Martes 11 de diciembre de 2012, por
Comunicado de Izquierda Anticapitalista-Madrid
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una ofensiva neoliberal sin parangón en nuestra reciente historia. Con la excusa de la crisis, tanto el gobierno regional como el central están ejecutando, en cuestión de meses, el desmantelamiento de los servicios y derechos sociales que tantos años de lucha nos costó conquistar.
Las medidas “anti-crisis” no son mas que una estafa para aplicar una terapia de choque económico que perpetúe la lógica de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas, una economía de casino que nos desahucia de nuestras vidas y en dónde la banca “siempre gana”.
La modificación el año pasado del artículo 135 de la Constitución, con el apoyo de los dos grandes partidos PP-PSOE y sin consulta popular, entregó nuestros derechos a los mercados y antepuso el pago de una deuda que no había sido generada por la población a cualquier otra partida presupuestaria, rescatando a bancos y banqueros e hipotecando nuestra educación, salud, trabajo y cultura. En definitiva, nuestro futuro.
En este sentido, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que el ministro Wert y el gobierno pretenden aprobar antes de final de año, representa un ataque brutal contra el sistema de enseñanza pública del Estado español y un intento manifiesto de hacerlo retroceder en muchos aspectos a la misma época franquista. Así como devalúa la enseñanza pública a favor de la privada y la concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, a la que premia con exenciones fiscales y subvenciones directas e indirectas.
Las universidades publicas se ven asfixiadas por la falta de financiación poniendo en riesgo su propia existencia como institución tal y como la conocemos hoy en día. Y a los/as estudiantes se les incrementan sus tasas y se reducen sus becas, viéndose abocados muchos/as de ellas/os a abandonar sus estudios o a pedir préstamos para seguir cursando sus carreras.
Asistimos a una ofensiva en toda regla contra el actual sistema de salud, que se reforma pasando de un sistema universal, basado en valores como la solidaridad y la justicia social, a un pretendido sistema en el que cada persona recibe lo que paga. Como ya se ha demostrado en EEUU, una sanidad que se gestiona como un negocio y no como un derecho, de personas aseguradas y no pacientes, abre la puerta a diferentes calidades de atención sanitaria en función de las posibilidades económicas. Y a unos elevadísimos gastos de tramitación e intermediación.
En los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año que viene se recorta de manera importante el dinero destinado a la sanidad pública y se anuncian severas medidas encaminadas al cierre o la externalización de centros sanitarios y la intensificación de la privatización de hospitales y de la Atención Primaria. Como la experiencia ha demostrado, estas disposiciones van a producir de manera inmediata una grave disminución de los recursos y la calidad asistencial, miles de despidos entre el personal sanitario y la consiguiente exclusión de servicios sanitarios de calidad de una parte muy importante de la población madrileña. Si cabe, es en la sanidad, en donde se demuestra de forma mas palpable que los recortes matan.
La televisión publica madrileña, utilizada durante años como parte esencial de la “brunete mediática” del gobierno del PP, pretende ser desmantelada con el despido de 925 trabajadores sobre una plantilla total de 1170. Abriendo el camino a su privatización o en su defecto o, en el caso de que no existan compradores, a su extinción.
Sobre el propio Canal de Isabel II, una empresa que sirve un servicio de calidad y que ha registrado beneficios en los últimos años, también sobrevuela la espada de Damocles de la privatización, demostrando que los recortes y las privatizaciones no son medidas inevitables ante la situación económica sino políticas que revelan un modelo de gestión a favor de lo privado y en detrimento de lo publico.
Los transportes, Metro, EMT, y RENFE también están inmersos en diferentes procesos de recorte y privatización, que como hemos visto, no solo suponen despidos, devaluación de las condiciones de trabajo, repago con el aumento de tarifas sino también un importante perjuicio en la calidad y seguridad del servicio. Como se ha demostrado en otros países que realizaron modelos de privatización similares ya sea en Argentina o el propio Reino Unido y que están dando marcha atrás en los mismos.
