¿Tenemos derecho a tener derechos?
Hablamos:
- del Derecho a la Sanidad Pública universal y de calidad.
- del Derecho a una Educación Pública para todos y todas que nos forme en libertad y con sentido crítico.
- del Derecho a que nuestras personas Dependientes (personas mayores, niños y niñas, personas enfermas y solas), sean cuidadas para que puedan tener una calidad de vida digna.
- del Derecho a Pensiones Públicas suficientes para todos y todas.
- del Derecho a que en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, los servicios públicos de Limpieza, Agua, Energía, Vivienda, Asuntos Sociales, Medio Ambiente, Educación Infantil, Información y Comunicación, Transportes, etc. sean prestados y atendidos por empresas públicas, donde la suficiencia y la eficiencia de estos servicios, se garanticen siempre.
- del Derecho a una Comunicación Pública (Radios, Correos, Televisiones, Prensa…) para todas las personas, que garantice la libertad de expresión y una información libre desde el interés común y general.
- del Derecho a una Renta Básica garantizada para todos y todas.
Nuestra respuesta es muy clara: Todas y Todos tenemos DERECHO a estos DERECHOS, porque son Derechos Fundamentales de todos los seres humanos.
¿Por qué nos han quitado estos Derechos Fundamentales y quienes son los responsables de esta barbaridad?:
La desposesión de los bienes comunes que garantizaban la subsistencia de la gente y cierta independencia de no ser sometidos al trabajo asalariado, está en los orígenes del capitalismo.
Lo que apareció a partir de los años 70 es la desposesión de los servicios esenciales para la comunidad a través de su mercantilización, y las privatizaciones de las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios, patrimonio de toda la sociedad, para ser convertidos en negocio privado.
La “Gran Crisis” como excusa, nos conduce a la Gran Estafa Social:
La crisis-estafa que el capitalismo genera a partir del 2007, agudiza de manera letal la desposesión, y nos encontramos que, en el período 2009-2014, la reducción del gasto público se acerca a los 78.000 millones de euros en el estado español.
Los recortes son dramáticos para la mayoría social. Ninguno de los bienes comunes, se libra de esta barbarie: la educación, la sanidad, la vivienda, las prestaciones de desempleo, los cuidados, la dependencia, la cultura, las pensiones, las inversiones en lo público…
Los distintos gobiernos, al dictado de Bruselas, directamente recortaron el gasto social en las tres grandes partidas que afectan a los Derechos Sociales: los servicios públicos básicos, las prestaciones de la protección social y las políticas sociales.
RECORTES EN EL GASTO PÚBLICO 2009-2014
PARTIDA
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En Millones de €
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Política de vivienda
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- 6.979 Millones
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Educación (en los tres niveles)
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- 6.138 Millones
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Atención sanitaria
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- 5.564 Millones
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Política a la familia e infancia
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- 2.692 Millones
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Servicios culturales
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- 2.275 Millones
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Cooperación internacional
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- 2.060 Millones
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Inversiones en I+D básica
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- 1.337 Millones
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Política industrial
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- 1.206 Millones
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Enfermedad e incapacidades
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- 1.099 Millones
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Prestaciones de desempleo
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- 7.231 Millones
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Inversiones en infraestructuras del Transporte
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- 10.789 Millones
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Inversiones en I+D asuntos económicos
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- 1.068 Millones
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Gasto sanitario: 9.600 Millones de €, lo que supone una reducción salarial del personal sanitario de 3.244 Millones de € (menos plantilla y menos salarios) y la inversión en Sanidad que se redujo en 2.144 Millones de €.
Gasto educativo: 7.394 Millones de €, perdiendo las personas asalariadas un total de 3.705 Millones de € (menos plantilla y menos salarios) y dejando de invertir por 2.235 Millones de €.
Gasto por desempleo: el gasto bajó en 7.231 Millones de €, bajando de manera drástica la tasa de cobertura (solamente el 54% de las personas paradas perciben alguna prestación), así como las cantidades de la prestación que cada vez son menores.
Se han destruido en todas las Administraciones Públicas, 156.000 empleos y la pérdida de un 17% real en el gasto salarial. Infra inversión y precarización generalizada en toda la cadena del trabajo público.
Los llamados “gobiernos del cambio” prometieron en sus programas, la reversión de los Derechos robados a la ciudadanía:
- Remunicipalización de los Servicios Públicos prestados por los gobiernos locales y que habían sido privatizados: limpieza viaria, agua, energía, residuos, transporte, medio ambiente, vivienda, atención social, etc.
- Garantía de los Derechos Básicos: Sanidad, Educación, Vivienda, para todas las personas, por ley.
- Derogación del artículo 135 de la Constitución, pactada por el PSOE-PP-CIU-PNV, en septiembre 2011, que garantizaba que siempre habrá dinero para el pago de unaDeuda Ilegítima y, en muchos casos, Ilegal.
- Derogación de las Reformas Laborales del 2010 (PSOE) y del 2012 (PP), que permite el despido libre del personal laboral en todas las Administraciones públicas y Empresas públicas.
La realidad ahora:
El expolio de lo público, se ha llevado a cabo derivando miles de millones de eurosde los impuestos, al pago de los bancos y a los fondos buitre, que antes se dedicaban al gasto social, deteriorando los mismos, a la vez que los presentan como ineficaces e insuficientes, creando una determinada conciencia de escasez y empujando a la mayoría social a “echarse en manos del mercado”.
La política fiscal del país, en especial con la recaudación a través del Impuesto de Sociedades, ha supuesto que entre 2007 y 2014, lo recaudado por esta vía haya bajado un 58% (18.173 millones de euros), cuando en este mismo periodo los beneficios de las empresas tan sólo han bajado un 1%.
17 de las 35 compañías del Ibex35 no pagan absolutamente nada por este impuesto, a pesar de que sólo tres de ellas reflejaron pérdidas en su cuenta de resultados de 2014.
Las políticas fiscales, permiten la elusión a los grandes capitales, así por ejemplo, el desvío de capitales hacia paraísos fiscales, supuso que “entre 2013 y 2014 creció en España un 2.000%, sobre todo a las Islas Caimán (1.969 millones de euros, 64 veces más que la inversión que se ha hecho en Alemania). Oxfam calcula que, sólo con lo que ha ido a parar a las Islas Caimán, se han dejado de ingresar en las arcas públicas de nuestro país entre 144 y 550 millones de euros. “Con esto se podría cubrir toda la asistencia sanitaria a la población inmigrante en España”.
Las privatizaciones, las externalizaciones de los servicios públicos, por cualquiera de las modalidades formales-jurídicas, tienen su sustentación política enla modificación del artículo 135 de la Constitución, la cual embrida a todas las Administraciones del estado, impidiéndoles el endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el estado español, además de las políticas de congelación de convocatorias de plazas para cubrir los puestos necesarios en los Servicios Públicos.
La defensa de los Servicios Públicos como derechos sociales para todas, nos indica que hay que apostar clara y nítidamente por la universalidad, suficiencia y eficiencia de éstos y la participación de las personas usuarias y trabajadoras en su gestión.
La lucha de todas las personas afectadas (millones), de los movimientos sociales y de los sindicatos verdaderamente de clase, es la única garantía de empujar en el giro de 180º, para lograr la reapropiación de lo que es de todos y todas.
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