La ministra de Fomento ha anunciado de tapadillo la definitiva privatización de las dos joyas públicas del Estado, el AVE y la red de aeropuertos de Aena Aeropuertos.

Como nos tiene acostumbrados este Gobierno, ha vuelto a ocultar a la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación medidas de tan profundo calado, postergándolas a la finalización de las elecciones y escondiéndolas entre la abdicación del rey y el debut de la selección en el mundial. El fraude de las privatizaciones de Aena y AVE liquida el espejismo de un sector de transportes público, amenazando la lenta recuperación del sector turístico, motor de nuestra economía. Pero incluso, en un futuro cercano, podemos encontrarnos con que nuestras infraestructuras de transporte aeroportuario y ferroviario pasen a capitales privados extranjeros, como ya lo están hoy el resto del transporte por carretera, marítimo y, salvo contados casos, las compañías aéreas. Nos preguntamos si es así como entiende este gobierno la Marca España. Desde CGT entendemos que estas medidas, en las que el gobierno del PP vuelve a legislar solo y por decreto, son una muestra más de la vieja política de apropiación y liquidación de los bienes públicos ciudadanos, conseguidos con el esfuerzo de varias generaciones.  La decisión de la venta del 49% del capital de Aena Aeropuertos del último Consejo de Ministros supone el enésimo bandazo de un proyecto privatizador que nunca ha tenido rumbo, y que ha sido criticado por la mayoría de los agentes implicados en el sector turístico. La ministra ha expuesto tres vagas razones: control de costes, incremento de la eficiencia y hacer el sector más competitivo, pero no ha dado un solo argumento, en una intervención intencionadamente corta, de cómo la salida a bolsa de un 28% del capital, o la colocación de otro 21% entre inversores amigos, pueda favorecer esa eficiencia, e incluso llega a equivocarse al decir que Aena Aeropuertos seguirá siendo un Ente Público (sic), cuando desde 2011 ya no lo es. Éste es su conocimiento del sector. Nuestra red de aeropuertos de interés general, que es de titularidad pública, nunca ha costado un euro al ciudadano, y ha autofinanciado la inversión en la ampliación y mantenimiento de sus infraestructuras. La única verdad que esconde este nuevo modelo privatizador es que el PP vislumbra la última ventana para malvender nuestra red pública de aeropuertos, los únicos rentables económica y socialmente. Lo único cierto de este nuevo expolio al ciudadano de a pie es que los únicos beneficiados de esta privatización serán los agentes colocadores, los facilitadores que conocemos de sobra de tantos y tantos escándalos notorios, y los bancos elegidos para llevar a cabo esta operación. Todos sacarán su más que pingüe beneficio, presente y futuro, de un bien que ahora es de todos. No hay más que ver el precio que se ha barajado para este expolio, unos 16.000 millones de euros, que de por sí es inferior al volumen de inversión realizado en la red de aeropuertos en los últimos 10 años. La ministra tampoco ha explicado que el Erario Público tampoco sacará nada de esta operación. Aena Aeropuertos ha tenido beneficios en los dos últimos ejercicios, ha reducido su endeudamiento e, incluso, ha realizado inversiones en la compra de aeropuertos fuera de nuestro país. Y este año está experimentando un crecimiento sostenido tanto en operaciones como en número de pasajeros. ¿Por qué venderlo entonces? CGT quiere dar a conocer a la opinión pública lo que esta operación supondrá en estas infraestructuras básicas, pues se trata de una operación meramente financiera. La voracidad de los capitales especulativos, que son los que entrarán en la operación, necesita de rendimientos altos y a corto plazo, lo que implica aumento de tasas y precios públicos y reducción de inversiones en seguridad operacional para el pasajero y en mantenimiento de las infraestructuras. Pero lo que no ha dicho este gobierno es que perderemos el control de las decisiones en una red que supone el 90% de la entrada de turistas extranjeros en nuestro territorio, que este paso sólo es el primero para perder una posición mayoritaria en el nuevo accionariado, pues los inversores ya han avisado reiteradamente que no tomarán posiciones minoritarias a medio plazo, y que en ningún caso queda garantizado el funcionamiento en red ni el cierre o la venta por separado de los aeropuertos que los nuevos dueños privados consideren no rentables o de los que se quieran desprender. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sociales para movilizarse contra este expolio y para llevar este debate a la opinión pública, y tomaremos todas las medidas para evitar que las últimas infraestructuras básicas que quedan en manos públicas se expolien una vez más con los resultados que tan bien conocemos todos.