Y también comprobamos un ataque contra la justicia gratuita con la Ley de Tasas que establece el pago de determinadas cantidades de dinero para el acceso a la administración de justicia a todas aquellas personas que no tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Así como el desmantelamiento del servicio de abogados de oficio y asesoramiento legal gratuito, supone de facto el final de la justicia universal que al igual que la sanidad terminará derivando en una justicia de tarjeta de crédito o lo que es los mismo en una justicia solo para ricos.
Estamos viviendo tiempos difíciles, las agresiones son de tal magnitud que se genera conmoción y confusión, una especia de doctrina del “shock”, que fomenta la desmoralización y consentimiento ante las políticas neoliberales. Pero su ataque y recortes hacia lo publico, lo común, lo que es de todas/os, es su alternativa, no la única alternativa posible. Lo público no puede ser una fuente de lucro para unos pocos, sino un servicio y un derecho para el conjunto de los/as ciudadanos/as.
Desde Izquierda Anticapitalista estamos convencidos de que si se puede vencer a los recortes, las privatizaciones y la austeridad, que hay otras alternativas. Para ello es fundamental unificar todas las luchas y las mareas en curso, en diciembre en Madrid estamos asistiendo a huelgas de EMT, Metro, Telemadrid, Sanidad,... manifestaciones de la enseñanza,.. Se podría avanzar hacia una Huelga General del sector Público madrileño y hacia la creación de marcos estables de coordinación de cara a preparar una convocatoria de Huelga General en la Comunidad de Madrid en la que el conjunto de la ciudadanía arropase a los trabajadores del sector en defensa de lo que nos están robando y con el objetivo de romper con el chantaje de la deuda, los recortes y la austeridad. Claro que hay recursos para mantener y mejorar nuestros servicios públicos. Se puede hacer con una política fiscal progresista que haga pagar más a los que más tienen, se puede hacer utilizando las cajas que se han nacionalizado para crear una banca pública que use sus recursos para financiar planes sociales que generen empleo y riqueza y no para malvenderlas o regalarlas en el futuro (tras despedir a miles de trabajadores) a la banca privada como pretende el gobierno.
¡Rescatemos a las personas y no bancos!
¡Unifiquemos las mareas y creemos un tsunami contra los recortes!
En los últimos tiempos estamos asistiendo a una ofensiva neoliberal sin parangón en nuestra reciente historia. Con la excusa de la crisis, tanto el gobierno regional como el central están ejecutando, en cuestión de meses, el desmantelamiento de los servicios y derechos sociales que tantos años de lucha nos costó conquistar.
Las medidas “anti-crisis” no son mas que una estafa para aplicar una terapia de choque económico que perpetúe la lógica de la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas, una economía de casino que nos desahucia de nuestras vidas y en dónde la banca “siempre gana”.
La modificación el año pasado del artículo 135 de la Constitución, con el apoyo de los dos grandes partidos PP-PSOE y sin consulta popular, entregó nuestros derechos a los mercados y antepuso el pago de una deuda que no había sido generada por la población a cualquier otra partida presupuestaria, rescatando a bancos y banqueros e hipotecando nuestra educación, salud, trabajo y cultura. En definitiva, nuestro futuro.
En este sentido, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que el ministro Wert y el gobierno pretenden aprobar antes de final de año, representa un ataque brutal contra el sistema de enseñanza pública del Estado español y un intento manifiesto de hacerlo retroceder en muchos aspectos a la misma época franquista. Así como devalúa la enseñanza pública a favor de la privada y la concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, a la que premia con exenciones fiscales y subvenciones directas e indirectas.
Las universidades publicas se ven asfixiadas por la falta de financiación poniendo en riesgo su propia existencia como institución tal y como la conocemos hoy en día. Y a los/as estudiantes se les incrementan sus tasas y se reducen sus becas, viéndose abocados muchos/as de ellas/os a abandonar sus estudios o a pedir préstamos para seguir cursando sus carreras.
Asistimos a una ofensiva en toda regla contra el actual sistema de salud, que se reforma pasando de un sistema universal, basado en valores como la solidaridad y la justicia social, a un pretendido sistema en el que cada persona recibe lo que paga. Como ya se ha demostrado en EEUU, una sanidad que se gestiona como un negocio y no como un derecho, de personas aseguradas y no pacientes, abre la puerta a diferentes calidades de atención sanitaria en función de las posibilidades económicas. Y a unos elevadísimos gastos de tramitación e intermediación.
