Miguel Jara
El autor del libro ‘Conspiraciones tóxicas’ repasa tres de los principales accidentes nucleares donde el ente vigilante, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), actuó en connivencia con los intereses de la industria nuclear.
Cuando producir una energía es peligroso para la ciudadanía, los fallos y accidentes de las centrales se ocultan. Es lo que ha ocurrido con las fugas de la planta atómica de Ascó I. Y más cuando al acecho está el poderoso lobby en pro de la radiactividad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha vuelto a demostrar que está más interesado en no entorpecer los negocios de las empresas eléctricas que en velar por la seguridad de los ciudadanos, en teoría, su razón de ser. Endesa e Iberdrola, propietarias de Ascó, conocían la fuga antes que el CSN y no le avisaron, eso al menos denuncia éste. Pero la institución pública ha vuelto a tardar en informar al público. Poco importa preguntarse qué hubiera ocurrido si Greenpeace no lo advierte. ¿Hubiera alertado el Consejo ? Veamos su actuación en algunos casos anteriores.
COFRENTES (2001) En marzo de 2001, Iberdrola logró, para la central de Cofrentes (Valencia), una nueva prórroga de explotación del Ministerio de Economía por diez años y aumentó la potencia de su reactor, previo informe favorable del CSN. Para conseguir un mayor rendimiento se realizaron algunas modificaciones del diseño original de la central que requirieron introducir combustible de uranio de mayor potencia energética, lo que también conllevó una serie de cambios en los sistemas de control y de refrigeración de emergencia. Para todo ello deben actualizarse las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), algo así como las normas básicas para un correcto manejo de la central. El CSN obvió la realización de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debería haber exigido, como órgano con competencias ambientales en el tema nuclear que es. En el proceso, durante la parada y las pruebas de arranque, la planta atómica sufrió un número de sucesos consecutivos sin precedentes.
Nueve de estos fueron notificados al CSN de manera reglamentaria, pero en realidad hubo otros tres sucesos importantes más que no se notificaron. Uno de ellos fue detectado por el cuerpo de la Inspección Residente (IR), funcionarios del CSN que viven en los complejos nucleares para realizar labores de control de las plantas. Pues bien, por hacer bien su trabajo, estos funcionarios primero fueron reprendidos por los directivos de la central de los que tuvieron que soportar una fuerte bronca, y después, y esto es todavía más grave, por los máximos responsables del CSN, dirigido entonces por María Teresa Estevan Bolea, reconocida pro nuclear.
ALMARAZ (2003) En el verano de 2003, los técnicos de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) detectaron un grave fallo en uno de los dos generadores diesel de emergencia, esto es, en los motores que, en caso de apagón, producirían electricidad para hacer funcionar todos los sistemas de seguridad de la instalación. La planta pidió al CSN funcionar durante un mes con un solo generador diesel de emergencia y sustituir el otro, averiado, por cinco minigeneradores portátiles para no perder ni un solo día de producción.
Dicho así, podría pensarse que no es un caso muy grave, pero para los técnicos, incluido los del propio CSN, ha sido uno de los ejemplos más claros de connivencia entre el CSN y la industria nuclear. Pero el Consejo aceptó la petición de dejar funcionar a la central ese tiempo con generadores portátiles, un caso sin precedentes en la industria nuclear mundial.
Vandellós II (2004) Las nueve centrales nucleares españolas, en conjunto, han reducido a menos de la mitad sus gastos de seguridad en los últimos cuatro años. El caso de corrosión generalizada en el reactor Vandellós II (Tarragona), concretamente, en el vital sistema de refrigeración, es otro ejemplo del “tiempo de rebajas” que vive la seguridad nuclear en España. El CSN permitió a Vandellós II funcionar con “un aumento del riesgo”, según reconoció en el Congreso la presidenta Estevan Bolea, entre agosto de 2004 (en que el CSN conoció el problema) y marzo de 2005 (en que la central paró para cambiar el combustible), sin parar en ningún momento, pese al riesgo evidente de que la central fuese incapaz de hacer frente a determinados accidentes graves que podrían dar lugar a emisiones de importantes cantidades de radiactividad al medio ambiente. Este suceso, que fue clasificado como de nivel 2 en la escala internacional de sucesos nucleares, ocupa el segundo puesto en la lista de accidentes nucleares en centrales españolas, tan sólo superado por el de la vecina Vandellós I en 1989.
