Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado han sido aprobados
por el Congreso de Diputados. Parece, por lo tanto, que Rajoy ha
ganado estabilidad política por uno o dos años. Pero, en los
próximos meses, no podrá evitar de responder a grandes problemas
políticos y sociales.
En primer lugar, es el aumento de la conflictividad social. Los
presupuestos pueden provocar nuevas luchas sociales porque
representan la continuación de los recortes, de la pérdida del
poder adquisitivo de los salarios del sector público y de las
pensiones, de la desatención las necesidades sociales más urgentes
como las prestaciones por desocupación, vivienda o pobreza
energética y no crean puestos de trabajo público, a pesar de la
convocatoria de oposiciones.
Los datos muestran que el número de huelgas ha
disminuido en los últimos años, pero en cambio han aumentado tanto
el número de trabajadores en huelga como el de horas de trabajo
perdidas. Las luchas de los trabajadores son ahora más largas y
participan más trabajadores (1).
Estaríamos viviendo un cambio de ciclo en las luchas obreras.
En segundo lugar, está la lucha de Catalunya por el derecho de
autodeterminación. La defensa del derecho del pueblo catalán,
expresado en manifestaciones masivas y en las elecciones, no es un
«problema de los catalanes» con el estado, ni aun menos con el
resto de pueblos: es un problema del conjunto de todos los
trabajadores/as y de los pueblos del Estado español.
El sistema político nacido en la Transición niega este derecho pero
ahora está totalmente en crisis y liberarnos de él tiene que ser un
objetivo de todos los trabajadores/as y todos los pueblos. Por esto
defender a Catalunya contra la opresión y la represión del Estado
es de todos. Si el Estado impide el derecho de autodeterminación,
todos los pueblos seremos algo más súbditos. Si Catalunya consigue
romper las cadenas, se allanará el camino para abolir la Monarquía
y permitir un nuevo marco de reencuentro de pueblos libres con
Federación de Repúblicas, que queremos que sean obreras y
socialistas por el alcance de la ruptura no solo con el estado sino
con el capitalismo. Pero esto solo se puede conseguir con la
movilización solidaria de los pueblos y los trabajadores.
Finalmente, està la corrupción del Partido
Popular. Rajoy está rodeado por todo tipo de denuncias de corrupción
y por los escándalos de manipulación de la Fiscalía General del
Estado y de los tribunales. La lista de los casos de corrupción es
muy larga y afecta todas las instituciones, incluida la monarquía, y
todos los partidos del sistema. Según datos del Consejo General del
Poder Judicial (2),
desde del inicio de la Transición, se han descubierto más de 175
tramas (126 sólo del PP y PSOE), 1.660 causas en 2013
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha
calculado que el coste de la corrupción es 90.000 millones de euros
anuales (47.500 millones de euros por los sobrecostes administrativos
por carencia de control y el resto por las otras formas de
corrupción). Esto significa casi 9% del PIB. Solo tenemos que
comparar estar cifra el coste previsto de los intereses de la deuda
para 2017 (33.000 millones)
Esta situación se está volviendo políticamente insostenible pero
sin movilizaciones en la calle, Rajoy y el Partido popular
continuarán al poder. Por esto, hay que ayudar a organizar esta
movilización e imponer a las organizaciones sindicales y de
izquierdas la convocatoria de la lucha contra el Gobierno Rajoy,
hacia la huelga general.
Pero al mismo tiempo que se impulsa la movilización también hay que
construir una nueva alternativa política. No podemos permitir que
otra Syriza acabe respondiendo a nuestra lucha con la «política de
lo posible» que acabe siendo una repetición de lo de siempre: bajar
salarios y pensiones y privatizar al dictado de la UE.
La realidad es que o se gobierna apoyándose directamente en la
movilización obrera y popular o se acaba haciendo el juego a los
poderosos. No hay puntos de conciliación. Por eso, es imprescindible
una alternativa política que asuma acabar con el Gobierno Rajoy y
avanzar hacia un Gobierno de los trabajadores/as que no pague la
deuda y asegure un Plan obrero de urgencia y que defienda la libertad
de los pueblos.
Hay antecedentes de una alternativa política de este tipo. En las
elecciones europeas de 2009, se presentó la candidatura Iniciativa
Internacionalista, en la que participaban organizaciones de
izquierda, sindicales y sociales de todo el estado, entre las que se
encontraban el SAT de Andalucía, organizaciones vascas, Izquierda
Castellana y también Lucha Internacionalista. Ahora hay que volver a
intentarlo, no solo para presentarse a las elecciones sino para
encabezar las luchas.
Andreu Pagès
(Miembro de Lucha Internacionalista)
1Conflictividad
social Abril 2017. Departamento de Relaciones Laborales. CEOE
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