En 2013 creíamos que el Gobierno israelí iba a poner fin al statu quo en lo que a competencias exclusivas de la ortodoxia se refiere: el matrimonio, la definición de judío, las exenciones al servicio militar, etc. No obstante, la precipitación de nuevas elecciones en marzo de 2015 volvió a incluir a partidos ultraortodoxos en la coalición de Gobierno y los cambios o han quedado en suspenso o se han ralentizado.
En lo referente al servicio militar hay ciertos avances. Ciertamente, en los últimos años se está produciendo una reintegración silenciosa de los ultraortodoxos a través del Ejército que, de seguir así, proveerá los frutos esperados a medio plazo. En cambio, el monopolio de la Rabanut(organismo público encargado de los asuntos religiosos, manejado por ultraortodoxos) sobre el matrimonio y el divorcio sigue igual: estancado y generando situaciones incómodas y, sobre todo, antidemocráticas.
El Jerusalem Post publicaba a principios de año un reportaje sobre las dificultades de casarse o divorciarse en Israel, que padece un sector cada vez mayor de la población. Según la organización Hidush, que aboga por la pluralidad religiosa, unos 660.000 ciudadanos israelíes no pueden celebrar un matrimonio legal, por diferentes razones.
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