El autor del libro ‘Conspiraciones tóxicas’ repasa tres de los principales accidentes nucleares donde el ente vigilante, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), actuó en connivencia con los intereses de la industria nuclear.
Cuando producir una energía es peligroso para la ciudadanía, los fallos y accidentes de las centrales se ocultan. Es lo que ha ocurrido con las fugas de la planta atómica de Ascó I. Y más cuando al acecho está el poderoso lobby en pro de la radiactividad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha vuelto a demostrar que está más interesado en no entorpecer los negocios de las empresas eléctricas que en velar por la seguridad de los ciudadanos, en teoría, su razón de ser. Endesa e Iberdrola, propietarias de Ascó, conocían la fuga antes que el CSN y no le avisaron, eso al menos denuncia éste. Pero la institución pública ha vuelto a tardar en informar al público. Poco importa preguntarse qué hubiera ocurrido si Greenpeace no lo advierte. ¿Hubiera alertado el Consejo ? Veamos su actuación en algunos casos anteriores.
COFRENTES (2001) En marzo de 2001, Iberdrola logró, para la central de Cofrentes (Valencia), una nueva prórroga de explotación del Ministerio de Economía por diez años y aumentó la potencia de su reactor, previo informe favorable del CSN. Para conseguir un mayor rendimiento se realizaron algunas modificaciones del diseño original de la central que requirieron introducir combustible de uranio de mayor potencia energética, lo que también conllevó una serie de cambios en los sistemas de control y de refrigeración de emergencia. Para todo ello deben actualizarse las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), algo así como las normas básicas para un correcto manejo de la central. El CSN obvió la realización de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debería haber exigido, como órgano con competencias ambientales en el tema nuclear que es. En el proceso, durante la parada y las pruebas de arranque, la planta atómica sufrió un número de sucesos consecutivos sin precedentes.
Nueve de estos fueron notificados al CSN de manera reglamentaria, pero en realidad hubo otros tres sucesos importantes más que no se notificaron. Uno de ellos fue detectado por el cuerpo de la Inspección Residente (IR), funcionarios del CSN que viven en los complejos nucleares para realizar labores de control de las plantas. Pues bien, por hacer bien su trabajo, estos funcionarios primero fueron reprendidos por los directivos de la central de los que tuvieron que soportar una fuerte bronca, y después, y esto es todavía más grave, por los máximos responsables del CSN, dirigido entonces por María Teresa Estevan Bolea, reconocida pro nuclear.
ALMARAZ (2003) En el verano de 2003, los técnicos de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) detectaron un grave fallo en uno de los dos generadores diesel de emergencia, esto es, en los motores que, en caso de apagón, producirían electricidad para hacer funcionar todos los sistemas de seguridad de la instalación. La planta pidió al CSN funcionar durante un mes con un solo generador diesel de emergencia y sustituir el otro, averiado, por cinco minigeneradores portátiles para no perder ni un solo día de producción.
Dicho así, podría pensarse que no es un caso muy grave, pero para los técnicos, incluido los del propio CSN, ha sido uno de los ejemplos más claros de connivencia entre el CSN y la industria nuclear. Pero el Consejo aceptó la petición de dejar funcionar a la central ese tiempo con generadores portátiles, un caso sin precedentes en la industria nuclear mundial.
Vandellós II (2004) Las nueve centrales nucleares españolas, en conjunto, han reducido a menos de la mitad sus gastos de seguridad en los últimos cuatro años. El caso de corrosión generalizada en el reactor Vandellós II (Tarragona), concretamente, en el vital sistema de refrigeración, es otro ejemplo del “tiempo de rebajas” que vive la seguridad nuclear en España. El CSN permitió a Vandellós II funcionar con “un aumento del riesgo”, según reconoció en el Congreso la presidenta Estevan Bolea, entre agosto de 2004 (en que el CSN conoció el problema) y marzo de 2005 (en que la central paró para cambiar el combustible), sin parar en ningún momento, pese al riesgo evidente de que la central fuese incapaz de hacer frente a determinados accidentes graves que podrían dar lugar a emisiones de importantes cantidades de radiactividad al medio ambiente. Este suceso, que fue clasificado como de nivel 2 en la escala internacional de sucesos nucleares, ocupa el segundo puesto en la lista de accidentes nucleares en centrales españolas, tan sólo superado por el de la vecina Vandellós I en 1989.
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