Érase una vez un idílico municipio llamado Boadilla del Monte, en el que su alcalde, Arturo González Panero (más conocido como 'El Albondiguilla'), campaba a sus anchas en compañía de otros muchos personajes célebres de la conocida como “Trama Gürtel”; gente que se dedicaba a fabricar billetes de 500 € a costa de esquilmar las arcas públicas.
En el Ayuntamiento de Boadilla trabajaba Ana Garrido, técnico del área de Juventud que, ante los desmanes de este personaje, se fue desengañando de él. Ni corta ni perezosa, recopiló datos, documentación y pruebas con la finalidad de preparar una consistente denuncia que destapara todos los “chanchullos delictivos” de Panero, su corruptor Correa y el resto de secuaces. No fue fácil meterse en esta empresa: las presiones y amenazas fueron tales que, después de presentar toda la documentación, puso tierra por medio, marchándose a Costa Rica para recuperarse y volver a empezar una nueva vida.
En 2011 llega otro alcalde a Boadilla: Antonio González Terol, diputado del PP en la asamblea de Madrid, quien promete una regeneración total en el municipio, tratando de esconder todo eco que recordara su pasado `gürteliano´. Confiada por estos supuestos aires regeneradores, la funcionaria decidió volver a España y reincorporarse a su plaza para vivir tranquilamente. Lo que nunca imaginó es que el PP no olvida y hubo órdenes para acosar laboralmente a Ana Garrido, que no tuvo otra salida que denunciarlo ante la Justicia. Fue entonces cuando inició un largo proceso judicial cuyo último episodio se ha vivido esta semana con la desestimación del recurso presentado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM). Dicho recurso había sido presentado sobre la sentencia condenatoria, de febrero de este año, en la que se consideraba probado el acoso a Ana Garrido Ramos por miembros del equipo de Gobierno del consistorio. Los tres jueces del TSJM fallaron por unanimidad en este caso.
¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Una primera lectura sería catastrófica, pues nos enseñaría que aquellos que dan un paso en frente y se deciden a denunciar una situación insostenible, son literalmente tachados y defenestrados. Ana Garrido no es el único ejemplo: las figuras de Mª Victoria Álvarez (quien aireó las corruptelas en el clan Pujol) o el teniente Luis Gonzalo (expedientado por la publicación del libro “Un paso al frente”, en el que denuncia la corrupción y falta de democracia en las Fuerzas Armadas) son otras dos muestras de lo caro que puede salir en España denunciar las irregularidades de las instituciones. En nuestro país, el corrupto vive libre mientras sus denunciantes pagan un alto precio por la valentía y la honestidad. La vida personal y profesional de estos pequeños héroes y heroínas suele verse manchada por calumnias e injurias, mientras se ven abocados a la ruina patrimonial por los gastos generados en procesos judiciales a los que no tienen más remedio que acudir. Mientras tanto, el corrupto goza de la impunidad que le ofrece la posición privilegiada que ha conseguido en la sociedad y el poder que le otorga el dinero robado y oculto en paraísos fiscales.
El mensaje que se da a las generaciones jóvenes es nefasto: hoy en día nos podemos encontrar con niños que para ser ricos de mayores ya no quieren ser futbolistas, sino políticos. El pacto de silencio con el corrupto se sabe premiado, mientras la valentía en destapar estas prácticas criminales es perseguida, por no hablar del acoso laboral y mediático que viven quienes dan un paso al frente.
Menos mal que nuestra historia tiene un final feliz, en el que la justicia ampara por fin a la denunciante y deja en evidencia a todos los que hicieron de su vida un calvario. Pero no deja de ser triste que finales como el del relato de Ana Garrido no suelen ser lo habitual en casos como el suyo. Este país no habrá madurado democráticamente hasta que los finales felices dejen de ser noticia.
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