Antes de nada, tengo que hacer una sincera confesión. Debo reconocer que he intentado infructuosamente que Mundo Obrero subiese mis emolumentos aprovechando que Dolores Redondo obtenía el premio Planeta, pero no han picado. La suspicacia que otorga la formación marxista ha impedido que la confusión jugase a mi favor. Aunque me considero afortunada, porque el posible y poco probable hecho de haber ganado el premio Planeta debería ser motivo plenamente justificado para mi despido fulminante de MO por causas objetivas. Sin embargo, ahora estoy tentada de dedicarme a la novela policíaca, como mi homónima.
Quizá juegue a mi favor haber sido desde siempre fan de Paco Lobatón y su abnegada búsqueda de personas desaparecidas. Seguro que la mayoría desconoce que ¿Quién sabe dónde?, aquel programa televisivo que fue emitido por TVE entre 1992 y 1998, fue eliminado de la programación en pleno gobierno Aznar cuando comenzaba a investigar la trama de bebés robados. Y aún más desconocido resultará el hecho de que su presentador fue detenido en 1972 en la facultad de periodismo y torturado en la Dirección General de Seguridad por Antonio González Pacheco, más conocido por “Billy el Niño”, tan conocido por la militancia comunista de la época.
Tratadas o no como telebasura, las desapariciones son un problema de primer orden. Según datos del Ministerio del Interior, en España se denunciaron 24.995 casos de desaparición en 2015. A pesar de que la mayoría de los casos se resuelven, existen actualmente 1.270 casos abiertos pendientes de resolución. Y si algo ha puesto de evidencia el mediático caso la joven Diana Quer, desaparecida en Galicia, es que existe una clara relación entre clase social y disposición de medios de investigación por parte del Estado. Muchas familias de desaparecidos/as han expresado sus quejas por los enormes medios desplegados para buscar a la hija de un empresario inmobiliario con buenas relaciones con el gobierno central, y la carencia de los mismos cuando se trata de parientes sin influencia ni parné.
Eso cuando se trata de España. Porque si nos referimos a otros países hablar de desaparecidos es hablar de parias, de impunidad y de complicidades gubernativas. Algún día deberá conocerse toda la verdad sobre la tragedia que asola algunos estados de México. El recurso fácil y tópico cada vez que aparecen cadáveres es achacárselos siempre al crimen organizado, cuando es conocido que parte de éste se elige en procesos electorales y las víctimas incluyen sindicalistas, políticos y activistas sociales. El llamado crimen organizado es un cóctel explosivo de narcotraficantes, clase política y fuerzas de “inseguridad” del Estado.
Es tremendo conocer la desaparición forzosa y violenta de miles de personas. Pero pone los pelos como escarpias pensar que la inmensa mayoría de esas desapariciones no interesan a casi nadie y nunca serán resueltas. La búsqueda de los famosos 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, al sur de México, reveló accidentalmente la presencia de fosas comunes que eran desconocidas hasta entonces.
Este mismo verano pudo conocerse que en 2011 Los Zetas asesinaron por venganza a más de 300 personas de los dos sexos y de todas las edades. Durante días sacaron a decenas de familias de sus casas, saquearon sus casas, las incendiaron y las destruyeron con bulldozers sin que la policía ni las autoridades movieran un dedo.
Esta banda paramilitar deriva de un cuerpo de élite mexicano creado en 1995 para reprimir al frente zapatista de Chiapas. Entrenados en Fort Bragg por la CIA y el MOSAD, una vez finalizado el conflicto chiapaneco desertaron de las fuerzas especiales del Ejército mexicano y se dedicaron al narcotráfico, al menos teóricamente.
Durante cuatro años convirtieron una prisión pública en Cohauila, al norte del país, en un campo de exterminio de personas secuestradas. En ella se cometieron más de 150 asesinatos al amparo de las autoridades, que hacían la vista gorda mientras se asesinaba, se troceaban los cadáveres y se disolvían en tanques de acero repletos de ácido, antes de hacer arrojar lo que quedaba en las aguas del río San Rodrigo, a 30 kilómetros de distancia. Solo en Coahuila hay 1.800 casos de desapariciones, de los más de 13.000 que indican las cifras oficiales en México, seguramente muy incompletas. En abril de 2015, un grupo de familiares de desaparecidos descubrió el mayor campo de exterminio de los Zetas. En Patrocinio, una localidad en el estado de Coahuila, se han recogido 4.600 restos y fragmentos óseos en una extensión de 56.000 metros cuadrados.
En los últimos días, El País ha informado de la detención del contable de Los Zetas en su casa de Madrid el pasado mes de marzo, donde guardaba la contabilidad del clan mexicano. Sus papeles revelaban las conexiones del narco con jueces y altos funcionarios mexicanos.
Al fascismo nunca le ha bastado con el asesinato y las desapariciones. Desde el franquismo al paramilitarismo colombiano, pasando por el nazismo, las dictaduras europeas y latinoamericanas o las masacres organizadas por la CIA durante décadas, el fascismo siempre ha impuesto calculadamente el terror. Porque es sabido que el miedo genera silencio y servidumbres.
