumento continuado del gasto farmacéutico público (el 25% del gasto
total) ha servido de pretexto para la exclusión progresiva de fármacos de la
financiación del Estado – los sucesivos ”medicamentazos” del PSOE y del PP –,
para el incremento del % pagado por las y los trabajadores activos y a la
introducción del copago para pensionistas.
Directamente relacionado con el precio astronómico de medicamentos como el
Sovaldi está la Resolución de la
Dirección General de Farmacia (2013) por la que se impone el copago de
medicamentos para enfermedades graves (hepatitis, cáncer, SIDA, degeneración
macular, etc) y de dispensación hospitalaria[13].
A pesar de que este aspecto del copago no ha llegado a ser aplicado, por el
escándalo desencadenado y por la negativa a aplicarlo de numerosas CC.AA, es
más que probable que tras el periodo electoral entre en vigor.
La locura privatizadora ha llevado a la Consejería de Sanidad de Madrid a
la adjudicación a la Cruz Roja, desde 2014 a 2020, de la gestión de las
donaciones de sangre por 9, 3 millones de euros, 67 euros por cada donación
altruista. En consecuencia la gente, debidamente informada, ha disminuido
drásticamente sus donaciones a través de este servicio privatizado.
Como es evidente, el problema no es sólo de las personas enfermas de
Hepatitis C. Es la imposibilidad absoluta de que todo el sistema
sanitario, financiado con recursos
públicos pueda cumplir su – teórico – principal objetivo: mejorar el estado de
salud de la población, disminuyendo la enfermedad y retrasando la muerte. Y es imposible que lo haga porque, mediante
los sobornos correspondientes, funciona prioritariamente al servicio del
negocio privado de multinacionales farmacéuticas, aseguradoras privadas,
bancos, inmobiliarias, empresas de capital riesgo, etc.
Por lo tanto, se trata de algo mucho más complejo que de “recortes”. Por
supuesto, las personas enfermas de Hepatitis C y todas las demás tienen todo el
derecho a exigir que se les proporcionen de forma inmediata los medicamentos
que necesitan pero eso será materialmente imposible si no se rompe la
dependencia de las multinacionales farmacéuticas.
No cabe otra solución (y esa reivindicación debería sonar con más fuerza en
las movilizaciones de personas afectadas por la Hepatitis C y de aquellas que
defienden la sanidad pública) que exigir al Gobierno y a todas las fuerzas políticas la adopción
de medidas que garanticen la independencia de la sanidad pública en materia de
medicamentos de la empresa privada. Para
ello es imprescindible adoptar medidas como las
que propone CASMadrid[14]:
·
Poner en marcha una industria farmacéutica pública que
fabrique y distribuya los medicamentos esenciales de forma que se garantice el
acceso a todos los fármacos realmente útiles a quienes los necesiten.
·
Derogar todas las normas que imponen el copago de medicamentos de
uso hospitalario, a las personas pensionistas y el aumento del copago para las
activas. Medicamentos gratuitos para todas las personas desempleadas.
·
Eliminar del Registro todos los medicamentos inútiles, perjudiciales para
la salud o con precios comparativos injustificadamente elevados. Todos los
medicamentos admitidos en el Registro deberán tener financiación del sistema
público.
·
Dispensar directamente los medicamentos en los centros sanitarios a la
dosis necesaria.
·
Prohibir la financiación por parte de la industria farmacéutica de
congresos, actividades científicas y de investigación, que deberán ser
sufragadas con fondos públicos.
·
Acabar con todo tipo de publicidad de medicamentos.
marzo de 2015
[2] http://lacienciaysusdemonios.com/2015/01/13/el-caso-del-medicamento-sovaldi-contra-la-hepatitis-c-como-ejemplo-de-la-ruinosa-privatizacion-de-la-investigacion-biomedica/
[5] El contagio no fue sólo con el virus de la
Hepatitis C, sino también con el del SIDA y la Hepatits B, transmitidos
exclusivamente a través del contacto directo con la sangre de personas
infectadas.
[6] Miguel Jara explica como a los reclusos de les
pagaba 7 dólares por unidad que luego era revendida a 50$. El Departamento de
Prisiones se quedaba con la mitad del dinero.
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=339
[7] http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_139.PDF. Pueden consultarse las intervenciones de todos
los Grupo Parlamentarios en este enlace
al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados entre las páginas 4.123 y
4.126.
[9] Jose Federico de Carvajal es citado por Joan Garcés
en su libro “Soberanos e Intervenidos”, junto a Carlos Zayas, Mariano Rubio y
Joan Raventós como integrantes del grupo de socialistas que se ofrecían al
Embajador de EE.UU. en Madrid, para informar “sobre personas de sensibilidad
socialista dispuestas a combatir al Partido Comunista si recibieran los apoyos
materiales que buscaban”. Garcés, J. (1966). “Soberanos e Intervenidos”.Pag
161.
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