Un trabajador es hoy 33 euros más barato para la empresa que en 2012
UGT | viernes, 16 de junio de 2017
Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del primer trimestre de 2017 reflejan que los salarios continúan cayendo, a pesar de que la economía crece, que las empresas ya han superado con creces la anterior crisis, y que están consiguiendo elevados beneficios. Un trabajador le costó a una empresa en este primer trimestre un total de 33 euros menos que en igual trimestre de 2012, y el trabajador percibió 13 euros menos. El discurso autocomplaciente del Gobierno del PP no se compadece en absoluto con la realidad que viven las familias, por eso UGT insiste en la necesidad de que los salarios aumenten este año entre un 1,8% y un 3%.
El coste salarial por trabajador descendió en el primer trimestre del año un 0,2% respecto del mismo trimestre del año anterior. Es la tercera caída consecutiva en términos anuales. Por su parte, el coste laboral total no ha variado.
La clase trabajadora fue la gran damnificada en la Gran Recesión, de 2008 a 2013; fue la que sufrió de manera más aguda los recortes de las políticas de austeridad que se aplicaron desde 2010; y ahora, que estamos en plena fase expansiva (2017 es el cuarto año de crecimiento consecutivo del PIB), sigue perdiendo, junto a los pensionistas, capacidad adquisitiva. Esta situación no es sostenible, ni por eficiencia económica ni por justicia social.
El discurso autocomplaciente del Gobierno del PP no se compadece en absoluto con la realidad que están viviendo las familias en nuestro país, que ven cómo su bienestar se reduce a pesar de que el PIB aumenta. La Estadística de costes laborales ofrece otro dato para que el Gobierno recapacite y actúe en consecuencia: un trabajador le costó a una empresa en el primer trimestre de 2017 un total de 33 euros menos que en el primero de 2012, y el trabajador percibió 13 euros menos. Este es también el resultado de su gestión económica: una mayor devaluación salarial, la continuación de un modelo competitivo basado en la continua rebaja de costes laborales y, en definitiva, el empobrecimiento de la mayoría trabajadora de este país.
Esta situación tiene mucho que ver con el aumento de la precariedad laboral que ha provocado la reforma laboral de 2012, que ha hecho que el empleo que se crea sea muy mayoritariamente temporal y a tiempo parcial involuntario, que aumente la rotación y que se reduzcan las retribuciones. Un empleo que no es garantía de llegar a fin de mes y que en muchas ocasiones, no permite siquiera salir de situaciones de exclusión social y riesgo de pobreza.
Mientras esto sucede, el IPC creció en mayo a un ritmo anual del 1,9%, y se espera que termine el año con un incremento medio del 2,1%. Es decir, que mientras los salarios se reducen, los precios aumentan. Y en consecuencia, los trabajadores y las trabajadoras pierden poder de compra y calidad de vida.
En este contexto, la actual propuesta de la patronal, con aumentos tan solo del 1 al 2%, y con medio punto adicional en función de criterios muy subjetivos y difícilmente realizables, resulta muy insuficiente, porque implica que la práctica totalidad de los trabajadores sufran una nueva pérdida de poder de compra.
UGT y CCOO insistimos en aumentar los salarios en 2017 entre un 1,8% y un 3%, incluyendo también cláusulas de revisión salarial para evitar que aumentos imprevistos de la inflación anulen el incremento pactado. No es posible que los salarios no ganen poder de compra en 2017 con la economía creciendo el 3% y con las empresas obteniendo cuantiosos beneficios y repartiendo elevados dividendos.
La recuperación económica no puede ser considerada como tal si no beneficia a la mayoría social, y para ello es imprescindible que se cree empleo de calidad y que los salarios aumenten por encima de los precios. El objetivo no es que crezca el PIB para unos pocos, sino que aumente el desarrollo del país para la inmensa mayoría. La patronal y el Gobierno deben recapacitar y situar sus propuestas en esta línea; si no, el diálogo social no tiene sentido.
El coste salarial por trabajador descendió en el primer trimestre del año un 0,2% respecto del mismo trimestre del año anterior. Es la tercera caída consecutiva en términos anuales. Por su parte, el coste laboral total no ha variado.
La clase trabajadora fue la gran damnificada en la Gran Recesión, de 2008 a 2013; fue la que sufrió de manera más aguda los recortes de las políticas de austeridad que se aplicaron desde 2010; y ahora, que estamos en plena fase expansiva (2017 es el cuarto año de crecimiento consecutivo del PIB), sigue perdiendo, junto a los pensionistas, capacidad adquisitiva. Esta situación no es sostenible, ni por eficiencia económica ni por justicia social.
El discurso autocomplaciente del Gobierno del PP no se compadece en absoluto con la realidad que están viviendo las familias en nuestro país, que ven cómo su bienestar se reduce a pesar de que el PIB aumenta. La Estadística de costes laborales ofrece otro dato para que el Gobierno recapacite y actúe en consecuencia: un trabajador le costó a una empresa en el primer trimestre de 2017 un total de 33 euros menos que en el primero de 2012, y el trabajador percibió 13 euros menos. Este es también el resultado de su gestión económica: una mayor devaluación salarial, la continuación de un modelo competitivo basado en la continua rebaja de costes laborales y, en definitiva, el empobrecimiento de la mayoría trabajadora de este país.
Esta situación tiene mucho que ver con el aumento de la precariedad laboral que ha provocado la reforma laboral de 2012, que ha hecho que el empleo que se crea sea muy mayoritariamente temporal y a tiempo parcial involuntario, que aumente la rotación y que se reduzcan las retribuciones. Un empleo que no es garantía de llegar a fin de mes y que en muchas ocasiones, no permite siquiera salir de situaciones de exclusión social y riesgo de pobreza.
Mientras esto sucede, el IPC creció en mayo a un ritmo anual del 1,9%, y se espera que termine el año con un incremento medio del 2,1%. Es decir, que mientras los salarios se reducen, los precios aumentan. Y en consecuencia, los trabajadores y las trabajadoras pierden poder de compra y calidad de vida.
En este contexto, la actual propuesta de la patronal, con aumentos tan solo del 1 al 2%, y con medio punto adicional en función de criterios muy subjetivos y difícilmente realizables, resulta muy insuficiente, porque implica que la práctica totalidad de los trabajadores sufran una nueva pérdida de poder de compra.
UGT y CCOO insistimos en aumentar los salarios en 2017 entre un 1,8% y un 3%, incluyendo también cláusulas de revisión salarial para evitar que aumentos imprevistos de la inflación anulen el incremento pactado. No es posible que los salarios no ganen poder de compra en 2017 con la economía creciendo el 3% y con las empresas obteniendo cuantiosos beneficios y repartiendo elevados dividendos.
La recuperación económica no puede ser considerada como tal si no beneficia a la mayoría social, y para ello es imprescindible que se cree empleo de calidad y que los salarios aumenten por encima de los precios. El objetivo no es que crezca el PIB para unos pocos, sino que aumente el desarrollo del país para la inmensa mayoría. La patronal y el Gobierno deben recapacitar y situar sus propuestas en esta línea; si no, el diálogo social no tiene sentido.
Valoración de Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT
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