#IU anuncia una querella contra Rajoy y su gobierno por suscribir el contrato criminal y de la vergüenza entre la UE y Turquía contra los derechos de las personas refugiadas
“NO SE PUDE MIRAR PARA OTRO LADO PORQUE ESTAMOS ANTE ACTUACIONES CONSTITUTIVAS DE DELITO”mundo obreroAlberto Garzón, Marina Albiol y el abogado Gonzalo Boye explican en dependencias parlamentarias las características de esta acción judicial que se concretará la próxima semana.
Izquierda Unida ultima una querella criminal que presentará la próxima semana en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el resto de su Consejo de Ministros por suscribir lo que esta formación tacha como el “contrato criminal y de la vergüenza” entre la Unión Europa (UE) y Turquía para expulsar a las personas refugiadas y migrantes que lleguen a Europa hacia suelo turco.
El portavoz parlamentario de IU-UP en el Congreso, Alberto Garzón, la eurodiputada de IU Mariana Albiol, junto al abogado Gonzalo Boye, fueron los encargados de anunciar esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja. Además, IU prepara otro tipo de acciones judiciales para presentar ante instancias europeas en relación al contenido concreto de este acuerdo firmado el pasado viernes.
El parlamentario de IU-UP denunció que “no se puede mirar hacia otro lado y dejarlo estar como si fuera una anécdota de la historia”, por lo que ante hechos tan graves “nosotros no lo vamos a hacer. Estamos ante actuaciones que son constitutivas de delitos”. En lo que respecta a nuestro país apuntó directamente a la responsabilidad de Rajoy y de su Gobierno en funciones por suscribir “ese texto vergonzoso”.
Garzón alegó que lo hecho por Rajoy “afecta y ataca a la concepción democrática que tenemos en nuestro país”. Al tiempo, rechazó el argumento desplegado por el Gobierno del PP de que el acuerdo cuenta con el respaldo del Parlamento porque respeta las directrices previas marcadas por el resto de formaciones para evitar las expulsiones masivas y que se vulneraran los derechos de los refugiados.
Advirtió de que el presidente en funciones ha comprometido a toda la ciudadanía española con su firma “y no es lógico que piense que el Parlamento no puede fiscalizar su actuación, incluido este tratado de la vergüenza”. De ahí que denunciara que Mariano Rajoy “se comporta como un dictador temporal” al negarse a dar cuentas en sede parlamentaria.
Valoró que es “un drama y un crimen lo que está sucediendo a las puertas de Europa” y se mostró convencido de que “las próximas generaciones nos pasarán factura por ello”. Para Garzón, “da vergüenza y asco vivir en una Europa así”, la misma Unión Europea cuyos máximos dirigentes “actuaron hace tiempo con un golpismo financiero contra Grecia y ahora lo hacen de forma criminal contra personas desamparadas”, con el agravante, además, de que obran así “porque son pobres, ya que no actúan de esta manera contra los migrantes con dinero”. Resumió apuntando a que “estamos viendo comportamientos muy parecidos a los del fascismo de los años 30”.
Marina Albiol, por su parte, se mostró especialmente dura con lo sucedido. Denunció que los mandatarios europeos no solo no asumen responsabilidades por las guerras que están detrás de este movimiento masivo de refugiados o “por la militarización del Mediterráneo, el cierre de fronteras y por no habilitar vías seguras para que transiten estas personas”, sino que “han acabado asumiendo el discurso de la extrema derecha”.
Aludió en todo momento al acuerdo UE-Turquía como “contrato” al que se ha querido dar una “falsa apariencia de legalidad”. Éste lleva aparejado que “Turquía hará de policía de fronteras por 6.000 millones de euros. Es decir, otros hacen el trabajo sucio mientras la Unión Europea hace la vista gorda a la masacre de los kurdos, a los recortes a la libertad de expresión y a que Turquía ocupe la mitad de un país como Chipre”.
“El objetivo -denunció vehemente- no es otro que expulsar a todas las personas que piden asilo, asumiendo que Turquía es un país seguro, cuando no lo es”, como están cansadas de denunciar organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o la propia Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Sabiendo que no están contempladas en el acuerdo y que no va a conseguir ninguna respuesta, Albiol lanzó preguntas tan concretas y decisivas como “¿Dónde van a estar esas personas que se devuelvan a Turquía? ¿Van a estar en campos de refugiados, en campos de detención o también serán expulsadas de allí? ¿Qué pasará con los kurdos sirios que se devuelva? ¿Quién vigilará el trato que reciban?” Por todo ello, insistió que estamos ante “un contrato inhumano e ilegal”.
El abogado Gonzalo Boye se ocupó de detallar la parte legal y denunció que lo que ampara el acuerdo “va mucho más allá de las ‘devoluciones en caliente’”, ya que alcanza a la deportación y el trasladado forzoso de “personas que gozan de una especial protección” por huir de conflictos armados.
Destacó que “la firma de este contrato ya implica hechos ilegales y criminales” al estar hablando de un “contrato de prestación de servicios a cambio de dinero”, en lo que es una mera “externalización de servicios” a cambio de 6.000 millones de euros.
Boye enumeró que el texto no solo atenta contra varios acuerdos internacionales como la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios tratados europeos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino que afecta a delitos contemplados en el Código Penal español.
Eludió entrar en detalles sobre las penas concretas que se pedirán contra Rajoy y el resto de miembros del Ejecutivo querellados, aunque sí indicó ante las reiteradas preguntas que algunos de los delitos presuntamente cometidos llevan aparejadas “penas de cárcel, elevadas en algunos casos, y también de inhabilitación”.