En los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año que viene se recorta de manera importante el dinero destinado a la sanidad pública y se anuncian severas medidas encaminadas al cierre o la externalización de centros sanitarios y la intensificación de la privatización de hospitales y de la Atención Primaria. Como la experiencia ha demostrado, estas disposiciones van a producir de manera inmediata una grave disminución de los recursos y la calidad asistencial, miles de despidos entre el personal sanitario y la consiguiente exclusión de servicios sanitarios de calidad de una parte muy importante de la población madrileña. Si cabe, es en la sanidad, en donde se demuestra de forma mas palpable que los recortes matan.
La televisión publica madrileña, utilizada durante años como parte esencial de la “brunete mediática” del gobierno del PP, pretende ser desmantelada con el despido de 925 trabajadores sobre una plantilla total de 1170. Abriendo el camino a su privatización o en su defecto o, en el caso de que no existan compradores, a su extinción.
Sobre el propio Canal de Isabel II, una empresa que sirve un servicio de calidad y que ha registrado beneficios en los últimos años, también sobrevuela la espada de Damocles de la privatización, demostrando que los recortes y las privatizaciones no son medidas inevitables ante la situación económica sino políticas que revelan un modelo de gestión a favor de lo privado y en detrimento de lo publico.
Los transportes, Metro, EMT, y RENFE también están inmersos en diferentes procesos de recorte y privatización, que como hemos visto, no solo suponen despidos, devaluación de las condiciones de trabajo, repago con el aumento de tarifas sino también un importante perjuicio en la calidad y seguridad del servicio. Como se ha demostrado en otros países que realizaron modelos de privatización similares ya sea en Argentina o el propio Reino Unido y que están dando marcha atrás en los mismos.
Y también comprobamos un ataque contra la justicia gratuita con la Ley de Tasas que establece el pago de determinadas cantidades de dinero para el acceso a la administración de justicia a todas aquellas personas que no tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Así como el desmantelamiento del servicio de abogados de oficio y asesoramiento legal gratuito, supone de facto el final de la justicia universal que al igual que la sanidad terminará derivando en una justicia de tarjeta de crédito o lo que es los mismo en una justicia solo para ricos.
Estamos viviendo tiempos difíciles, las agresiones son de tal magnitud que se genera conmoción y confusión, una especia de doctrina del “shock”, que fomenta la desmoralización y consentimiento ante las políticas neoliberales. Pero su ataque y recortes hacia lo publico, lo común, lo que es de todas/os, es su alternativa, no la única alternativa posible. Lo público no puede ser una fuente de lucro para unos pocos, sino un servicio y un derecho para el conjunto de los/as ciudadanos/as.
Desde Izquierda Anticapitalista estamos convencidos de que si se puede vencer a los recortes, las privatizaciones y la austeridad, que hay otras alternativas. Para ello es fundamental unificar todas las luchas y las mareas en curso, en diciembre en Madrid estamos asistiendo a huelgas de EMT, Metro, Telemadrid, Sanidad,... manifestaciones de la enseñanza,.. Se podría avanzar hacia una Huelga General del sector Público madrileño y hacia la creación de marcos estables de coordinación de cara a preparar una convocatoria de Huelga General en la Comunidad de Madrid en la que el conjunto de la ciudadanía arropase a los trabajadores del sector en defensa de lo que nos están robando y con el objetivo de romper con el chantaje de la deuda, los recortes y la austeridad. Claro que hay recursos para mantener y mejorar nuestros servicios públicos. Se puede hacer con una política fiscal progresista que haga pagar más a los que más tienen, se puede hacer utilizando las cajas que se han nacionalizado para crear una banca pública que use sus recursos para financiar planes sociales que generen empleo y riqueza y no para malvenderlas o regalarlas en el futuro (tras despedir a miles de trabajadores) a la banca privada como pretende el gobierno.
¡Rescatemos a las personas y no bancos!
¡Unifiquemos las mareas y creemos un tsunami contra los recortes!
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