EL DUMPING SOCIAL Y LABORAL, UNA AMENAZA REAL PARA LOS TRABAJADORES
La Comisión propugna una liberalización creciente de las relaciones laborales al estilo americano, en detrimento de la protección de los trabajadores y derechos como el de la negociación colectiva.
La Comisión propugna una liberalización creciente de las relaciones laborales al estilo americano, en detrimento de la protección de los trabajadores y derechos como el de la negociación colectiva.
Los indicadores cuantitativos dan buena cuenta del catastrófico colapso del modelo neoliberal en el mercado de trabajo, especialmente en aquellos países donde Gobiernos y la UE han profundizado en los recortes y la precarización del marco de relaciones laborales.
Así, en la UE-28 la tasa de paro ha aumentado del 7% en 2008 al 10,2% en 2014 (7,6% y 11,6% en la eurozona). Por encima de la media se encuentran sólo los países de la periferia de la Eurozona donde las instituciones europeas han aplicado con más dureza sus recetas, a través de rescates y presiones sobre los Gobiernos elegidos (Irlanda 11,3%; Grecia 26,5%; España 24,5%; Italia 12,7%; Chipre, 16,1%; Portugal 14,1%), pero también varios países del Este, injustamente olvidados a veces (Eslovaquia, Lituania, Letonia, Croacia, Bulgaria).
Estos resultados son indicativos de una recuperación mucho más lenta que la de otras economías desarrolladas, como Japón (el paro cae del 4% al 3,6%) y EEUU (donde se mantiene alrededor del 6%). En relación a este último dato, la Comisión argumentará que la recuperación americana se debe a la flexibilidad de su marco laboral y a la liberalización de su mercado interno -y no, como sería lógico reconocer, a una política de menor austeridad y a la caída en la tasa de participación laboral.
La caída en la tasa de ocupación es grave en varios de los países más afectados por la crisis: en España, donde cae 8 puntos, Chipre (9) o Grecia, donde cae 12 puntos, el descenso es particularmente abismal, señal del desánimo de buena parte de la clase trabajadora.
Se producen también cambios reseñables en la composición sectorial y contractual del empleo.
Por un lado, una acelerada tercerización del empleo, debido al colapso de la industria y los sectores afines. En España, el sector servicios se incrementa del 70% hasta el 78%, uno de los porcentajes más elevados de la UE. Incluso en Alemania, el peso del sector industrial registra un ligero descenso, lo que evidencia la imposibilidad de mantener una locomotora industrial sin un crecimiento sostenido, que impulse la demanda de bienes de inversión e infraestructura.
Por el otro, el desarrollo del tiempo parcial (del 17,5% al 19,6% del empleo total en la UE; 18,7% al 21,6% en la eurozona). Cabe señalar, sin embargo, que en lo que a tiempo parcial se refiere, son los países del centro europeo los que recurren más al mismo: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y -excepcionalmente- Irlanda son los países donde el tiempo parcial está más desarrollado, lo que sugiere que la flexibilización del mercado es integral al éxito exportador del "centro" europeo. En otros lares, sin embargo, el desarrollo del tiempo parcial debe mirarse con grave preocupación: más del 60% de españoles, búlgaros y griegos a tiempo parcial desearían un empleo a tiempo completo, ídem para la mitad de los chipriotas, italianos, rumanos o portugueses. En este caso, el tiempo parcial sirve a una forma de "reparto" del trabajo favorable a los intereses de la patronal, que aprovecha el desempleo masivo para disponer de la mano de obra a su antojo. El mismo deterioro se produce en los contratos temporales, aumentando entre 3 y 4 puntos el porcentaje de trabajadores que afirman aceptar este tipo de empleo por ausencia de alternativas de contratación indefinida.
Los efectos de estas políticas son conocidos. Por un lado, las rentas se polarizan y los quintiles inferiores pierden participación en los ingresos totales en favor de los quintiles de renta superior. Y es en la Eurozona donde más evidente es el aumento de la desigualdad, registrado por incrementos en el índice de Gini, polarización de las rentas o los niveles absolutos de pobreza. Así, la pobreza extrema pasa del 8,5% al 9,6% en la UE y del 5,9% al 7,5% en la Eurozona; mientras que el riesgo de pobreza aumenta del 23,3% al 24,5% en la UE y del 21,6% al 23% en el euro. La propia Comisión reconoce que el empleo ya no es siquiera garantía de un sustento digno.
