MÁS DEL 50% DE LAS PENSIONES SON INFERIORES A 700 EUROS Y EL 70% NO LLEGA A 1.000
El déficit, por lo tanto, no viene por el lado del gasto sino por las políticas de los Gobiernos que están lastrando gravemente los ingresos de la Seguridad Social.
El déficit, por lo tanto, no viene por el lado del gasto sino por las políticas de los Gobiernos que están lastrando gravemente los ingresos de la Seguridad Social.
SUSANA LÓPEZ 30/12/2016
Es urgente llamar la atención sobre uno de los problemas más relevantes que hoy preocupan o afectan directamente a las personas jubiladas y pensionistas, además de a las generaciones actualmente en activo y a las venideras: el cuestionamiento de la sostenibilidad del SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES.
Partimos de que el Sistema Público de Pensiones es un puntal básico del Estado de Bienestar y garantía de que, en la vejez, después de muchos años de trabajo, cotizando y pagando impuestos, las personas mayores puedan llevar una vida mínimamente digna.
Sin embargo, y especialmente con la excusa de la crisis, su sostenibilidad a futuro está siendo cuestionada reiteradamente desde medios de comunicación, “expertos” de toda índole, entidades financieras (que ven en ello un inmenso negocio), e incluso instituciones como el Banco de España y otras. Los desmentidos del Gobierno del PP, afirmando que el Sistema Público de Pensiones está garantizado ahora y en el futuro, acostumbrados como nos tienen a hacer o decir lo contrario de lo que piensan o se proponen hacer, no consiguen sino aumentar la sospecha de que las pensiones, en sus manos, peligran realmente.
Por eso considero que es necesario y urgente salir al paso de la manipulación a que está siendo sometida la opinión pública, tendente a generar un “estado de ánimo” proclive a aceptar recortes, sacrificios o lo que haga falta, con tal de que se asegure la pervivencia del Sistema. Así ha funcionado desde mediados de los 80, con sucesivas reformas, todas ellas para “garantizar su sostenibilidad”, que inmediatamente después era de nuevo cuestionada.
Lo primero que hay que aclarar es que el actual déficit de las cuentas de la Seguridad Social no se debe a un aumento desmesurado del gasto en Pensiones. Por el contrario, como consecuencia de las sucesivas reformas, éste ha ido decreciendo en los últimos años, en relación con el PIB, pese a la incorporación de nuevos pensionistas con bases de cotización más altas: el gasto ascendió al 10,7% del PIB en 2014, al 10,6% (una décima menos) en 2015, y en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 la estimación se queda en el 10,4% (dos décimas menos que el año anterior). [1]
El déficit, por lo tanto, no viene por el lado del gasto (es decir, no se debe estrictamente al aumento del número de pensiones de mayor cuantía, ni a la mejora de las anteriores), sino por el lado de los ingresos, debido a las políticas de los Gobiernos, que a lo largo de la crisis han generado un paro masivo, un record de precariedad en el empleo y una caída considerable de los salarios por los que se cotiza, además de exenciones del pago de cuotas para diversos tipos de contrataciones, etc. Son estas políticas, en su conjunto, las que están lastrando gravemente los ingresos de la Seguridad Social, que de tener superávits en sus cuentas a lo largo de décadas ha pasado a ser deficitaria, amenazando el futuro del Sistema si no conseguimos revertir dichas políticas y una más justa redistribución de la riqueza vía política fiscal. Fiarlo, como dicen, a la creación de empleo y al crecimiento económico es una falacia más, pues se está demostrando que ni el crecimiento económico del que presumen (el mayor de los países de la UE) ni el aumento del empleo (precario y con bajos salarios) alivian la caída de ingresos de la Seguridad Social.
Por otra parte, el gasto en pensiones de España es notablemente inferior al de otros países de la Unión Europea de similar desarrollo económico. Según se recoge en la mencionada Revista de la Seguridad Social, con datos de Eurostat de 2012, la media de Gasto en vejez de la UE-15 era del 11,8% del PIB, estando muy por encima países como Italia (15,3%), Dinamarca (14,4%), Austria (13,0%) o Francia (12,9%). Nuestro país figura con el 9,2%. Y en cuanto al Gasto en Pensiones (que incluye prestaciones por desempleo y otras), los países de la Eurozona empleaban de media el 13,5% del PIB, con un 16,1% en Italia y entre el 14/15% en Francia, Austria o Dinamarca. Resulta, pues, inadmisible el alarmismo que se está intentando crear al sentenciar que nuestro Sistema será insostenible, si no se siguen haciendo reformas y recortes más duros, cuando en 2050 o 2060, con la incorporación de cohortes numerosas como las del “baby boom”, pudiera alcanzar un gasto equivalente al 14/15% del PIB; es decir, lo que ya hoy están gastando países comunitarios vecinos, sin que sus economías ni otros servicios o prestaciones al resto de la población estén en peores condiciones que las nuestras, que tiene un gasto en vejez considerablemente menor. Más bien ocurre lo contrario, si comparamos sus niveles de déficit y endeudamiento (en los que nuestro país va a la cabeza), o su renta per cápita.
