mundo obrero
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La crisis económica, consecuencia de unas recetas neoliberales aplicadas globalmente, está afectando con gran intensidad a sectores cada vez más extensos de la población española. Los legítimos deseos de los movimientos sociales en los territorios históricos de organizar políticamente su convivencia están siendo explotados por las burguesías nacionalistas para abrir un frente de lucha en el que nada importan los auténticos intereses de la población. En el panorama internacional, los intereses de las grandes corporaciones y del capital transnacionales se manifiestan en toda su crudeza con amenazas de intervenciones militares de las potencias occidentales, poniendo al planeta al borde de un conflicto armado de consecuencias incalculables.
En todas estas cuestiones, los poderes políticos del Estado español se comportan como los perfectos aliados de los poderosos, contribuyendo a la extensión y profundización de la miseria y la explotación de los trabajadores y de los pueblos.
En este contexto, se vienen repitiendo desde muchas instancias las llamadas al recurso a la fuerza para solventar los problemas, evitando las soluciones negociadas que pudieran suponer concesiones a los anhelos populares.
La soberanía nacional está secuestrada por los grandes poderes económicos y financieros, nacionales y transnacionales y el pacto social establecido con la Constitución de 1978 ha perdido toda su validez. La clave de bóveda del Régimen de la Transición es la Monarquía, que se ha blindado a través de su conexión constitucional y de fidelidad con las FAS.
Los grandes medios de comunicación privados y públicos han venido suministrando una información parcial y favorable a los intereses de los poderes reales: los grandes grupos económicos y financieros y los partidos políticos mayoritarios que los sostienen.
En estas circunstancias, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se emplean o son exhibidas como amenaza para respaldar a unos poderes públicos que han perdido toda su legitimidad.
La exigencia de un “proceso constituyente” se plantea como el inicio de la solución a los problemas de este país, que no puede provenir de los responsables del desastre.
Sin embargo, el Régimen está tratando de resistir apoyado en los recursos institucionales y represivos de su Estado, forzando los límites de la legalidad para cercenar cualesquiera manifestaciones de protesta. Se plantea por tanto la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque social se agudice.
Las Fuerzas Armadas Españolas, herederas directas de la dictadura franquista, han conservado su sistema de valores original y han incorporado, con el pretexto de su “profesionalización”, las doctrinas estratégicas, la organización y el armamento que les permitiera su participación en las alianzas militares de imposición de los intereses de los poderosos.
La pertenencia a estas alianzas, así como la permanencia de las bases americanas en nuestro territorio, han tenido como consecuencia la implicación directa o pasiva del Estado español en numerosos actos de agresión contra estados soberanos que no han querido plegarse a sus intereses, despreciando la endeble estructura de la legalidad internacional.
Todas estas circunstancias hacen ineludible la exigencia de mantener a las fuerzas armadas alejadas de toda tentación de participar violentamente en apoyo del régimen, defendiendo la libre expresión de las soberanía popular en sus deseos de cambio radical. Al mismo tiempo, los profesionales de las Fuerzas Armadas tienen que tomar conciencia de las responsabilidades que asumirían, de plegarse a los intereses de una jerarquía desalmada o de una dirección política al servicio de los poderosos.
La sociedad civil tiene que rearmarse moralmente, denunciando los abusos del poder por todas las vías posibles y exigiendo un proceso constituyente hacia una verdadera democracia social, participativa, transparente y fraternal, sin inhibiciones ante el mito de la fuerza represiva. Los profesionales de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad van a entender este clamor legítimo e imparable y no van a suponer un obstáculo añadido a los innumerables ya existentes.
En todas estas cuestiones, los poderes políticos del Estado español se comportan como los perfectos aliados de los poderosos, contribuyendo a la extensión y profundización de la miseria y la explotación de los trabajadores y de los pueblos.
En este contexto, se vienen repitiendo desde muchas instancias las llamadas al recurso a la fuerza para solventar los problemas, evitando las soluciones negociadas que pudieran suponer concesiones a los anhelos populares.
La soberanía nacional está secuestrada por los grandes poderes económicos y financieros, nacionales y transnacionales y el pacto social establecido con la Constitución de 1978 ha perdido toda su validez. La clave de bóveda del Régimen de la Transición es la Monarquía, que se ha blindado a través de su conexión constitucional y de fidelidad con las FAS.
Los grandes medios de comunicación privados y públicos han venido suministrando una información parcial y favorable a los intereses de los poderes reales: los grandes grupos económicos y financieros y los partidos políticos mayoritarios que los sostienen.
En estas circunstancias, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se emplean o son exhibidas como amenaza para respaldar a unos poderes públicos que han perdido toda su legitimidad.
La exigencia de un “proceso constituyente” se plantea como el inicio de la solución a los problemas de este país, que no puede provenir de los responsables del desastre.
Sin embargo, el Régimen está tratando de resistir apoyado en los recursos institucionales y represivos de su Estado, forzando los límites de la legalidad para cercenar cualesquiera manifestaciones de protesta. Se plantea por tanto la necesidad de neutralizar la posibilidad de intervención militar cuando la revuelta popular resulte irresistible, cuando el choque social se agudice.
Las Fuerzas Armadas Españolas, herederas directas de la dictadura franquista, han conservado su sistema de valores original y han incorporado, con el pretexto de su “profesionalización”, las doctrinas estratégicas, la organización y el armamento que les permitiera su participación en las alianzas militares de imposición de los intereses de los poderosos.
La pertenencia a estas alianzas, así como la permanencia de las bases americanas en nuestro territorio, han tenido como consecuencia la implicación directa o pasiva del Estado español en numerosos actos de agresión contra estados soberanos que no han querido plegarse a sus intereses, despreciando la endeble estructura de la legalidad internacional.
Todas estas circunstancias hacen ineludible la exigencia de mantener a las fuerzas armadas alejadas de toda tentación de participar violentamente en apoyo del régimen, defendiendo la libre expresión de las soberanía popular en sus deseos de cambio radical. Al mismo tiempo, los profesionales de las Fuerzas Armadas tienen que tomar conciencia de las responsabilidades que asumirían, de plegarse a los intereses de una jerarquía desalmada o de una dirección política al servicio de los poderosos.
La sociedad civil tiene que rearmarse moralmente, denunciando los abusos del poder por todas las vías posibles y exigiendo un proceso constituyente hacia una verdadera democracia social, participativa, transparente y fraternal, sin inhibiciones ante el mito de la fuerza represiva. Los profesionales de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad van a entender este clamor legítimo e imparable y no van a suponer un obstáculo añadido a los innumerables ya existentes.
Publicado en el Nº 271 de la edición impresa de Mundo Obrero abril 2014
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