COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DEL PCE

Es la enésima vez que la ONU dirige a España sus reflexiones desfavorables en relación
con el trato desfavorable, en relación a derechos humanos, que en España se está dando
a las víctimas del franquismo en relación con otro tipo de víctimas. Y como no puede
ser de otra manera, el derecho internacional nos ha vuelto a dar la razón, a las víctimas
y familiares, a las asociaciones de memoria y a los partidos que hemos hecho con ellas
un frente común de avance democrático y de recuperación de la verdad histórica.
Pero esta vez, los expertos de la ONU han marcado las líneas por las que deben
recomponerse la justicia en España, líneas en las que los camaradas del Partido ya
venimos trabajando desde hace tiempo: avala la comisión de la verdad como una vía
para el conocimiento de lo sucedido, no sólo desde el hecho académico, sino desde el
institucional y jurídico, así como las acciones que desde otros países se hacen (el caso
de Argentina) o se pudieran hacer, también como garante de justicia universal, ya que
nos encontramos ante crímenes de lesa humanidad, perfectamente tipificados y
regulados.
Esperemos que el señor Gallardón (como ministro garante de la aplicación igualitaria
de la ley) tome nota de todas y cada una de las líneas marcadas por los expertos y abra
las vías necesarias para llevarlas a cabo sin dilación, como marcan las normas
internacionales, y elabore políticas públicas que garanticen la no repetición. Su
respuesta ha de ser en breve; esperemos que vayan por esa dirección. Si no, habrá
respuesta en la calle y en todas las instancias a las que podamos llegar. Si es posible
desarrollar políticas de memoria, aún en tiempos de crisis, como bien se está
demostrando en comunidades autónomas donde, precisamente, no gobierna el Partido
Popular, como es Andalucía.
Siempre hemos denunciado la indiferencia del actual gobierno y de la mayoría de los
jueces españoles, en este asunto; indiferencia por no decir connivencia con el ideal
franquista. Y lo seguiremos haciendo hasta que esta injusticia no se repare, injusticia
personal, social, pero también histórica y política.
Desde el Partido siempre hemos afirmado que el máximo principio de radicalidad
democrática reside en garantizar los derechos de las victimas a través de la verdad, la
justicia y reparación de cada caso. Principios que deben ser los cimientos de una
autentica sociedad moderna que formen parte de la anhelada “res publica”.
Esta es la obligación del Partido y de todos sus militantes, en nuestro ADN se encuentra
la lucha contra la impunidad del franquismo –o lo que es lo mismo, la lucha
antifascista-, lucha que, desgraciadamente para nuestro país, no nos dan opción de
abandonar. Y el trabajo de memoria democrática es un pilar básico para derrotarlo y
avanzar hacia una sociedad más libre.