— Y digo yo... ¿aquí no haría falta una Revolución?
— Y luego, ¿por qué me lo preguntas?
Quizá juegue a mi favor haber sido desde siempre fan de Paco Lobatón y su abnegada búsqueda de personas desaparecidas. Seguro que la mayoría desconoce que ¿Quién sabe dónde?, aquel programa televisivo que fue emitido por TVE entre 1992 y 1998, fue eliminado de la programación en pleno gobierno Aznar cuando comenzaba a investigar la trama de bebés robados. Y aún más desconocido resultará el hecho de que su presentador fue detenido en 1972 en la facultad de periodismo y torturado en la Dirección General de Seguridad por Antonio González Pacheco, más conocido por “Billy el Niño”, tan conocido por la militancia comunista de la época.
Tratadas o no como telebasura, las desapariciones son un problema de primer orden. Según datos del Ministerio del Interior, en España se denunciaron 24.995 casos de desaparición en 2015. A pesar de que la mayoría de los casos se resuelven, existen actualmente 1.270 casos abiertos pendientes de resolución. Y si algo ha puesto de evidencia el mediático caso la joven Diana Quer, desaparecida en Galicia, es que existe una clara relación entre clase social y disposición de medios de investigación por parte del Estado. Muchas familias de desaparecidos/as han expresado sus quejas por los enormes medios desplegados para buscar a la hija de un empresario inmobiliario con buenas relaciones con el gobierno central, y la carencia de los mismos cuando se trata de parientes sin influencia ni parné.
Eso cuando se trata de España. Porque si nos referimos a otros países hablar de desaparecidos es hablar de parias, de impunidad y de complicidades gubernativas. Algún día deberá conocerse toda la verdad sobre la tragedia que asola algunos estados de México. El recurso fácil y tópico cada vez que aparecen cadáveres es achacárselos siempre al crimen organizado, cuando es conocido que parte de éste se elige en procesos electorales y las víctimas incluyen sindicalistas, políticos y activistas sociales. El llamado crimen organizado es un cóctel explosivo de narcotraficantes, clase política y fuerzas de “inseguridad” del Estado.
Es tremendo conocer la desaparición forzosa y violenta de miles de personas. Pero pone los pelos como escarpias pensar que la inmensa mayoría de esas desapariciones no interesan a casi nadie y nunca serán resueltas. La búsqueda de los famosos 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, al sur de México, reveló accidentalmente la presencia de fosas comunes que eran desconocidas hasta entonces.
Este mismo verano pudo conocerse que en 2011 Los Zetas asesinaron por venganza a más de 300 personas de los dos sexos y de todas las edades. Durante días sacaron a decenas de familias de sus casas, saquearon sus casas, las incendiaron y las destruyeron con bulldozers sin que la policía ni las autoridades movieran un dedo.
Esta banda paramilitar deriva de un cuerpo de élite mexicano creado en 1995 para reprimir al frente zapatista de Chiapas. Entrenados en Fort Bragg por la CIA y el MOSAD, una vez finalizado el conflicto chiapaneco desertaron de las fuerzas especiales del Ejército mexicano y se dedicaron al narcotráfico, al menos teóricamente.
Durante cuatro años convirtieron una prisión pública en Cohauila, al norte del país, en un campo de exterminio de personas secuestradas. En ella se cometieron más de 150 asesinatos al amparo de las autoridades, que hacían la vista gorda mientras se asesinaba, se troceaban los cadáveres y se disolvían en tanques de acero repletos de ácido, antes de hacer arrojar lo que quedaba en las aguas del río San Rodrigo, a 30 kilómetros de distancia. Solo en Coahuila hay 1.800 casos de desapariciones, de los más de 13.000 que indican las cifras oficiales en México, seguramente muy incompletas. En abril de 2015, un grupo de familiares de desaparecidos descubrió el mayor campo de exterminio de los Zetas. En Patrocinio, una localidad en el estado de Coahuila, se han recogido 4.600 restos y fragmentos óseos en una extensión de 56.000 metros cuadrados.
En los últimos días, El País ha informado de la detención del contable de Los Zetas en su casa de Madrid el pasado mes de marzo, donde guardaba la contabilidad del clan mexicano. Sus papeles revelaban las conexiones del narco con jueces y altos funcionarios mexicanos.
Al fascismo nunca le ha bastado con el asesinato y las desapariciones. Desde el franquismo al paramilitarismo colombiano, pasando por el nazismo, las dictaduras europeas y latinoamericanas o las masacres organizadas por la CIA durante décadas, el fascismo siempre ha impuesto calculadamente el terror. Porque es sabido que el miedo genera silencio y servidumbres.
— Y digo yo... ¿aquí no haría falta una Revolución?
— Y luego, ¿por qué me lo preguntas?
Publicado en el Nº 300 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2016
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