CGT DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN POSIBLE FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS EN BENEFICIO DE UN EMPRESARIO, Y LOS POSIBLES CASOS DE ENCHUFISMO EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS

CGT basa su denuncia en la información periodística de las últimas semanas que pone en
evidencia la forma en que se fraccionaban contratos para, supuestamente, evitar la licitación
pública, y adjudicar a dedo a un empresario, que realizó obras para un consejero y un alto
directivo del Tribunal; así como el presunto “enchufismo” en la selección de personal del
organismo público que fiscaliza las cuentas de las Administraciones Públicas y de los partidos
políticos

Según la información periodística podría haber una discordancia entre las
cuantías de los contratos menores adjudicados al empresario Ángel Ortega
supuestamente facilitada por el propio Tribunal de Cuentas y la información facilitada
por el mismo empresario al periódico El País, así como la información administrativa
que el periódico dice disponer, lo cual exige una investigación para averiguar el importe
exacto, el objeto, y las tareas concretas realizadas y certificadas correspondientes a los
contratos menores adjudicados al empresario y de esa forma determinar si los
contratos fueron troceados intencionadamente, con el fin de eludir la aplicación de la
legislación de contratos del sector público y evitar la convocatoria de un concurso
público. El empresario Ángel Ortega realizó determinados trabajos a las personas que
le encomendaban trabajos en el Tribunal de Cuentas.
También, según la información periodística, el empresario Ángel Ortega utilizó
dependencias públicas del Tribunal de Cuentas para un uso privativo (guardar
herramientas), lo cual debe investigarse pues presuntamente se hizo con la
autorización o aquiescencia de un funcionario o autoridad pública del Tribunal de
Cuentas, que dispuso, por tanto, de un bien público para fines ajenos al servicio público,
como son los intereses privados de un empresario.
Por otra parte, se denuncia el posible enchufismo o nepotismo en la selección del
personal al servicio del Tribunal de Cuentas.



El posible incumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen el
acceso al empleo público, el de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrían haber
sido vulnerados flagrantemente con la finalidad de colocar a personas afines por
diversas causas: afinidad política, amistad, relaciones familiares, etc. Es decir, que se
habría producido a sabiendas, porque el fin era el de colocar a determinadas personas,
por lo que podría haberse cometido varios delitos, el de prevaricación y el de tráfico de
influencias.
Existen testimonios, que se citan en la información periodística, de personal que
trabaja en el Tribunal de Cuentas, de los que se podría deducir el mecanismo utilizado
para “enchufar” a determinadas personas con relación de parentesco con altos cargos y
funcionarios al servicio del Tribunal de Cuentas.
La investigación debe asegurar, al menos, el análisis de todos los procesos
selectivos que afectan a las personas supuestamente “enchufadas” en diversos puestos
de trabajo, pues las sospechas de haber cometido varios delitos son muy fundadas.
Según la información periodística, “el Tribunal de Cuentas, organismo encargado
de fiscalizar a los partidos políticos y a los organismos públicos, alberga en su plantilla,
de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos
cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de
UGT”. Esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos
familiares dentro de la institución.
En 2009, el Tribunal Supremo anuló la incorporación como directiva de una
hermana del ex diputado socialista Ciriaco de Vicente. Su hermana entró con un nivel
30, el más alto de la Administración. La Sala de lo Contencioso-Administrativo apreció
desviación de poder en el nombramiento de Carmen de Vicente para un puesto creado
para ella en el Departamento de control de la Seguridad Social.
Las últimas oposiciones que convocó el Tribunal de Cuentas permitieron a siete
secretarias eventuales de altos cargos y a la hija del entonces secretario general hacerse
con una plaza fija en el organismo. Es decir, coparon el 57% de las 14 plazas de
“auxiliar de grabación” (departamento de informática: 2.264,20 euros mensuales de
salario) que se convocaron. Entre las secretarias que aprobaron los cuatro ejercicios se
hallaban dos del ex presidente Manuel Núñez y las de otros consejeros de este
organismo, tanto del PP como del PSOE
De todo lo expuesto, este Sindicato entiende que existen indicios claros de la
posible comisión de varios delitos, como los de prevaricación, tráfico de influencias,
falsedades y cohecho, lo que exige una investigación por parte de la Fiscalía
Anticorrupción.