Otro dato abusivamente utilizado de forma artera es la relación activos (en descenso) / pasivos (en aumento), cuando lo que se debería tener en cuenta no es el número de trabajadores/as que se necesitará en un futuro para sostener a una pensión, sino cuánto produce uno o una de ellas en cada momento. La diferencia es sustancial.
Debemos refutar, asimismo, el bulo tan extendido de que las pensiones en España “son muy generosas”, lo que niega el hecho de que más del 50% de las mismas tienen cuantías inferiores a 700 euros y el 70% no llega a 1.000. Sin que podamos dejar de señalar que una inmensa mayoría de las pensiones más bajas corresponden a mujeres, siendo las de viudedad (más del 90% son de mujeres) las que, por su insuficiencia, requieren la aplicación del complemento a mínimos (el 35%). Un problema, el de la “brecha de género”, que se reproduce y acrecienta en la etapa de la vida en que las personas somos más vulnerables, sin que se le preste atención y mucho menos soluciones, con lo que la feminización de la pobreza se cronifica.
Tras la dura reforma de 2011 del PSOE, con aumento de la edad de jubilación a los 67 años, resulta especialmente lesiva la del Gobierno del PP de 2013, que por un lado establece una nueva la fórmula de revalorización de las pensiones y, por otro, establece y anticipa a 2019 el llamado Factor de Sostenibilidad.
La primera, se determina en función del equilibrio (ingresos por cotizaciones/gastos) de las cuentas de la Seguridad Social, de manera que mientras éstas arrojen déficit (lo que está garantizado por bastantes años, con las políticas que denunciamos) no pasará del 0,25% de incremento, cualquiera que sea el aumento del índice de precios al consumo (IPC), cuyo objetivo fijado por el Banco Central Europeo es alcanzar cuanto antes el 2%. De hecho, la inflación negativa de estos últimos años, coincidente con la aplicación del 0,25% (con lo que presuntamente las pensiones habrían ganado poder de compra), no ha sido capaz de recuperar la pérdida derivada de las sucesivas congelaciones de las pensiones de 2011 y 2012, de modo que las pensiones públicas acumulan, desde 2009, una pérdida de poder adquisitivo del 1,1%.
El Factor de Sostenibilidad, por su parte, establece la fórmula a aplicar a partir de 2019 a las nuevas pensiones, en función de la expectativa de vida existente en el momento en que curse el derecho, de manera que el aumento de la expectativa de vida repercuta en una reducción inicial de la misma. La aplicación de esta norma (si no lo remediamos) hará caer aparatosamente el porcentaje de la pensión a percibir en relación con el último salario, que puede llegar a ser, de aquí a 2060, un 30/40% inferior a la relación actual.
El agotamiento del Fondo de Reserva (de los 66.815 millones de euros de que disponía en 2011 quedan en la actualidad 24.207) genera una incertidumbre añadida, pues se está dando a entender que si se agota el Fondo de Reserva no se podrán pagar las pensiones o, como mínimo, no se abonarán las pagas extras. Una falsedad más en este entramado de manipulación de una opinión pública desinformada y atemorizada. Porque, en definitiva, es el Estado el que tiene que hacer frente a sus responsabilidades, tanto si las cotizaciones no llegan como si el Fondo se agota. La Seguridad Social (aunque tenga ingresos vía cotizaciones sociales) es tan parte de los Presupuestos Generales del Estado como la Sanidad, la Educación, la Defensa o la I+D+i. Y, dentro de ella, las Pensiones, por más que se intentara dar un giro a la financiación de éstas (con la “separación de fuentes”) en el Pacto de Toledo.
En este punto, deberíamos expresar nuestro rotundo rechazo a que se segreguen de la Seguridad Social (estableciendo una forma de financiación diferenciada) las de Muerte y Supervivencia, con el punto de mira puesto en las Pensiones de Viudedad, tan de carácter contributivo como las de Jubilación o Incapacidad. La Pensión de Viudedad (recordemos que en su inmensa mayoría afecta a mujeres, la parte más débil en el mundo del trabajo y en el de la protección social) necesita de reformas, sin duda, pero no por la puerta de atrás. La afirmación “tranquilizadora” del Gobierno de que una financiación diferenciada del resto de pensiones contributivas no alteraría su estatus jurídico no hace sino incrementar la sospecha de que se persigue todo lo contrario, si además tenemos en cuenta los antecedentes y el debate abierto al respecto desde años atrás.
