No son sobresueldos, es el reparto organizado del botín
Es un golpe sistémico, no un escándalo más. La contabilidad B de Bárcenas es la piedra roseta de la corrupción: un documento que retrata al principal partido de Gobierno en España como una organización institucionalmente podrida, que durante décadas se repartió en sobres las comisiones que ponían constructores, empresarios y otros filántropos de la recalificación. No son sobresueldos, no los llamemos así. Si se demuestra la autenticidad de estos papeles que hoy publica El País, estamos ante la prueba del reparto sistemático y organizado del botín.
Las consecuencias en un país con algo más de cultura democrática que el nuestro serían sencillas de predecir: la apertura inmediata de una investigación judicial, la dimisión en bloque del Gobierno y de todos los dirigentes y diputados que cobraron estas comisiones, la convocatoria inmediata de unas nuevas elecciones generales y la refundación de la derecha española en un nuevo partido donde sean los propios militantes de base quienes corran a gorrazos a todos aquellos implicados en un pasado así.
Dudo mucho que tal cosa vaya a suceder.
Lo veremos en las próximas horas, pero lo más probable es que asistamos a otro ejercicio de hipocresía más, probablemente acompañado de demandas en los juzgados para cerrar la boca a la prensa e intimidar. Nuevamente será la excusa Bart Simpson: “Yo no fui, nadie me vio, no puedes probarlo”. Y esta vez, el enroque llegará en la tercera parte de la oración: no puedes probarlo. Probablemente será así, desde un punto de vista penal: la mayoría de los pagos que aparecen en estos papeles están prescritos: el delito fiscal caduca a los cinco años y el de financiación ilegal, a los cuatro. Además, los pagos no declarados que no estén prescritos, quedarán por debajo del umbral del delito, que está en 120.000 euros defraudados por persona al año.
¿Hay más presuntos delitos, más allá del fiscal? Apunta a que sí: es ridículo pensar que los empresarios que entregaban estas enormes cantidades de dinero lo hiciesen sin esperar un retorno a cambio. Pero el cohecho –el soborno, en castellano más vulgar– es un delito mucho más difícil de probar.
Sin consecuencia penal, ¿habrá consecuencia política? Soy pesimista: estamos ante Mariano Rajoy, el hombre cuya mayor virtud política conocida es aguantar y aguantar, amarrado a su sillón como el percebe a la roca. Sin embargo, la indignación de la sociedad va a ir más. ¿Con qué cara podrán pedir estos políticos sobrecogedores esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos? La combinación de crisis económica y moral es letal: estamos viviendo el fin de una era y el choque de una fuerza imparable –la indignación de los ciudadanos– con un obstáculo insalvable –el aguante de Rajoy– solo puede acabar de una manera. Con una explosión social.
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