Asimismo, se observa un deterioro del porcentaje de las rentas salariales especialmente en los países bálticos, presentados generalmente como "alumnos modelo" de la deflación competitiva y de manera general, a los sometidos con mayor dureza a las políticas de austeridad (Irlanda, Grecia, España, Chipre, Portugal), lo que evidencia el carácter de clase de la misma; así como otros países del este (Polonia o Rumanía).
Las movilizaciones frente al deterioro de las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores, huelgas incluidas, parecen haber llegado a un pico con la rápida destrucción de empleo en los primeros años del ajuste. El estancamiento posterior y una institucionalización creciente de la respuesta política han dificultado la labor de organización del movimiento obrero, salvo por algunos conflictos emblemáticos (Coca-Cola en varios países, siderúrgicas...). Asimismo, en este segundo período, el protagonismo del sector público en la destrucción de empleo de muchos países por causa de la austeridad tiene un carácter distinto al del cese de la actividad privada, ya que se produce (p.ej. en Grecia) a través de la no-renovación de plantillas y no-sustitución de pensionistas, lo que dificulta la respuesta sindical.
Cabe apuntar, también, al impacto de la migración como factor desmovilizador y de reto organizativo. No se trata de un fenómeno nuevo, ya que a las oleadas de migrantes de los años '60 y '70 del Sur de Europa, se sumaron con la ampliación el éxodo masivo de las poblaciones del Este de Europa. Las estadísticas oficiales registran un aumento de los trabajadoresmigrantes intra-europeos de 4 millones a 6 millones de 2005 a 2016 y de 6 millones a 8 millones hasta 2013. Estas cifras están sesgadas a la baja por la falta de registración de los migrantes, pero no dejan de resultar significativas. Oficialmente, además, hay más de un millón de trabajadores transfronterizos y un millón de trabajadores "desplazados" dentro de la Unión.
El aumento de la migración exterior es especialmente significativo en el Sur de Europa y los países bálticos, mientras que se mantienen los niveles de migración de los países del Este de Europa. Cabe señalar, además, que algunos países (como Portugal o Irlanda) son emisores significativos de migración extra europea. Nótese que el aumento de la migración es particularmente notable a partir de 2010, como respuesta a la destrucción permanente del empleo en los países emisores.
La política para el trabajo en Europa
Debido a la situación de emergencia social, las instituciones europeas se han visto impulsadas y hasta legitimadas para desarrollar una fuerte actividad en el marco de las políticas económica y de empleo. Sin embargo, éstas han sido frecuentemente contrarias a los intereses de los trabajadores y evidencian la gran dificultad para reforzar o aún mantener las conquistas sociales en el marco europeo, por la falta de control democrático sobre las decisiones de la UE y las dificultades en construir organizaciones sindicales con capacidad de movilización e influencia a nivel continental.
Por el contrario, existe una gran coordinación entre las instituciones europeas sobre la política del trabajo, especialmente en cuanto concierne a la regulación laboral. Apuntalada históricamente en documentos como el Informe Delors, la Comisión propugna una liberalización creciente de las relaciones laborales al estilo americano, en detrimento de la protección de los trabajadores y derechos como el de la negociación colectiva. Generalmente, este largo proceso histórico ocurre en un doble movimiento: en primer lugar, se denuncia la falta de flexibilidad del mercado laboral para un colectivo o sector en concreto; luego, la proliferación de contratos exige una simplificación del marco laboral, que culmina en una armonización a la baja de la protección laboral.