Nota:
1. Estos datos proceden del Informe Económico Financiero de los Presupuestos Generales de 2016, según publica la Revista Activa, de la Seguridad Social, del 21 de agosto de 2015 (http://goo.gl/WY7BZ8)
Partimos de que el Sistema Público de Pensiones es un puntal básico del Estado de Bienestar y garantía de que, en la vejez, después de muchos años de trabajo, cotizando y pagando impuestos, las personas mayores puedan llevar una vida mínimamente digna.
Sin embargo, y especialmente con la excusa de la crisis, su sostenibilidad a futuro está siendo cuestionada reiteradamente desde medios de comunicación, “expertos” de toda índole, entidades financieras (que ven en ello un inmenso negocio), e incluso instituciones como el Banco de España y otras. Los desmentidos del Gobierno del PP, afirmando que el Sistema Público de Pensiones está garantizado ahora y en el futuro, acostumbrados como nos tienen a hacer o decir lo contrario de lo que piensan o se proponen hacer, no consiguen sino aumentar la sospecha de que las pensiones, en sus manos, peligran realmente.
Por eso considero que es necesario y urgente salir al paso de la manipulación a que está siendo sometida la opinión pública, tendente a generar un “estado de ánimo” proclive a aceptar recortes, sacrificios o lo que haga falta, con tal de que se asegure la pervivencia del Sistema. Así ha funcionado desde mediados de los 80, con sucesivas reformas, todas ellas para “garantizar su sostenibilidad”, que inmediatamente después era de nuevo cuestionada.
Lo primero que hay que aclarar es que el actual déficit de las cuentas de la Seguridad Social no se debe a un aumento desmesurado del gasto en Pensiones. Por el contrario, como consecuencia de las sucesivas reformas, éste ha ido decreciendo en los últimos años, en relación con el PIB, pese a la incorporación de nuevos pensionistas con bases de cotización más altas: el gasto ascendió al 10,7% del PIB en 2014, al 10,6% (una décima menos) en 2015, y en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 la estimación se queda en el 10,4% (dos décimas menos que el año anterior). [1]
El déficit, por lo tanto, no viene por el lado del gasto (es decir, no se debe estrictamente al aumento del número de pensiones de mayor cuantía, ni a la mejora de las anteriores), sino por el lado de los ingresos, debido a las políticas de los Gobiernos, que a lo largo de la crisis han generado un paro masivo, un record de precariedad en el empleo y una caída considerable de los salarios por los que se cotiza, además de exenciones del pago de cuotas para diversos tipos de contrataciones, etc. Son estas políticas, en su conjunto, las que están lastrando gravemente los ingresos de la Seguridad Social, que de tener superávits en sus cuentas a lo largo de décadas ha pasado a ser deficitaria, amenazando el futuro del Sistema si no conseguimos revertir dichas políticas y una más justa redistribución de la riqueza vía política fiscal. Fiarlo, como dicen, a la creación de empleo y al crecimiento económico es una falacia más, pues se está demostrando que ni el crecimiento económico del que presumen (el mayor de los países de la UE) ni el aumento del empleo (precario y con bajos salarios) alivian la caída de ingresos de la Seguridad Social.
Por otra parte, el gasto en pensiones de España es notablemente inferior al de otros países de la Unión Europea de similar desarrollo económico. Según se recoge en la mencionada Revista de la Seguridad Social, con datos de Eurostat de 2012, la media de Gasto en vejez de la UE-15 era del 11,8% del PIB, estando muy por encima países como Italia (15,3%), Dinamarca (14,4%), Austria (13,0%) o Francia (12,9%). Nuestro país figura con el 9,2%. Y en cuanto al Gasto en Pensiones (que incluye prestaciones por desempleo y otras), los países de la Eurozona empleaban de media el 13,5% del PIB, con un 16,1% en Italia y entre el 14/15% en Francia, Austria o Dinamarca. Resulta, pues, inadmisible el alarmismo que se está intentando crear al sentenciar que nuestro Sistema será insostenible, si no se siguen haciendo reformas y recortes más duros, cuando en 2050 o 2060, con la incorporación de cohortes numerosas como las del “baby boom”, pudiera alcanzar un gasto equivalente al 14/15% del PIB; es decir, lo que ya hoy están gastando países comunitarios vecinos, sin que sus economías ni otros servicios o prestaciones al resto de la población estén en peores condiciones que las nuestras, que tiene un gasto en vejez considerablemente menor. Más bien ocurre lo contrario, si comparamos sus niveles de déficit y endeudamiento (en los que nuestro país va a la cabeza), o su renta per cápita.
