Luchadores sociales de Costa Rica a juicio penal en abril por participar en manifestación por la defensa de la seguridad social
Cinco
luchadores sociales van a juicio penal en el mes de abril 2017, por
su participación en la MARCHA del 8 de NOVIEMBRE de 2012, en defensa
de la Caja Costarricense del Seguro Social
Denunciamos
que se trata de un caso de persecución política y de
criminalización de la protesta social; solicitamos solidaridad
nacional e internacional
El
Colectivo Derecho a la Protesta Social, organizaciones sociales y de
Derechos Humanos, denuncian ante la opinión pública nacional e
internacional, la persecución política del Estado Costarricense,
contra ciudadanos y luchadores sociales, que se manifestaron en
defensa de la SEGURIDAD SOCIAL de este país, en el mes de noviembre
del año 2012.
El
8 de noviembre de 2012 se realizó una manifestación pacífica
organizada por varias comunidades del occidente del Valle Central,
Puntarenas y Guanacaste; descontentas por los recortes aplicados en
ese momento a la seguridad social que se tradujo en un deterioro del
servicio, la reducción del horario de atención de emergencias por
ejemplo de 24 a 12 horas, que se traducía incluso en pérdida de
vidas humanas que pudieron haberse evitado. La manifestación recibió
el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales que se
solidarizaron con las consignas que levantaban las comunidades. Ese 8
de noviembre desfilaron por la Avenida Segunda josefina adultos
mayores, personas en muletas, gente de comunidades rurales que pedían
pronta atención de sus padecimientos; el objetivo de la acción
política era entregar un pliego de peticiones a la Dra. Ileana
Balmaceda, quien en ese momento fungía como Presidente Ejecutiva de
la CCSS. Sin embargo las y los manifestantes encontraron cerrados los
portones de la institución, por lo que se mantuvieron al costado
norte del edificio central de la Caja esperando que permitieran que
un comité entrara a entregar el pliego.
Para
sorpresa de las y los manifestantes la policía antimotines, dirigida
en ese momento por el comandante Raúl Rivera y bajo las órdenes del
hoy Magistrado, Celso Gamboa, quien en ese momento fungía como
viceministro de seguridad, empezó a formarse a la altura del
Ministerio de Hacienda y avanzó en contra de las y los
manifestantes, golpeando y empujando a diestra y siniestra, abusando
de su autoridad y realizando detenciones arbitrarias. La indignación
de la golpiza y los arrestos provocó que muchas personas se
movilizaran al lugar de los hechos para exigir la liberación de la
gente que arrestaron sin ninguna justificación, razón por la cual
la manifestación se extendió mucho más de lo previsto. En horas de
la tarde se apersonaron varios diputados del PAC, entre ellos Juan
Carlos Mendoza, Claudio Monge y Carmen Granados, también el diputado
del Frente Amplio, José María Villalta, quienes, como consta en
varios videos de la prensa televisiva, también fueron agredidos por
la policía. Los últimos arrestos ocurrieron en medio de una brutal
represión policial en contra de estudiantes universitarios y
funcionarios públicos, a eso de las 6:00 p.m.
Las
y los manifestantes no solamente fueron arrestados y arrestadas sino
que muchas y muchos de ellos fueron enjuiciadas y enjuiciados en los
tribunales de Flagrancia y Contravencional siendo absueltas y
absueltos de toda pena y responsabilidad.
Entre
el lunes 3 y el jueves 6 de abril se realizará la primera etapa del
proceso penal contra cinco personas que participaron en dicha
manifestación: Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano;
quienes eran estudiantes universitarios en el momento en que ocurren
los hechos; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro
del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Denis Solís
Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación
Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias,
profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados
Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense
de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
En
un Estado Democrático, como lo es Costa Rica, la paz social y el
ejercicio de los derechos civiles, como la libertad de expresión, de
organización y el derecho a la protesta social, son acciones
medulares, que de ciudadanos y habitantes de este país. Por qué,
entonces, ¿se criminaliza la protesta social?
La
criminalización y la penalización de la protesta social es un
fenómeno, que consiste en la persecución política por parte del
Estado, contra los habitantes, que tienen el derecho a la protesta
social. El Estado de Costa Rica debe proteger, para garantizar las
libertades democráticas en este caso, la paz social y el ejercicio
de los derechos civiles, como la libertad de expresión, de
organización y el derecho a la protesta social.
