Pablo Alcántara y Juan Ignacio Ramos • Izquierda Revolucionaria
A raíz de la detención de los Jordis y de los consellers del Govern catalán, y ante las grandes movilizaciones de masas que han llenado las calles de toda Catalunya exigiendo su liberación, la derecha españolista ha lanzado una ofensiva mediática intentando demostrar que no son presos políticos sino “políticos presos”. Para dar consistencia y “rigor” a esta campaña, los estrategas de la reacción han recurrido a dirigentes del PCE y de Izquierda Unida (IU) a los que han paseado por televisiones y concedido tribunas y artículos de opinión en diferentes diarios, prestándose de buena gana para hacer el caldo gordo a las opiniones de la derecha.
El mensaje del bloque monárquico reaccionario ante los últimos acontecimientos en Catalunya es ampliamente conocido: todas las actuaciones de los tribunales tienen como objetivo la defensa del “Estado de derecho”, las leyes y la Constitución, violadas supuestamente por el movimiento popular en Catalunya, al que se acusa de haber cometido un delito de rebelión y otro de sedición.
Han sido muchos juristas los que han impugnado estas calificaciones, desmontando detalladamente tanto los autos de la juez Lamela como la querella infame del Fiscal Maza. Y es que parece difícil de explicar que estas iniciativas judiciales tengan otro fin que no sea el de contribuir a aplastar a un movimiento político de masas que reivindica el derecho a decidir del pueblo catalán, ejercido de manera cívica y ejemplar el pasado 1 de octubre, frente a una violencia inaudita de miles de guardia civiles y policías nacionales desplegados en territorio catalán por un Estado, y un gobierno, que no sólo se niegan a condenar los crímenes del franquismo y reparar a sus víctimas, sino que con su actuación represiva emula a la de la dictadura de manera cruda.
Todo esto parece traer al pairo a Alberto Garzón, a Paco Frutos, a Víctor Díaz Cardiel y a todos los dirigentes y ex dirigentes de IU y del PCE que se han prestado solcitos a esta maniobra de la reacción. Obviamente no se puede alegar que estos experimentados políticos estén actuando de una manera inocente. No, no es el caso. Todos ellos se han mostrado especialmente hostiles al movimiento desatado en Catalunya que ha colocado al régimen del 78 frente a su mayor crisis política. Garzón ha equiparado la lucha por el derecho de autodeterminación que millones han llevado a las calles a través de la acción directa, es decir, empleando los métodos de la movilización de masas y la huelga general, con el mismo Estado centralista y autoritario que los ha reprimido. Frutos ha ido por el mismo camino, aunque mucho más consecuente en su cierre de filas con el Estado y su legalidad: participando sin ninguna vergüenza en una manifestación organizada por la derecha españolista, fue jaleado por miles de fascistas mientras tronaba contra los jóvenes que hacen huelgas a favor de la república catalana.
En cualquier caso, tanto Garzón como Frutos han aceptado el guión escrito desde el gobierno de Rajoy, las altas estancias judiciales y los medios de comunicación de la burguesía española, rabiosamente anticomunistas siempre, pero actualmente —por razones más que evidentes— llenos de compasión y recuerdo hacia los presos del PCE.
Una campaña al servicio de las mentiras y la demagogia de la derecha
Los hechos hablan. ¿Cómo es posible que se haya llegado al punto de que Garzón y los dirigentes citados se hayan puesto al servicio de esta campaña de la derecha, utilizando a los presos políticos del franquismo, de los que el PCE tuvo miles en las cárceles de la dictadura y a los que acompañaron también miles más de otras organizaciones de la izquierda (socialistas, anarquistas, nacionalistas vascos….), para negar la represión salvaje del Estado y los partidos del régimen del 78, y minusvalorar el hecho de que haya dirigentes de organizaciones sociales y políticas catalanas presos por defender ideas independentistas y republicanas?
Garzón, Frutos y los que les acompañan han tenido la osadía de afirmar en numerosos medios —los mismos que desprecian a las víctimas del franquismo y sus reivindicaciones— que hablar de presos políticos ahora es banalizar la dictadura y el sufrimiento padecido en sus cárceles. Alberto Garzón incluso ha utilizado la figura heroica de Marcos Ana en un programa de la 1 de Televisión Española, para lavar la cara al Estado y al gobierno del PP minimizando la enorme carga represiva de sus decisiones políticas y judiciales.
