En el periodo transcurrido entre 1994 y 2007, el PIB español creció a un ritmo del 3,5% mientras que la media de la Eurozona se mantuvo en el 2,3%. Esta cifra resume el “milagro español” del que alardearon sucesivamente los gobiernos de Aznar y Zapatero. Sin embargo, por debajo de la sucesión de burbujas que alimentaron ese crecimiento se produjo un sordo proceso de ajuste salarial que permaneció oculto gracias a la euforia consumista del momento. En palabras de Catherine Samary, la manifestación de la guerra social planetaria que desde 1980 está librando el capital contra el trabajo.
El ajuste salarial se llevó a cabo a través de las sucesivas medidas de desregulación laboral, de las condiciones de negociación colectiva y de la reestructuración fiscal. Las primeras aumentaron la precarización, abarataron el despido y endurecieron las prestaciones por desempleo. Las segundas facilitaron las situaciones “excepcionales” a través de las cláusulas de descuelgue y limitaron las subidas salariales al objetivo de inflación y no a su realidad. La tercera, redistribuyó la carga de los impuestos hacia el consumo frente a las rentas y los beneficios, redujo el salario indirecto que supone el gasto social y contribuyó a la deflación salarial mediante la congelación y reducción de las retribuciones de los trabajadores públicos.
De la aplicación de estas políticas, particularmente en una economía en la que la productividad crecía muy lentamente al estar impulsada por el boom inmobiliario, se han seguido consecuencias directas sobre la desigualdad de la renta y la pobreza. A pesar de aumentar el empleo asalariado, a nivel macroeconómico la participación salarial ajustada en el PIB (o lo que es lo mismo, la parte que los trabajadores cobran como salario del valor de lo que producen) perdió cinco puntos porcentuales, del 61% al 56%. La propiedad de toda clase de activos, inmobiliarios y financieros, aumentó en todos los casos pero la diferencia entre las familias de asalariados y las de propietarios también se agravó.
Esto es lo que venía sucediendo hasta la crisis. A partir de ésta, las políticas de respuesta a la crisis no han sido otra cosa que profundizar en el ajuste salarial. Menos de la mitad de quienes tenían contrato indefinido en 2007 seguían en la misma empresa y en las mismas condiciones en 2013. El 18% de ellos tenía un contrato indefinido pero en otra empresa. El 11%, un contrato temporal en 2013, mientras que el 19% estaban desempleados y el restante 5% se había hecho autónomo. ¿Qué ha ocurrido con los salarios de esos trabajadores fijos? En términos reales, es decir, teniendo en cuenta la variación de los precios, el poder adquisitivo de aquellos afortunados que mantuvieron su empleo ha caído un 2,6% en el periodo en términos reales. Aquellos que pasaron a otro empleo fijo, por término medio, han perdido un 35%. Los que pasaron a temporales, un 60% si siguieron en la misma empresa, más aún si fueron contratados por otra. En promedio una caída del 14%.
Estos datos se refieren a los asalariados considerados como privilegiados, aquellos que tienen un contrato fijo. A esto hemos de sumar los asalariados precarios, que son cada vez más y cuyos salarios medios son poco más de la mitad del de los fijos, según las estadísticas oficiales. Así la participación ajustada de los salarios ha seguido cayendo, otros dos puntos desde que empezó la crisis, a pesar de que la producción se redujo y los empleos peor pagados fueron los primeros que desaparecieron. Es decir, la respuesta ante la crisis fue la misma que la de la fase expansiva: reducir los salarios.
Las consecuencias más extremas de esta dinámica de guerra social se manifiestan en la evolución de las cifras oficiales sobre la pobreza. El indicador AROPE de la Unión Europea que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión se mantuvo más o menos estable durante la fase expansiva, en un 23%, pasando a un 28,4% en 2013. Pero esta no es más que la punta del iceberg; toda la población asalariada se está viendo afectada, incluyendo los salarios medios, como muestra la creciente concentración en la parte baja de la distribución de la encuesta de condiciones salariales, de modo que los trabajadores empleados que ganan menos del SMI han pasado del 9% a más del 13%.