El
Colectivo por el Derecho a la Protesta y las agrupaciones sociales y
políticas que lo componen, repudiamos los juicios políticos contra
estos cinco luchadores sociales que se merecen el reconocimiento y el
respeto como ciudadanos trabajadores, honestos y comprometidos con
las justas causas de nuestro pueblo. Este juicio es un acto de
violencia que presenta ante la opinión pública a estas personas
como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo hacia la
población procurando que no se manifieste ni proteste por temor a
las represalias. Estos compañeros y esta compañera son víctimas
del acoso y persecución política por parte de los órganos
represivos, tribunales de justicia que han venido criminalizando la
protesta social como una política de estado en Costa Rica.
Hacemos
un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas
costarricenses a que se sumen a las jornadas de protesta y de
solidaridad que se están programando durante los días de juicio, a
las campañas económicas de solidaridad y de recolección de firmas
que ya se tienen programadas; también que se integren a las
reuniones de coordinación del Colectivo por el Derecho a la Protesta
Social.
Al
mismo tiempo hacemos un llamado a la opinión pública nacional e
internacional para que se pronuncie sobre este y otros casos que en
este momento existen de criminalización de la protesta social en
Costa Rica enviando
cartas y pronunciamientos
a:
Lic.
Jorge Chavarría Guzmán, Jefe del Ministerio Público. Fiscal
General de la República.
Correo
electrónico:
Fax:
2256-3503
Con
copia a:
MSc.
Celso Gamboa Sánchez, Magistrado de la Sala de Casación Penal y
Penal Juvenil. (Ex – Vice-Ministro de Seguridad Pública, Encargado
del Operativo del 8 de noviembre de 2012).
Correo
electrónico:
Presidente
Luis Guillermo Solís Rivera, Presidencia de la República.
Correo
electrónico:
Fax:
2253-9078
Diputados
y Diputadas de la Asamblea Legislativa.
Correos
electrónicos:
marioredondo1@gmail.com, patrimorac@hotmail.com, carlosha30@gmail.com, evinicio@ice.co.cr, notlc2007@gmail.com,pasgerardovargas@gmail.com, jarguedas@anttec.org, fuler.ramirez@gmail.com, ligiaefallas@gmail.com,carmenquesadas@hotmail.com, josealfarounaporte@hotmail.com, natdiaquin@gmail.com, otto.guevara@gmail.com,emiliamolina@gmail.com, epsycb@gmail.com, coref5@hotmail.com, hmoraj@gmail.com, javiercambroneroarguedas@gmail.com,lgarrog@gmail.com, mguerrero25@gmail.com, marcovredondo@gmail.com, marlene2245@gmail.com, marmedicolegal@hotmail.com,nidiamajiva@yahoo.es, ottonsolis@ice.co.cr, punto20@gmail.com, oscarlopezpase@gmail.com, aalvarez@alvarezymarin.com,aracelli.segura.retana@hotmail.com, c_arguedas@yahoo.com, dhcarcache@hotmail.com, succar@ice.co.cr,juanmarinquiros@gmail.com, inverriego@hotmail.com, karlaprendas@yahoo.com, lorellytrejosalas@yahoo.com.mx,arauz08@yahoo.com, mclarkem@yahoo.com, ojimenez19522@hotmail.com, pauliram@hotmail.com, gonzalezulloarolando@gmail.com, rmonge@grupoehmo.com, sandrapiszk@racsa.co.cr, sil_vane17@hotmail.com, gvargas111@hotmail.com, tatiribera@yahoo.com,jleiva@ice.co.cr, gregorio937@gmail.com, lvasquez.limon.cr@gmail.com, rortizfab@gmail.com, rarm2014@gmail.com, alvarado-w@hotmail.com, abelinoesquivel@gmail.com, chalobeto@gmail.com, fabricioalvaradomusic@gmail.com
Msc.
Montserrat Solano Carboni, Defensoría de los Habitantes.
Correo
electrónico:
Fax:
4000-8700
Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión,
Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, OEA
Correo
electrónico:
Por
favor copiar sus cartas
a criminalizacionprotestasocial@gmail.com para
tener registro de sus muestras de solidaridad.
NO
A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
NO
A LA PENALIZACIÓN DE CIUDADANOS Y LUCHADORES SOCIALES
Sábado,
4 de marzo de 2017
COLECTIVO
DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL EN COSTA RICA
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