Otro dato abusivamente utilizado de forma artera es la relación activos (en descenso) / pasivos (en aumento), cuando lo que se debería tener en cuenta no es el número de trabajadores/as que se necesitará en un futuro para sostener a una pensión, sino cuánto produce uno o una de ellas en cada momento. La diferencia es sustancial.
Debemos refutar, asimismo, el bulo tan extendido de que las pensiones en España “son muy generosas”, lo que niega el hecho de que más del 50% de las mismas tienen cuantías inferiores a 700 euros y el 70% no llega a 1.000. Sin que podamos dejar de señalar que una inmensa mayoría de las pensiones más bajas corresponden a mujeres, siendo las de viudedad (más del 90% son de mujeres) las que, por su insuficiencia, requieren la aplicación del complemento a mínimos (el 35%). Un problema, el de la “brecha de género”, que se reproduce y acrecienta en la etapa de la vida en que las personas somos más vulnerables, sin que se le preste atención y mucho menos soluciones, con lo que la feminización de la pobreza se cronifica.
Tras la dura reforma de 2011 del PSOE, con aumento de la edad de jubilación a los 67 años, resulta especialmente lesiva la del Gobierno del PP de 2013, que por un lado establece una nueva la fórmula de revalorización de las pensiones y, por otro, establece y anticipa a 2019 el llamado Factor de Sostenibilidad.
La primera, se determina en función del equilibrio (ingresos por cotizaciones/gastos) de las cuentas de la Seguridad Social, de manera que mientras éstas arrojen déficit (lo que está garantizado por bastantes años, con las políticas que denunciamos) no pasará del 0,25% de incremento, cualquiera que sea el aumento del índice de precios al consumo (IPC), cuyo objetivo fijado por el Banco Central Europeo es alcanzar cuanto antes el 2%. De hecho, la inflación negativa de estos últimos años, coincidente con la aplicación del 0,25% (con lo que presuntamente las pensiones habrían ganado poder de compra), no ha sido capaz de recuperar la pérdida derivada de las sucesivas congelaciones de las pensiones de 2011 y 2012, de modo que las pensiones públicas acumulan, desde 2009, una pérdida de poder adquisitivo del 1,1%.
El Factor de Sostenibilidad, por su parte, establece la fórmula a aplicar a partir de 2019 a las nuevas pensiones, en función de la expectativa de vida existente en el momento en que curse el derecho, de manera que el aumento de la expectativa de vida repercuta en una reducción inicial de la misma. La aplicación de esta norma (si no lo remediamos) hará caer aparatosamente el porcentaje de la pensión a percibir en relación con el último salario, que puede llegar a ser, de aquí a 2060, un 30/40% inferior a la relación actual.
El agotamiento del Fondo de Reserva (de los 66.815 millones de euros de que disponía en 2011 quedan en la actualidad 24.207) genera una incertidumbre añadida, pues se está dando a entender que si se agota el Fondo de Reserva no se podrán pagar las pensiones o, como mínimo, no se abonarán las pagas extras. Una falsedad más en este entramado de manipulación de una opinión pública desinformada y atemorizada. Porque, en definitiva, es el Estado el que tiene que hacer frente a sus responsabilidades, tanto si las cotizaciones no llegan como si el Fondo se agota. La Seguridad Social (aunque tenga ingresos vía cotizaciones sociales) es tan parte de los Presupuestos Generales del Estado como la Sanidad, la Educación, la Defensa o la I+D+i. Y, dentro de ella, las Pensiones, por más que se intentara dar un giro a la financiación de éstas (con la “separación de fuentes”) en el Pacto de Toledo.
En este punto, deberíamos expresar nuestro rotundo rechazo a que se segreguen de la Seguridad Social (estableciendo una forma de financiación diferenciada) las de Muerte y Supervivencia, con el punto de mira puesto en las Pensiones de Viudedad, tan de carácter contributivo como las de Jubilación o Incapacidad. La Pensión de Viudedad (recordemos que en su inmensa mayoría afecta a mujeres, la parte más débil en el mundo del trabajo y en el de la protección social) necesita de reformas, sin duda, pero no por la puerta de atrás. La afirmación “tranquilizadora” del Gobierno de que una financiación diferenciada del resto de pensiones contributivas no alteraría su estatus jurídico no hace sino incrementar la sospecha de que se persigue todo lo contrario, si además tenemos en cuenta los antecedentes y el debate abierto al respecto desde años atrás.
Nota:
1. Estos datos proceden del Informe Económico Financiero de los Presupuestos Generales de 2016, según publica la Revista Activa, de la Seguridad Social, del 21 de agosto de 2015 (http://goo.gl/WY7BZ8)
Publicado en el Nº 301 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2016
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