¿Por qué hace esto Garzón? ¿Acaso cree que poniendo tierra de por medio ante la cuestión catalana, y apoyando el discurso oficial de que no hay presos políticos mantendrá votos y apoyos electorales entre capas y sectores que están acusando la campaña del nacionalismo españolista?
Garzón ha insistido en la necesidad de alcanzar un “referéndum pactado y legal” con el mismo Estado y con las mismas fuerzas políticas que aplican el 155, suspenden la autonomía y niegan el derecho de autodeterminación para Catalunya. ¿Es esta la manera con la que enfoca también la conquista de una república federal y la apertura de un proceso constituyente? ¿A través de la negociación y el pacto con los poderes políticos, económicos y militares del régimen del 78?
Hace poco Garzón publicó algunos mensajes en las redes sociales de tributo hacia el centenario de la revolución rusa. Incluso ha escrito un libro en el que se reivindica marxista y comunista. ¿Cree sinceramente Garzón que Lenin hubiera rechazado la lucha de masas para ejercer el derecho de autodeterminación en Catalunya? ¿Qué hubiera apelado al pacto, al consenso con nuestros enemigos de clase para “¡¡¡¡resolver!!!” la opresión nacional catalana, mientras miles de policías ejercen la violencia legal del Estado contra más de dos millones de personas que quieren votar? ¿Acaso Lenin hubiera renunciado a participar en este movimiento de masas con un programa de clase, por que al frente del mismo hay políticos nacionalistas burgueses que pretenden utilizarlo para sus intereses? ¿Lenin hubiera ido de plató en plató para ser entrevistado por periodistas reaccionarios, y confirmar su discurso de que no hay presos políticos en Catalunya, mientras millones de ciudadanos, jóvenes y trabajadores hacen huelgas generales y movilizaciones exigiendo su libertad?
Garzón habla de que la situación de los presos políticos catalanes no es “equiparable” con la de los presos políticos de la dictadura. ¿Nos quiere explicar la razón de ello? Una cosa que olvida Garzón es que Marcos Ana, y miles de comunistas, estuvieron en las cárceles no sólo porque existía un régimen dictatorial, sino porque había una legalidad que justificaba toda esa represión, como está pasando ahora con el 155. Y los comunistas, que querían derrocar la dictadura, correctamente se saltaban las leyes haciendo huelgas, que el franquismo consideraba ilegales, repartiendo propaganda, lo que estaba prohibido tajantemente, se organizaban políticamente, algo que la dictadura impedía en su legislación. Sí, los trabajadores sabían que debían saltarse la legalidad de la dictadura si querían vencer. Los presos políticos del franquismo no eran detenidos sólo por sus ideas, sino por llevarlas a cabo mediante la lucha y la organización. ¿Acaso no es eso mismo lo que ha hecho el pueblo de Catalunya cuando se moviliza contra una legalidad injusta que impide su derecho a decidir y constituir una república? ¿Acaso no es este motivo el que ha llevado a la cárcel a los Jordis y los Consellers?
Garzón y otros dirigentes de la izquierda han recordado correctamente que los derechos democráticos no fueron conseguidos por Suárez, el Rey o Fraga, sino por el pueblo luchando en la calle, dejándose la vida en muchas ocasiones. Y sí, fue la lucha revolucionaria de millones de trabajadores y jóvenes, antes y tras la muerte de Franco, la que consiguió derrotar a la dictadura, una dictadura con la que ni el Rey (que juró los principios del movimiento franquista), ni Arias Navarro, ni Suárez pretendían acabar.
Los acuerdos y el consenso con esos herederos del franquismo, defendidos a capa y espada desde las direcciones de los grandes partidos de la izquierda, PSOE y PCE, fueron los que trajeron el Régimen del 78, un régimen dispuesto a apuntalar la impunidad franquista con la Ley de Amnistía (recordemos, una ley preconstitucional y que no fue debatida ni votada por el pueblo), y también el poder de los capitalistas, mediante los Pactos de la Moncloa, la Constitución, la aceptación de la bandera heredada del franquismo, la Monarquía, y la negación del derecho de autodeterminación.