La crisis, la falta de liquidez de los mercados de deuda pública (a los que acude un BCE ajeno al control democrático, en intervención formal o informal) y los nuevos instrumentos desarrollados en respuesta a la misma (como el Semestre Europeo), ofrecen una oportunidad para diseminar recomendaciones específicas en favor de la privatización de las políticas activas, la disminución de cotizaciones y derechos de pensión, la contención salarial, la reducción de las compensaciones por despido etc., etc, con la connivencia de los Gobiernos de los Estados Miembros.
Por otro lado, el trabajo sufre también de la estrategia de creación de un Mercado Común sin armonización previa de los estándares laborales, salariales y tributarios, experiencia que sólo puede agravarse con la firma de los tratados de libre comercio con los EEUU y Canadá. Eldumping social y laboral, que la Comisión se resiste a reconocer como contrario a las políticas de competencia, es una amenaza real para los trabajadores europeos, que se ven forzados a revisar constantemente a la baja sus expectativas salariales y laborales para mantener la implantación de sus empleos.
Esta estrategia de "deflación competitiva" tiene, además, un recorrido muy corto, debido a que no es la estructura de costes el principal determinante de la debilidad económica de los estados del Sur y el Este de Europa, sino su diferente inserción en la cadena internacional del valor, con la ausencia de un sector tecnológico e industrial fuerte. Curiosamente, en este caso la Comisión Europea no tiene apuro en utilizar las normas de competencia para frenar las iniciativas de desarrollo industrial desde el sector público, que sufre además de los recortes impuestos en el presupuesto.
Cabe observar que la Comisión Europea ha renunciado a luchar por la convergencia productiva, como es evidente en el rol decreciente de los fondos de cohesión y su apuesta por la migración (mal llamada "movilidad") como solución de emergencia para el paro masivo en las regiones más desindustrializadas.
Finalmente, en su ámbito competencial, la Comisión Europea también es responsable, por omisión y propia iniciativa, de duros ataques contra el trabajo. Es el caso, por ejemplo, de la lentitud con el que la Comisión está revisando la lista de posibles cancerígenos y disruptores endocrinos que pueden afectar a la salud laboral, en violación de su propia legislación; la iniciativa de armonizar a la baja su regulación laboral a través de REFIT, con el fin de preparar un marco laboral compatible con sus prioridades en el comercio exterior (que incluyen, como ya se ha señalado, un acuerdo con los EEUU, país que no reconoce más de 70 convenios de la OIT y que congelaría, en cualquier caso, la regulación a los niveles existentes, sin permitir que Europa actuara para responder a nuevos retos o demandas del trabajo europeo).
Así, en la UE-28 la tasa de paro ha aumentado del 7% en 2008 al 10,2% en 2014 (7,6% y 11,6% en la eurozona). Por encima de la media se encuentran sólo los países de la periferia de la Eurozona donde las instituciones europeas han aplicado con más dureza sus recetas, a través de rescates y presiones sobre los Gobiernos elegidos (Irlanda 11,3%; Grecia 26,5%; España 24,5%; Italia 12,7%; Chipre, 16,1%; Portugal 14,1%), pero también varios países del Este, injustamente olvidados a veces (Eslovaquia, Lituania, Letonia, Croacia, Bulgaria).
Estos resultados son indicativos de una recuperación mucho más lenta que la de otras economías desarrolladas, como Japón (el paro cae del 4% al 3,6%) y EEUU (donde se mantiene alrededor del 6%). En relación a este último dato, la Comisión argumentará que la recuperación americana se debe a la flexibilidad de su marco laboral y a la liberalización de su mercado interno -y no, como sería lógico reconocer, a una política de menor austeridad y a la caída en la tasa de participación laboral.
La caída en la tasa de ocupación es grave en varios de los países más afectados por la crisis: en España, donde cae 8 puntos, Chipre (9) o Grecia, donde cae 12 puntos, el descenso es particularmente abismal, señal del desánimo de buena parte de la clase trabajadora.
Se producen también cambios reseñables en la composición sectorial y contractual del empleo.
Por un lado, una acelerada tercerización del empleo, debido al colapso de la industria y los sectores afines. En España, el sector servicios se incrementa del 70% hasta el 78%, uno de los porcentajes más elevados de la UE. Incluso en Alemania, el peso del sector industrial registra un ligero descenso, lo que evidencia la imposibilidad de mantener una locomotora industrial sin un crecimiento sostenido, que impulse la demanda de bienes de inversión e infraestructura.
