El
gobierno de Evo Morales en 2016 perdió un referéndum para modificar
la Constitución y permitir su cuarta reelección. Tuvo 51,4% de
votos válidos en contra y 48,6% a favor. Pese a eso, en 2017 forzó
una sentencia del Tribunal Constitucional y hace pocos días el
Tribunal Electoral autorizó la reelección por cuarta vez de Evo
Morales y Álvaro García Linera.
Ambos
tribunales son casi totalmente dependientes del gobierno del MAS, que
fue quien nombró a sus integrantes. Además un año antes de las
elecciones nacionales (diciembre 2019) hizo una ley que establece
elecciones "primarias" con requisitos totalmente
anti-democráticos, ya que impiden en los hechos que se presenten
partidos de izquierda o de los trabajadores.
En
repudio a esta sentencia violatoria del referéndum de 2016 y a la
ley de partidos, el 6 de diciembre se cumplió un paro nacional
convocado por los Comités Cívicos y por algunas federaciones de
maestros, la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y otras
organizaciones. La dirección burocrática de la Central Obrera
Boliviana, que apoya a Evo Morales, se opuso al paro. Este tuvo un
cumplimiento bastante importante, pero irregular, ya que no se hizo
efectivo en gran parte de los sectores productivos, aunque sí hubo
bloqueos que paralizaron el transporte en las ciudades y
manifestaciones de decenas de miles de personas.
Según
las encuestas, el 75% de la población se opone a la reelección. Y
sólo la falta de alternativas populares frena que esto crezca aún
más. El principal oponente electoral a Evo Morales es el ex
presidente (2003 a 2005) Carlos Mesa, aquel que en su momento había
caído producto de la rebelión popular.
La
cuestión de fondo, como sucede con otros gobiernos llamados del
"socialismo del siglo XXI" (Venezuela, Nicaragua, Ecuador),
es que no se ha resuelto ninguno de los principales problemas del
pueblo trabajador. La insurrección popular de 2003 contra el
gobierno de Sánchez de Losada exigía la llamada "agenda de
octubre", cuyo punto principal era la nacionalización y
expulsión de las multinacionales del gas y que con ese excedente
económico se crearan fuentes de trabajo. Hoy las transnacionales
siguen dueñas del gas y de los minerales. Y también de las grandes
extensiones de tierras destinadas a la agroindustria. Continúan la
desocupación, la precarización laboral y la miseria en el campo,
que obligan a migraciones masivas. Aunque hubo algunas mejoras en
estos años, fue gracias a los altos precios de minerales y gas. Pero
ahora bajaron y la economía capitalista exige un ajuste económico
antipopular que el gobierno comenzó a aplicar gradualmente. Esto
generó la ruptura de gran parte de los trabajadores con el gobierno
de Evo Morales.
Está
planteada una situación que hace posible incluso un fraude electoral
masivo del gobierno para lograr ganar las elecciones (como Maduro en
Venezuela) y una agudización de la crisis política con
levantamientos populares.
Miguel
Lamas
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