martes, 30 de octubre de 2012

COMUNICADO DE IZQUIERDA ANTICAPITALISTA ANTE LA HUELGA GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE




14N: Éste es el camino

Miércoles 24 de octubre de 2012, por elecciones



El 14-N, Portugal y el Estado español irán a la Huelga General y en numerosos países del sur de Europa millones de personas se movilizarán contra los recortes salariales, sociales y laborales, el desmantelamiento de los servicios públicos, el rescate bancario con fondos públicos... Ese día tendrá lugar la acción de masas más importante habida hasta ahora de rechazo a las políticas puestas en marcha por la UE de austeridad contra la clase trabajadora y de socialización de las pérdidas bancarias. El éxito de esta jornada de movilización es fundamental para el mantenimiento y la continuidad de las luchas contra la austeridad neoliberal a escala europea y para impedir que finalmente se imponga la salida a la crisis diseñada por las élites capitalistas de Europa.
La UE neoliberal es un potente instrumento en manos del gran capital europeo para imponer políticas económicas y sociales favorables a sus intereses: bajadas generalizadas de salarios para ganar “competitividad”; pérdida de derechos laborales para facilitar el despido y la precariedad; desmantelamiento de los servicios públicos para crear nuevos “ nichos “ de negocio para el capital; conversión de la deuda de los bancos en deuda pública a costa del gasto social y público; retorno de las mujeres al trabajo de cuidados y al hogar; recortes en los derechos democráticos e incremento de la represión policial...
Los efectos de estas políticas sobre los países del sur de Europa son devastadores y están produciendo la destrucción del tejido industrial y comercial, un empobrecimiento cada vez más acusado de la clase trabajadora y el aumento del malestar social y del rechazo a la “austeridad”. El yugo de la deuda y la prioridad al pago de los intereses de la misma por encima de las necesidades sociales básicas se ha convertido ya en una losa que lastrará las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras. En los países del norte de Europa, por el contrario, amplios sectores de la clase trabajadora y del movimiento sindical se encuentran aún bajo la influencia del relato neoliberal sobre el origen de la crisis de la deuda, según el cual la culpa de ésta la tienen las sociedades del sur, despilfarradoras y poco productivas.
Quebrar el discurso y la política neoliberal de la UE requiere unificar los objetivos y la acción del conjunto de la clase trabajadora del continente- en primer lugar en los países del sur de Europa - levantando un programa común contra las políticas de austeridad y dándole continuidad a la movilización a escala europea. Exige rechazar el pacto fiscal y la recapitalización bancaria con fondos públicos; reclamar una auditoría ciudadana sobre la deuda y negarse al pago de la que sea ilegítima; reforzar la solidaridad y los lazos entre quienes luchan hoy en primera línea contra la austeridad: Grecia, Portugal y el Estado español. Exige, en resumidas cuentas, cuestionar abiertamente el actual modelo de UE.
Es evidente que no son éstos los objetivos por los que se ha convocado la jornada de acción del 14N y es en este terreno, el de las alternativas a las políticas de austeridad, donde más debilidades muestra la convocatoria. A pesar de ellas, el 14-N enseña el camino que debemos recorrer: la coordinación de las luchas, de las experiencias y de las alternativas a escala europea. Representa igualmente la respuesta necesaria a la adaptación de sectores del sindicalismo centro-europeo al discurso neoliberal: también a ellos les traza el camino. Por eso el 14N contará con todo el apoyo de IA.
En el Estado español esta convocatoria es especialmente necesaria, tanto por los titubeos de las direcciones de CC.OO y UGT sobre como continuar la movilización después del 15S, como porque el gobierno, tras el impasse al que se ha visto forzado por las convocatorias electorales, se apresta a poner en marcha una nueva fase de recortes (impasse relativo, ya que Gallardón no ha perdido el tiempo, lanzando una reforma del código penal para criminalizar la desobediencia civil y subiendo las tasas judiciales, incluyendo las de la jurisdicción social, así como la anunciada reforma totalmente regresiva del derecho al aborto). En el horizonte inmediato, la petición de un rescate, que se pretende virtual, es inevitable y aunque finalmente se concrete por tramos, sus efectos sobre una economía en recesión serán con seguridad desastrosos: aumento de la deuda pública, recorte brutal del gasto del Estado, cierre de empresas públicas, despidos masivos en el sector público y reducción de la masa salarial en las administraciones públicas. Un panorama desolador.
Frente a este escenario, el 14-N ha de marcar el fin de una etapa y el comienzo de otra: debemos dejar atrás las movilizaciones puntuales y deslavazadas, los discursos tímidos llamando a la rectificación del gobierno y las ilusiones respecto a unas mesas de negociación que no volverán y que incluso hace años que se demostraron inútiles para conquistar derechos. El 14-N debe ser el inicio de un nuevo ciclo de movilización, planificado y organizado, capaz de convertir en insoportable la presión sobre el gobierno hasta que le obligue a acabar con los recortes. Hemos de comenzar a construir por abajo un frente sindical, social y político contra los recortes y la austeridad que incorpore también las reivindicaciones de movimientos como el 15-M y el 25-S. En este sentido, el sindicalismo en general y muy en particular los sindicatos mayoritarios deben recoger reivindicaciones fundamentales del movimiento social: una nueva ley electoral proporcional e igualitaria, la auditoria ciudadana de la deuda y el respeto al derecho a decidir de las naciones del Estado español. Los movimientos sociales, la izquierda anticapitalista y el sindicalismo alternativo tienen que empujar para conseguir que el 14N vaya más allá de lo que buscan las direcciones de CCOO y UGT y que realmente sea un punto de inflexión. En este sentido, saludamos especialmente la decisión de CGT de sumarse a la Huelga del 14-N, con su propia convocatoria, y de aplazar la que tenía convocada para el 31 de octubre. La unidad en la lucha en estos tiempos es también fundamental.
Ahora, en lo inmediato, la tarea es construir la huelga general por abajo, creando marcos unitarios en empresas, barrios, escuelas y universidades para sacarla adelante, para garantizar su éxito, para que el 14N sea un clamor contra los recortes, la austeridad y el gobierno, para que siga manteniéndose la capacidad de respuesta frente a las agresiones y para conseguir que sea una jornada de movilización general en la que la gente parada y precaria, jubilada, inmigrantes y amas de casa alcance en ella un protagonismo y visibilidad relevantes.
Estos espacios unitarios deben servir no sólo como instrumentos de construcción de la huelga donde se refuercen los lazos entre quienes están dispuestos a resistir, también deben reivindicar su papel como lugares en los que decidir cómo “gestionar “ la Huelga General, cómo y de qué forma continuar la movilización, qué alternativas hay que levantar a los recortes, etc. A esta tarea dedicaremos las gentes de IA todas nuestras energías.
24 de octubre de 2012
www.anticapitalistas.org