Por el otro, el desarrollo del tiempo parcial (del 17,5% al 19,6% del empleo total en la UE; 18,7% al 21,6% en la eurozona). Cabe señalar, sin embargo, que en lo que a tiempo parcial se refiere, son los países del centro europeo los que recurren más al mismo: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y -excepcionalmente- Irlanda son los países donde el tiempo parcial está más desarrollado, lo que sugiere que la flexibilización del mercado es integral al éxito exportador del "centro" europeo. En otros lares, sin embargo, el desarrollo del tiempo parcial debe mirarse con grave preocupación: más del 60% de españoles, búlgaros y griegos a tiempo parcial desearían un empleo a tiempo completo, ídem para la mitad de los chipriotas, italianos, rumanos o portugueses. En este caso, el tiempo parcial sirve a una forma de "reparto" del trabajo favorable a los intereses de la patronal, que aprovecha el desempleo masivo para disponer de la mano de obra a su antojo. El mismo deterioro se produce en los contratos temporales, aumentando entre 3 y 4 puntos el porcentaje de trabajadores que afirman aceptar este tipo de empleo por ausencia de alternativas de contratación indefinida.
Los efectos de estas políticas son conocidos. Por un lado, las rentas se polarizan y los quintiles inferiores pierden participación en los ingresos totales en favor de los quintiles de renta superior. Y es en la Eurozona donde más evidente es el aumento de la desigualdad, registrado por incrementos en el índice de Gini, polarización de las rentas o los niveles absolutos de pobreza. Así, la pobreza extrema pasa del 8,5% al 9,6% en la UE y del 5,9% al 7,5% en la Eurozona; mientras que el riesgo de pobreza aumenta del 23,3% al 24,5% en la UE y del 21,6% al 23% en el euro. La propia Comisión reconoce que el empleo ya no es siquiera garantía de un sustento digno.
Asimismo, se observa un deterioro del porcentaje de las rentas salariales especialmente en los países bálticos, presentados generalmente como "alumnos modelo" de la deflación competitiva y de manera general, a los sometidos con mayor dureza a las políticas de austeridad (Irlanda, Grecia, España, Chipre, Portugal), lo que evidencia el carácter de clase de la misma; así como otros países del este (Polonia o Rumanía).
Las movilizaciones frente al deterioro de las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores, huelgas incluidas, parecen haber llegado a un pico con la rápida destrucción de empleo en los primeros años del ajuste. El estancamiento posterior y una institucionalización creciente de la respuesta política han dificultado la labor de organización del movimiento obrero, salvo por algunos conflictos emblemáticos (Coca-Cola en varios países, siderúrgicas...). Asimismo, en este segundo período, el protagonismo del sector público en la destrucción de empleo de muchos países por causa de la austeridad tiene un carácter distinto al del cese de la actividad privada, ya que se produce (p.ej. en Grecia) a través de la no-renovación de plantillas y no-sustitución de pensionistas, lo que dificulta la respuesta sindical.
Cabe apuntar, también, al impacto de la migración como factor desmovilizador y de reto organizativo. No se trata de un fenómeno nuevo, ya que a las oleadas de migrantes de los años '60 y '70 del Sur de Europa, se sumaron con la ampliación el éxodo masivo de las poblaciones del Este de Europa. Las estadísticas oficiales registran un aumento de los trabajadoresmigrantes intra-europeos de 4 millones a 6 millones de 2005 a 2016 y de 6 millones a 8 millones hasta 2013. Estas cifras están sesgadas a la baja por la falta de registración de los migrantes, pero no dejan de resultar significativas. Oficialmente, además, hay más de un millón de trabajadores transfronterizos y un millón de trabajadores "desplazados" dentro de la Unión.
El aumento de la migración exterior es especialmente significativo en el Sur de Europa y los países bálticos, mientras que se mantienen los niveles de migración de los países del Este de Europa. Cabe señalar, además, que algunos países (como Portugal o Irlanda) son emisores significativos de migración extra europea. Nótese que el aumento de la migración es particularmente notable a partir de 2010, como respuesta a la destrucción permanente del empleo en los países emisores.