Los economistas bien-pensantes, así como los sindicatos y gran parte de la izquierda, consideran que esta política, además de injusta, es errónea. No sólo aumentan las desigualdades sino que se deprime el consumo y, con ello, la demanda agregada: la economía “no tira”. Abundan las propuestas de políticas expansivas de inversión pública, monetización de la deuda mediante la financiación directa al Estado desde el Banco Central, e incluso, como Piketty propone, un impuesto directo a los más ricos para obtener recursos para esa expansión. En definitiva, volver a poner en marcha la máquina del crecimiento. Con la idea de que ese crecimiento traiga más empleo y, así, progresivamente mejorar las condiciones de los asalariados y reducir las desigualdades. Pero esta hipótesis va en contra de la evidencia histórica; el periodo de crecimiento anterior a la crisis agravó las desigualdades.
Estas medidas, siendo en sí mismas positivas, yerran el núcleo de la cuestión. El ajuste salarial, lejos de ser un error, es la única respuesta racional de los capitalistas a una coyuntura histórica de exceso de acumulación de capital –una gran parte de él, ficticio– y una falta de perspectivas de rentabilidad a medio plazo cuyo fin no se adivina aún. El motor del capitalismo no es el crecimiento sino el beneficio; la necesidad imperiosa de valorizar la ingente masa de capitales acumulados; financieros y reales, especulativos y productivos. De la violencia con la que se expresa esta necesidad son prueba los innumerables conflictos geoestratégicos y el retroceso de las apariencias democráticas siendo lo que está sufriendo el pueblo griego nada más que una pequeña muestra. Y sin embargo, como también demuestra la evidencia histórica, el beneficio sólo se recuperará tras una destrucción masiva de capital cuyo precio en sufrimiento humano es inimaginable.
De manera que una política para un nuevo país tiene que centrarse en la necesidad de hacer retroceder esta ofensiva del capital y de la barbarie. Y eso sólo puede hacerse mejorando la situación relativa de los trabajadores y debilitando las palancas del poder burgués, tanto institucionales como económicas. Las propuestas de empleo público garantizado, de recuperación de derechos laborales, de socialización de sectores claves empezando por la banca y de control popular sobre las finanzas públicas y el funcionamiento de los aparatos estatales, son la condición previa para una salida a la crisis. En abandonar el mito del crecimiento, que oculta la insaciable voracidad del beneficio, y convertir la satisfacción de las necesidades sociales y ambientales en el motor de la economía.
Esta salida, en el plano político, está bloqueada por el régimen de la transición y, como ha quedado patente, por las estructuras de la UE. Ambas son el correlato institucional de la simbiosis entre nuestra cutre-burguesía española y el gran capital europeo. De tal modo que la apertura de un proceso constituyente no podrá tener éxito salvo que en su agenda se incluya la desobediencia a los tratados y un enfrentamiento con las instituciones europeas en favor de los intereses de todos los pueblos europeos.
El ajuste salarial se llevó a cabo a través de las sucesivas medidas de desregulación laboral, de las condiciones de negociación colectiva y de la reestructuración fiscal. Las primeras aumentaron la precarización, abarataron el despido y endurecieron las prestaciones por desempleo. Las segundas facilitaron las situaciones “excepcionales” a través de las cláusulas de descuelgue y limitaron las subidas salariales al objetivo de inflación y no a su realidad. La tercera, redistribuyó la carga de los impuestos hacia el consumo frente a las rentas y los beneficios, redujo el salario indirecto que supone el gasto social y contribuyó a la deflación salarial mediante la congelación y reducción de las retribuciones de los trabajadores públicos.
De la aplicación de estas políticas, particularmente en una economía en la que la productividad crecía muy lentamente al estar impulsada por el boom inmobiliario, se han seguido consecuencias directas sobre la desigualdad de la renta y la pobreza. A pesar de aumentar el empleo asalariado, a nivel macroeconómico la participación salarial ajustada en el PIB (o lo que es lo mismo, la parte que los trabajadores cobran como salario del valor de lo que producen) perdió cinco puntos porcentuales, del 61% al 56%. La propiedad de toda clase de activos, inmobiliarios y financieros, aumentó en todos los casos pero la diferencia entre las familias de asalariados y las de propietarios también se agravó.
Esto es lo que venía sucediendo hasta la crisis. A partir de ésta, las políticas de respuesta a la crisis no han sido otra cosa que profundizar en el ajuste salarial. Menos de la mitad de quienes tenían contrato indefinido en 2007 seguían en la misma empresa y en las mismas condiciones en 2013. El 18% de ellos tenía un contrato indefinido pero en otra empresa. El 11%, un contrato temporal en 2013, mientras que el 19% estaban desempleados y el restante 5% se había hecho autónomo. ¿Qué ha ocurrido con los salarios de esos trabajadores fijos? En términos reales, es decir, teniendo en cuenta la variación de los precios, el poder adquisitivo de aquellos afortunados que mantuvieron su empleo ha caído un 2,6% en el periodo en términos reales. Aquellos que pasaron a otro empleo fijo, por término medio, han perdido un 35%. Los que pasaron a temporales, un 60% si siguieron en la misma empresa, más aún si fueron contratados por otra. En promedio una caída del 14%.
