La Administración Pública está sometida al imperio de la Ley y del Derecho, es decir al ordenamiento jurídico . Vamos a ir analizando en este comentario cómo el mobbing y el tráfico de influencias no solo se dan con mucha frecuencia en la función pública sino también aquellos aspectos que pueden facilitar su mejor comprensión y los recursos legales que en la actualidad existen para la legítima defensa de aquellos funcionarios que están sometidos a esas negativas conductas. BASE JURÍDICA DE ACTUACIÓN DEL AFECTADO 1.- ¿Qué establece la Constitución Española de 1978? “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradan
.........................................................AGENCIA INTERNACIONAL DE NOTICIAS