Calculan que Juan Carlos I dejó la Corona siendo el tercer monarca más rico de Europa a pesar de que llegó sin fortuna
“Los españoles han echado al último Borbón, no por rey sino por ladrón” dijo el ilustre Valle-Inclán. Es, cuanto menos, chocante que distintos medios sitúen la fortuna de Juan Carlos I en más de 1.800 millones de euros cuando la asignación anual a la Casa Real ronda los 8 millones. Juan Carlos I llegó a la Monarquía española sin poseer una riqueza considerable, con una mano delante y otra detrás. Cuando su abuelo Alfonso XIII marchó al exilio, todo el patrimonio de la familia real fue adscrito al Patrimonio Nacional por el gobierno de la República. Sin embargo, distintos medios calculan que dejó la corona siendo el tercer monarca más rico de Europa, sin que se haya emprendido investigación alguna, aunque se trate de una cantidad más que injustificable.
La monarquía es una institución anacrónica, de base medieval y dinástica. Es parte fundamental del régimen del 78, por tanto, corresponsable de la corrupción política estructural. El proceso sucesorio que llevó a Felipe VI a la Jefatura del Estado forma parte de la operación restauradora del poder económico. Una II transición, bajo un modelo de sociedad caracterizado por la precariedad laboral, los recortes y la privatización de los servicios públicos, y la sumisión a las estructuras capitalistas como la UE y la OTAN, que permita al capital seguir su proceso de acumulación. En definitiva, una II transición que permita a las élites otros 30 ó 40 años de estabilidad. Dicha operación precisa en el plano institucional de un lavado de cara de la Monarquía, un PSOE predispuesto a la gran coalición y preferentemente, abanderado por Susana Díaz que fagocite a Unidos Podemos y la consolidación de Ciudadanos como bisagra, dispuesto a pactar con las dos caras del bipartidismo en función de las necesidades que se den. Es curioso que en el nuevo tablero político Rivera juega el papel que otrora estaba asignado a Pujol. Si algo falla siempre queda la burguesía nacionalista. Y, como elemento estratégico la desmovilización y la búsqueda de la pax social.
Frente a la restauración bipartidista y borbónica desde el PCE e IU debemos apostar abiertamente por la ruptura democrática, la movilización, la unidad popular y el proceso constituyente.
En primer lugar, es necesario la acumulación de fuerzas en la calle. Es en la movilización y en el conflicto donde se produce la toma de conciencia por parte de la clase trabajadora y el pueblo. Los procesos de unidad popular no se decretan, ni se hacen por arriba. Es en la lucha y en la movilización permanente donde se construye el sujeto político llamado a transformar la sociedad. Las candidaturas electorales deben de ser reflejo de la unidad y la movilización en la calle. En dicho proceso amplio de construcción de Unidad Popular el PCE debe de jugar un papel de vanguardia, dar un paso adelante y ponerse al frente, tejiendo alianzas y poniendo en disposición del proceso nuestra trayectoria militante y nuestros cuadros políticos en aras de dotarlo de un rumbo revolucionario.
En segundo lugar, la ruptura democrática y el proceso constituyente. No se puede poner la economía al servicio de la mayoría social si no rompemos con las élites que nos gobiernan, ergo romper con el poder económico y con sus instrumentos de dominación capitalista, la UE y el euro. Esto explica la necesidad de un proceso constituyente que blinde el pan, el techo, el trabajo y la dignidad. Una nueva constitución que establezca cláusulas que garanticen trabajo y condiciones dignas, que haga efectivo el derecho a la vivienda, que no recorte en derechos sociales como la educación, la sanidad y la dependencia, y que permita al Estado disponer de los sectores estratégicos de la economía como la banca, la energía o las telecomunicaciones para garantizar el bienestar del pueblo y evitar que los que se han enriquecido a costa del robo y la especulación sigan haciéndolo. En el proceso constituyente el referéndum Monarquía-República juega un papel fundamental.
La reivindicación del derecho a decidir democráticamente nuestro modelo de Estado permite generar hegemonía en la batalla de ideas. Hay pocos argumentos para defender la monarquía. Las nuevas generaciones y el conjunto de la sociedad española tienen todo el derecho a opinar, a ser consultadas. Cuando se aprobó la Constitución actual en el año 1978 votaron las personas a partir de los 21 años. Han transcurrido 38 años, luego todos los ciudadanos y ciudadanas de España de hoy, desde la juventud hasta los 59 años (la mayoría demográfica del país), no votaron la Constitución y no se sienten vinculados a ella. Un año más, llega el mes de abril; el de la Revolución de los Claveles y la legalización del PCE, el del 14. Seremos miles los que saldremos a la calle a reivindicar República y Proceso Constituyente. Llegará más temprano que tarde, podrán cortar todas la flores pero no detendrán la primavera.