Muchos de los dirigentes de IU y del PCE que hoy claman contra la existencia de presos políticos, omiten conscientemente hablar de su actuación en aquellos años. Por ejemplo, Víctor Díaz Cardiel, preso político también, fue uno de los más estrechos colaboradores de Santiago Carrillo cuando estaba al frente del PCE en Madrid. Corresponsable con las decisiones de la dirección, llevó a cabo la tarea de retirar de todas las agrupaciones del partido las banderas republicanas y colocar en su lugar una bandera rojigualda y el retrato de Juan Carlos I y Doña Sofía. Por supuesto hubo una gran oposición entre la militancia de base, pero finalmente las “ordenes” de arriba se acataron, como todo lo demás, “por que no había que provocar a la reacción”.
Luchar consecuentemente contra el régimen del 78
Por supuesto, los Jordis y los consellers del Govern no son los únicos presos políticos que hay en el Estado español. La legislación de excepción para criminalizar la protesta social y limitar los derechos democráticos —síntoma de la deriva autoritaria del régimen— se ha endurecido en los últimos años. La ley Mordaza ha sido un ariete muy útil contra la libertad de expresión y de manifestación, y el gobierno que la ha dictado, y los jueces que la ejecutan, lo hacen para reprimir los movimientos sociales, las organizaciones combativas de la izquierda y a todos los que luchan contra el sistema y sus injusticias. ¿No fue por esto por lo que el joven vallecano Alfón, o el militante del SAT, Andrés Bodalo, han dado con sus huesos en prisión? ¿Tampoco son presos políticos?
Ningún derecho social y democrático ha sido regalado a los trabajadores y a los oprimidos del mundo. En todos los países capitalistas, la clase obrera ha tenido que combatir duramente para conseguirlos, saltándose siempre una legalidad burguesa que se ha modificado como resultado exclusivo de sus victorias. Los ejemplos son tan abundantes como la lucha de clases, esa vieja señora que viola la legalidad del orden establecido a todas horas ¿O no recuerda el compañero Garzón como conquistaron sus derechos la comunidad afroamericana en EEUU? ¿Acaso Rosa Parks pactó poder sentarse en el asiento que quería o tuvo que imponerse rompiendo la legalidad racista de los capitalistas? ¿No fue Angela Davis encarcelada precisamente por no consensuar con el Estado norteamericano? ¿Cómo conquistaron los homosexuales su derecho a serlo? ¿Pactando con aquellos que les consideraban “enfermos mentales”, o movilizándose de forma contundente como en Stonewall en 1969? ¿Y las mujeres el derecho al divorcio y al aborto libre y gratuito? Para desgracia de los defensores del cretinismo parlamentario, de los reformistas orgánicos incapaces de ver más allá de su sillón de diputado, concejal o burócrata sindical, muchas de estas conquistas siguen siendo negadas, o son amenazadas, en numerosos países que pasan por ser democracias homologables.
Desde la izquierda que queremos transformar la sociedad, no podemos ponernos de perfil, mirar para otro lado o apoyar la represión, aunque “más suave”, contra la lucha del pueblo de Catalunya. La izquierda que quiere de verdad transformar la sociedad debe defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a decidir. Debe defender el 1-O y el 3-O como un mandato democrático contra este régimen corrupto y podrido, que reprime las aspiraciones de millones de personas con pelotas de goma y porrazos, cierre de periódicos y la cárcel, y no lamentarse de que “no tuvo garantías”, cuando fue un extraordinario ejercicio de democracia directa y participativa.
Si de verdad queremos combatir al Régimen del 78, y abrir paso a la transformación socialista de la sociedad, por la vía del pacto y la negociación con los representantes de la burguesía no conseguiremos nada. La disyuntiva es clara: O nos subordinamos a las leyes y las instituciones del régimen, tal como hace la socialdemocracia, o emprendemos la lucha revolucionaria y la movilización en las calles, como hicieron miles de militantes antifranquistas, desafiando la legalidad impuesta por los capitalistas y su sistema.
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