ESTADO ESPAÑOL PENSIONES. 1985-2017: 32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones
Cuando
el PSOE aprueba la «Ley de Medidas urgentes para la Racionalización
de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social», ésta
recibe la respuesta de clase, con la primera Huelga General de la
restauración de la democracia, el 20 de junio de 1985. Una Huelga
General contra el Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y apoyada por
otras organizaciones de izquierda. UGT no la apoya. ¿Qué medidas
provocaron tal indignación en la clase trabajadora? ...pasar de 2 a
8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y
pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.
En
la década de los 90 se desata una fuerte campaña publicitaria de la
Banca y las compañías aseguradoras para captar clientes para los
fondos privados de pensiones. Necesitaban atemorizar a la opinión
pública, presentando como inviable el sistema público de pensiones.
En
1995 el Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto
de Toledo, que supone la legitimación de las políticas de ajuste en
el Sistema Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de
Pensiones que firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado
mediante la Ley 24/1997 que establece un cambio fundamental: la
totalidad de las pensiones contributivas se financiarán
exclusivamente con las cotizaciones sociales, sin que el estado
intervenga. Ésta Ley fue aprobada por la mayoría de partidos
parlamentarios.
Aquí
no hubo una gran respuesta en contra, porque las dos grandes
centrales sindicales fueron cómplices de la reforma que tenía como
objetivo recortar un derecho fundamental de los trabajadores y las
trabajadoras, favoreciendo al capital financiero y a la patronal.
En
2007, PSOE, CCOO, UGT, CEOE y CEPIME suscriben una nueva reforma en
base a las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Acuerdan medidas como
el aumento del tiempo cotizado para tener derecho a una pensión,
nuevas rebajas de cotizaciones a la patronal, etc.
En
2011, la reforma establecida por el gobierno de Zapatero avanza en el
mismo camino con con la complicidad de CCOO y UGT.
La
Reforma de 2011 en síntesis supone:
Cada año se aumenta la edad mínima para poder jubilarse, hasta llegar en el 2027 a los 67 años.
Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. Y no sólo eso, sino que para la «cobertura de lagunas» [el tiempo sin haber cotizado durante este período] no se aplica ya el 100% de la base mínima de cotización sino el 50%, exceptuando 48 mensualidades. Para muchos pensionistas, esto puede llegar a representar hasta un 38,10% menos de pensión.
Se aumenta también de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, junto a otros requisitos.
Se recorta el complemento de mínimos de la pensiones a las personas que han padecido más precariedad en su vida laboral.
Cada año se aumenta la edad mínima para poder jubilarse, hasta llegar en el 2027 a los 67 años.
Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. Y no sólo eso, sino que para la «cobertura de lagunas» [el tiempo sin haber cotizado durante este período] no se aplica ya el 100% de la base mínima de cotización sino el 50%, exceptuando 48 mensualidades. Para muchos pensionistas, esto puede llegar a representar hasta un 38,10% menos de pensión.
Se aumenta también de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, junto a otros requisitos.
Se recorta el complemento de mínimos de la pensiones a las personas que han padecido más precariedad en su vida laboral.
Por último, en 2011 al margen de la Reforma de
pensiones, Zapatero congeló por primera vez las pensiones, abriendo
la senda que después ha seguido Rajoy.
El
gobierno de Rajoy, inicia su andadura, con la reforma laboral y la
reforma del sistema de desempleo de 2012 –consecuencia de las
presiones del BCE- y el decreto de marzo y la Ley de diciembre de
2013 del PP, son los últimos broches a la situación actual. La
última reforma de Rajoy desvincula definitivamente la actualización
de las pensiones del IPC, con una fórmula que le permite fijar una
subida máxima anual del 0,25 %, e introduce el Factor de
sostenibilidad que entrará en vigor en 2019, y tendrá en cuenta la
esperanza de vida de los pensionistas a la hora de fijar su pensión
inicial. En estos momentos hay en el Estado español más de 8,5
millones de pensionistas, la mitad cobrando por debajo del SMI. La
precariedad es mayor en las mujeres, que cobran casi 500 • menos.
La pérdida del poder adquisitivo desde el 2011, ronda el 6 %...y
subiendo...
Ahora,
después del saqueo del fondo de reserva de las pensiones, los
responsables del Pacto de Toledo vuelven a reunirse. «Reunión de
pastores, oveja muerta» dice una expresión popular. ¡Un nuevo
Pacto Social nos amenaza!
El
objetivo del capital financiero es la privatización del sistema
público de pensiones. No es un problema coyuntural por la crisis. Es
estructural del modelo capitalista.
El
verdadero problema es cómo distribuimos la riqueza social que
creamos, de manera que sea la población la que
se beneficie del
incremento de la productividad y no el capital, a costa del
empobrecimiento de la mayoría.
Desde
los años 80 la privatización de los servicios públicos avanza de
forma brutal. Mientras se acatan las órdenes de los amos de la UE,
se protege la evasión de capitales y la corrupción, se subvenciona
a la iglesia, se rescata a la banca, las autopistas, el Castor....,
aumentan los beneficios de las empresas disminuyendo sus
obligaciones, etc., continúa el ataque feroz a la clase trabajadora.
La
única respuesta está en la lucha. En movilizaciones que no pueden
quedar reducidas sólo a los/las pensionistas. Trabajadores/as y
jóvenes tienen que hacer suya esta batalla porque son los más
afectados por las reformas pasadas y por la que quieren implementar
éste año, profundizando y acelerando las condiciones actuales.
CCOO
y UGT no pueden mantener una careta de defensa de las pensiones
mientras continúan enganchados en el Pacto de Toledo.
Los
últimos años se han ido gestando organizaciones de pensionistas que
ha dado como resultado la constitución en diciembre, de la
Coordinadora estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, en
la cual participan también sindicatos de izquierda. El 20 de
diciembre, miles de personas, en diferentes ciudades, salieron a las
calles y tienen un amplio calendario de movilizaciones para continuar
luchando.
La
Marea Pensionista, con presencia en diferentes comunidades del
estado, reivindica entre otras medidas, la derogación de todas las
reformas laborales y de pensiones desde el 2010. Se manifiesta en
contra de la privatización de los servicios públicos y en la
defensa de un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los
1000 euros. Con independencia de fortalecer las cotizaciones sociales
–eliminar las tarifas planas, etc-, exige que la financiación debe
estar garantizada por el estado y con revalorización automática de
las pensiones en relación al IPC. Pide la incorporación al RGSS a
los/las trabajadores/as del hogar y la eliminación de todo tipo de
copago o re-pago.
En
su última asamblea, en las Cocheras de Sants, reunió a casi un
millar de asistentes. Su consigna es «Si luchamos aseguraremos las
pensiones de hoy y de mañana» La lucha por las pensiones públicas
también es la lucha por la creación de empleo, por la reducción de
la jornada laboral, y por las condiciones dignas de trabajo.
Juan
Montero (miembro de la Marea Pensionista de Catalunya) y Adriana
Beidenagl (militante de Lucha Internacionalista y miembro de la
Marea Pensionista de Catalunya)
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