La monarquía es una institución anacrónica, de base medieval y dinástica. Es parte fundamental del régimen del 78, por tanto, corresponsable de la corrupción política estructural. El proceso sucesorio que llevó a Felipe VI a la Jefatura del Estado forma parte de la operación restauradora del poder económico. Una II transición, bajo un modelo de sociedad caracterizado por la precariedad laboral, los recortes y la privatización de los servicios públicos, y la sumisión a las estructuras capitalistas como la UE y la OTAN, que permita al capital seguir su proceso de acumulación. En definitiva, una II transición que permita a las élites otros 30 ó 40 años de estabilidad. Dicha operación precisa en el plano institucional de un lavado de cara de la Monarquía, un PSOE predispuesto a la gran coalición y preferentemente, abanderado por Susana Díaz que fagocite a Unidos Podemos y la consolidación de Ciudadanos como bisagra, dispuesto a pactar con las dos caras del bipartidismo en función de las necesidades que se den. Es curioso que en el nuevo tablero político Rivera juega el papel que otrora estaba asignado a Pujol. Si algo falla siempre queda la burguesía nacionalista. Y, como elemento estratégico la desmovilización y la búsqueda de la pax social.
Frente a la restauración bipartidista y borbónica desde el PCE e IU debemos apostar abiertamente por la ruptura democrática, la movilización, la unidad popular y el proceso constituyente.
En primer lugar, es necesario la acumulación de fuerzas en la calle. Es en la movilización y en el conflicto donde se produce la toma de conciencia por parte de la clase trabajadora y el pueblo. Los procesos de unidad popular no se decretan, ni se hacen por arriba. Es en la lucha y en la movilización permanente donde se construye el sujeto político llamado a transformar la sociedad. Las candidaturas electorales deben de ser reflejo de la unidad y la movilización en la calle. En dicho proceso amplio de construcción de Unidad Popular el PCE debe de jugar un papel de vanguardia, dar un paso adelante y ponerse al frente, tejiendo alianzas y poniendo en disposición del proceso nuestra trayectoria militante y nuestros cuadros políticos en aras de dotarlo de un rumbo revolucionario.
En segundo lugar, la ruptura democrática y el proceso constituyente. No se puede poner la economía al servicio de la mayoría social si no rompemos con las élites que nos gobiernan, ergo romper con el poder económico y con sus instrumentos de dominación capitalista, la UE y el euro. Esto explica la necesidad de un proceso constituyente que blinde el pan, el techo, el trabajo y la dignidad. Una nueva constitución que establezca cláusulas que garanticen trabajo y condiciones dignas, que haga efectivo el derecho a la vivienda, que no recorte en derechos sociales como la educación, la sanidad y la dependencia, y que permita al Estado disponer de los sectores estratégicos de la economía como la banca, la energía o las telecomunicaciones para garantizar el bienestar del pueblo y evitar que los que se han enriquecido a costa del robo y la especulación sigan haciéndolo. En el proceso constituyente el referéndum Monarquía-República juega un papel fundamental.
La reivindicación del derecho a decidir democráticamente nuestro modelo de Estado permite generar hegemonía en la batalla de ideas. Hay pocos argumentos para defender la monarquía. Las nuevas generaciones y el conjunto de la sociedad española tienen todo el derecho a opinar, a ser consultadas. Cuando se aprobó la Constitución actual en el año 1978 votaron las personas a partir de los 21 años. Han transcurrido 38 años, luego todos los ciudadanos y ciudadanas de España de hoy, desde la juventud hasta los 59 años (la mayoría demográfica del país), no votaron la Constitución y no se sienten vinculados a ella. Un año más, llega el mes de abril; el de la Revolución de los Claveles y la legalización del PCE, el del 14. Seremos miles los que saldremos a la calle a reivindicar República y Proceso Constituyente. Llegará más temprano que tarde, podrán cortar todas la flores pero no detendrán la primavera.
Publicado en el Nº 305 de la edición impresa de Mundo Obrero abril 2017
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