La política para el trabajo en Europa
Debido a la situación de emergencia social, las instituciones europeas se han visto impulsadas y hasta legitimadas para desarrollar una fuerte actividad en el marco de las políticas económica y de empleo. Sin embargo, éstas han sido frecuentemente contrarias a los intereses de los trabajadores y evidencian la gran dificultad para reforzar o aún mantener las conquistas sociales en el marco europeo, por la falta de control democrático sobre las decisiones de la UE y las dificultades en construir organizaciones sindicales con capacidad de movilización e influencia a nivel continental.
Por el contrario, existe una gran coordinación entre las instituciones europeas sobre la política del trabajo, especialmente en cuanto concierne a la regulación laboral. Apuntalada históricamente en documentos como el Informe Delors, la Comisión propugna una liberalización creciente de las relaciones laborales al estilo americano, en detrimento de la protección de los trabajadores y derechos como el de la negociación colectiva. Generalmente, este largo proceso histórico ocurre en un doble movimiento: en primer lugar, se denuncia la falta de flexibilidad del mercado laboral para un colectivo o sector en concreto; luego, la proliferación de contratos exige una simplificación del marco laboral, que culmina en una armonización a la baja de la protección laboral.
La crisis, la falta de liquidez de los mercados de deuda pública (a los que acude un BCE ajeno al control democrático, en intervención formal o informal) y los nuevos instrumentos desarrollados en respuesta a la misma (como el Semestre Europeo), ofrecen una oportunidad para diseminar recomendaciones específicas en favor de la privatización de las políticas activas, la disminución de cotizaciones y derechos de pensión, la contención salarial, la reducción de las compensaciones por despido etc., etc, con la connivencia de los Gobiernos de los Estados Miembros.
Por otro lado, el trabajo sufre también de la estrategia de creación de un Mercado Común sin armonización previa de los estándares laborales, salariales y tributarios, experiencia que sólo puede agravarse con la firma de los tratados de libre comercio con los EEUU y Canadá. Eldumping social y laboral, que la Comisión se resiste a reconocer como contrario a las políticas de competencia, es una amenaza real para los trabajadores europeos, que se ven forzados a revisar constantemente a la baja sus expectativas salariales y laborales para mantener la implantación de sus empleos.
Esta estrategia de "deflación competitiva" tiene, además, un recorrido muy corto, debido a que no es la estructura de costes el principal determinante de la debilidad económica de los estados del Sur y el Este de Europa, sino su diferente inserción en la cadena internacional del valor, con la ausencia de un sector tecnológico e industrial fuerte. Curiosamente, en este caso la Comisión Europea no tiene apuro en utilizar las normas de competencia para frenar las iniciativas de desarrollo industrial desde el sector público, que sufre además de los recortes impuestos en el presupuesto.
Cabe observar que la Comisión Europea ha renunciado a luchar por la convergencia productiva, como es evidente en el rol decreciente de los fondos de cohesión y su apuesta por la migración (mal llamada "movilidad") como solución de emergencia para el paro masivo en las regiones más desindustrializadas.
Finalmente, en su ámbito competencial, la Comisión Europea también es responsable, por omisión y propia iniciativa, de duros ataques contra el trabajo. Es el caso, por ejemplo, de la lentitud con el que la Comisión está revisando la lista de posibles cancerígenos y disruptores endocrinos que pueden afectar a la salud laboral, en violación de su propia legislación; la iniciativa de armonizar a la baja su regulación laboral a través de REFIT, con el fin de preparar un marco laboral compatible con sus prioridades en el comercio exterior (que incluyen, como ya se ha señalado, un acuerdo con los EEUU, país que no reconoce más de 70 convenios de la OIT y que congelaría, en cualquier caso, la regulación a los niveles existentes, sin permitir que Europa actuara para responder a nuevos retos o demandas del trabajo europeo).
Publicado en el Nº 284 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2015
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