Estos datos se refieren a los asalariados considerados como privilegiados, aquellos que tienen un contrato fijo. A esto hemos de sumar los asalariados precarios, que son cada vez más y cuyos salarios medios son poco más de la mitad del de los fijos, según las estadísticas oficiales. Así la participación ajustada de los salarios ha seguido cayendo, otros dos puntos desde que empezó la crisis, a pesar de que la producción se redujo y los empleos peor pagados fueron los primeros que desaparecieron. Es decir, la respuesta ante la crisis fue la misma que la de la fase expansiva: reducir los salarios.
Las consecuencias más extremas de esta dinámica de guerra social se manifiestan en la evolución de las cifras oficiales sobre la pobreza. El indicador AROPE de la Unión Europea que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión se mantuvo más o menos estable durante la fase expansiva, en un 23%, pasando a un 28,4% en 2013. Pero esta no es más que la punta del iceberg; toda la población asalariada se está viendo afectada, incluyendo los salarios medios, como muestra la creciente concentración en la parte baja de la distribución de la encuesta de condiciones salariales, de modo que los trabajadores empleados que ganan menos del SMI han pasado del 9% a más del 13%.
Los economistas bien-pensantes, así como los sindicatos y gran parte de la izquierda, consideran que esta política, además de injusta, es errónea. No sólo aumentan las desigualdades sino que se deprime el consumo y, con ello, la demanda agregada: la economía “no tira”. Abundan las propuestas de políticas expansivas de inversión pública, monetización de la deuda mediante la financiación directa al Estado desde el Banco Central, e incluso, como Piketty propone, un impuesto directo a los más ricos para obtener recursos para esa expansión. En definitiva, volver a poner en marcha la máquina del crecimiento. Con la idea de que ese crecimiento traiga más empleo y, así, progresivamente mejorar las condiciones de los asalariados y reducir las desigualdades. Pero esta hipótesis va en contra de la evidencia histórica; el periodo de crecimiento anterior a la crisis agravó las desigualdades.
Estas medidas, siendo en sí mismas positivas, yerran el núcleo de la cuestión. El ajuste salarial, lejos de ser un error, es la única respuesta racional de los capitalistas a una coyuntura histórica de exceso de acumulación de capital –una gran parte de él, ficticio– y una falta de perspectivas de rentabilidad a medio plazo cuyo fin no se adivina aún. El motor del capitalismo no es el crecimiento sino el beneficio; la necesidad imperiosa de valorizar la ingente masa de capitales acumulados; financieros y reales, especulativos y productivos. De la violencia con la que se expresa esta necesidad son prueba los innumerables conflictos geoestratégicos y el retroceso de las apariencias democráticas siendo lo que está sufriendo el pueblo griego nada más que una pequeña muestra. Y sin embargo, como también demuestra la evidencia histórica, el beneficio sólo se recuperará tras una destrucción masiva de capital cuyo precio en sufrimiento humano es inimaginable.
De manera que una política para un nuevo país tiene que centrarse en la necesidad de hacer retroceder esta ofensiva del capital y de la barbarie. Y eso sólo puede hacerse mejorando la situación relativa de los trabajadores y debilitando las palancas del poder burgués, tanto institucionales como económicas. Las propuestas de empleo público garantizado, de recuperación de derechos laborales, de socialización de sectores claves empezando por la banca y de control popular sobre las finanzas públicas y el funcionamiento de los aparatos estatales, son la condición previa para una salida a la crisis. En abandonar el mito del crecimiento, que oculta la insaciable voracidad del beneficio, y convertir la satisfacción de las necesidades sociales y ambientales en el motor de la economía.
Esta salida, en el plano político, está bloqueada por el régimen de la transición y, como ha quedado patente, por las estructuras de la UE. Ambas son el correlato institucional de la simbiosis entre nuestra cutre-burguesía española y el gran capital europeo. De tal modo que la apertura de un proceso constituyente no podrá tener éxito salvo que en su agenda se incluya la desobediencia a los tratados y un enfrentamiento con las instituciones europeas en favor de los intereses de todos los pueblos europeos.
Publicado en el Nº 288 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2015
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