La historia no habría pasado de ser una anécdota más en el universo de la corrupción urbanística lanzaroteña de no ser por una serie de circunstancias que rodean el caso. La primera es que las licencias supuestamente ilegales las otorgó la alcaldesa de aquel entonces, Maria Isabel Déniz, siendo secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, tío político de Miguel Pallarés. La segunda es que varias de las viviendas que lindan al norte, que son precisamente las que invaden el suelo rústico de la familia Murillo, son propiedad de algunas personalidades de la isla, a saber: el notario que otorgó las escrituras de las viviendas, Celestino Mendizábal, la consejera del Partido Popular Ástrid Pérez y el fiscal Miguel Pallarés
La historia no habría pasado de ser una anécdota más en el universo de la corrupción urbanística lanzaroteña de no ser por una serie de circunstancias que rodean el caso. La primera es que las licencias supuestamente ilegales las otorgó la alcaldesa de aquel entonces, Maria Isabel Déniz, siendo secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, tío político de Miguel Pallarés. La segunda es que varias de las viviendas que lindan al norte, que son precisamente las que invaden el suelo rústico de la familia Murillo, son propiedad de algunas personalidades de la isla, a saber: el notario que otorgó las escrituras de las viviendas, Celestino Mendizábal, la consejera del Partido Popular Ástrid Pérez y el fiscal Miguel Pallarés
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