Al final de la rueda de prensa, Alberto Garzón adelantó también su intención de ponerse en contacto con otras fuerzas políticas y sociales para promover “una convocatoria masiva, conjunta y bien organizada” para que el rechazo “contra el acuerdo de la vergüenza” se visibilice de forma nítida en la calle, dado que la sociedad española “está muy sensibilizada” con esta cuestión. “Queremos que se vea con claridad el ‘No en nuestro nombre’, como pasó en las manifestaciones contra la guerra en Irak”, sentenció.
El portavoz parlamentario de IU-UP en el Congreso, Alberto Garzón, la eurodiputada de IU Mariana Albiol, junto al abogado Gonzalo Boye, fueron los encargados de anunciar esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja. Además, IU prepara otro tipo de acciones judiciales para presentar ante instancias europeas en relación al contenido concreto de este acuerdo firmado el pasado viernes.
El parlamentario de IU-UP denunció que “no se puede mirar hacia otro lado y dejarlo estar como si fuera una anécdota de la historia”, por lo que ante hechos tan graves “nosotros no lo vamos a hacer. Estamos ante actuaciones que son constitutivas de delitos”. En lo que respecta a nuestro país apuntó directamente a la responsabilidad de Rajoy y de su Gobierno en funciones por suscribir “ese texto vergonzoso”.
Garzón alegó que lo hecho por Rajoy “afecta y ataca a la concepción democrática que tenemos en nuestro país”. Al tiempo, rechazó el argumento desplegado por el Gobierno del PP de que el acuerdo cuenta con el respaldo del Parlamento porque respeta las directrices previas marcadas por el resto de formaciones para evitar las expulsiones masivas y que se vulneraran los derechos de los refugiados.
Advirtió de que el presidente en funciones ha comprometido a toda la ciudadanía española con su firma “y no es lógico que piense que el Parlamento no puede fiscalizar su actuación, incluido este tratado de la vergüenza”. De ahí que denunciara que Mariano Rajoy “se comporta como un dictador temporal” al negarse a dar cuentas en sede parlamentaria.
Valoró que es “un drama y un crimen lo que está sucediendo a las puertas de Europa” y se mostró convencido de que “las próximas generaciones nos pasarán factura por ello”. Para Garzón, “da vergüenza y asco vivir en una Europa así”, la misma Unión Europea cuyos máximos dirigentes “actuaron hace tiempo con un golpismo financiero contra Grecia y ahora lo hacen de forma criminal contra personas desamparadas”, con el agravante, además, de que obran así “porque son pobres, ya que no actúan de esta manera contra los migrantes con dinero”. Resumió apuntando a que “estamos viendo comportamientos muy parecidos a los del fascismo de los años 30”.
Marina Albiol, por su parte, se mostró especialmente dura con lo sucedido. Denunció que los mandatarios europeos no solo no asumen responsabilidades por las guerras que están detrás de este movimiento masivo de refugiados o “por la militarización del Mediterráneo, el cierre de fronteras y por no habilitar vías seguras para que transiten estas personas”, sino que “han acabado asumiendo el discurso de la extrema derecha”.
Aludió en todo momento al acuerdo UE-Turquía como “contrato” al que se ha querido dar una “falsa apariencia de legalidad”. Éste lleva aparejado que “Turquía hará de policía de fronteras por 6.000 millones de euros. Es decir, otros hacen el trabajo sucio mientras la Unión Europea hace la vista gorda a la masacre de los kurdos, a los recortes a la libertad de expresión y a que Turquía ocupe la mitad de un país como Chipre”.
“El objetivo -denunció vehemente- no es otro que expulsar a todas las personas que piden asilo, asumiendo que Turquía es un país seguro, cuando no lo es”, como están cansadas de denunciar organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o la propia Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Sabiendo que no están contempladas en el acuerdo y que no va a conseguir ninguna respuesta, Albiol lanzó preguntas tan concretas y decisivas como “¿Dónde van a estar esas personas que se devuelvan a Turquía? ¿Van a estar en campos de refugiados, en campos de detención o también serán expulsadas de allí? ¿Qué pasará con los kurdos sirios que se devuelva? ¿Quién vigilará el trato que reciban?” Por todo ello, insistió que estamos ante “un contrato inhumano e ilegal”.
El abogado Gonzalo Boye se ocupó de detallar la parte legal y denunció que lo que ampara el acuerdo “va mucho más allá de las ‘devoluciones en caliente’”, ya que alcanza a la deportación y el trasladado forzoso de “personas que gozan de una especial protección” por huir de conflictos armados.
Destacó que “la firma de este contrato ya implica hechos ilegales y criminales” al estar hablando de un “contrato de prestación de servicios a cambio de dinero”, en lo que es una mera “externalización de servicios” a cambio de 6.000 millones de euros.
Boye enumeró que el texto no solo atenta contra varios acuerdos internacionales como la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios tratados europeos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino que afecta a delitos contemplados en el Código Penal español.
Eludió entrar en detalles sobre las penas concretas que se pedirán contra Rajoy y el resto de miembros del Ejecutivo querellados, aunque sí indicó ante las reiteradas preguntas que algunos de los delitos presuntamente cometidos llevan aparejadas “penas de cárcel, elevadas en algunos casos, y también de inhabilitación”.
Al final de la rueda de prensa, Alberto Garzón adelantó también su intención de ponerse en contacto con otras fuerzas políticas y sociales para promover “una convocatoria masiva, conjunta y bien organizada” para que el rechazo “contra el acuerdo de la vergüenza” se visibilice de forma nítida en la calle, dado que la sociedad española “está muy sensibilizada” con esta cuestión. “Queremos que se vea con claridad el ‘No en nuestro nombre’, como pasó en las manifestaciones contra la guerra en Irak”, sentenció.
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