lunes, 29 de octubre de 2012

La CGT decide trasladar su convocatoria de Huelga General al 14N



A la atención de toda la CGT:
ACUERDOS DE LA PLENARIA CONFEDERAL EXTRAORDINARIA
23 DE OCTUBRE DE 2012
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT
1. La CGT decide trasladar su convocatoria de Huelga General, que ya tiene registrada para el 31 de Octubre, a la fecha del 14 de Noviembre de 2012 con objeto de coincidir con la Huelga General que se va a convocar en el Estado Español, en Portugal, en otros países del sur de Europa y las movilizaciones de ámbito europeo que se están convocando, para esa fecha, por decenas de sindicatos de la Unión Europea.
La CGT sigue manteniendo para el 14 de Noviembre, su propia convocatoria de Huelga General, sus propios objetivos, reivindicaciones, motivos, por los que convocó la Huelga General del 31 de octubre.
2. Esta decisión de la CGT responde a la necesidad de confluencia y de unidad de acción sindical que demanda la población y la clase trabajadora en estos momentos tan dramáticos y de emergencia social por la que esta atravesando la mayoría de la población como consecuencia de las políticas económicas y antisociales que emanan del gobierno y de la Unión Europea (reformas, recortes, pago de una deuda ilegítima, privatizaciones...)
La CGT ha manifestado desde siempre su sensibilidad por la confluencia, con otras organizaciones sindicales y sociales, en las convocatorias de Huelgas y movilizaciones en beneficio exclusivo de la defensa de los derechos laborales y sociales.
3. Por otra parte, la CGT mantendrá la convocatoria de Huelga el 31 de octubre en aquellos Territorios que, manteniendo su propia convocatoria territorial, así lo precisen con objeto de garantizar el ejercicio de la huelga para aquellos ámbitos que han manifestado su voluntad de seguir haciéndola.
4. Así mismo, la CGT mantiene el 31 de Octubre como Jornada de Lucha Social Activa con movilizaciones, acciones directas, ocupaciones, manifestaciones, concentraciones, huelga de consumo, huelga social, como camino hacia la Huelga General del 14 de Noviembre.
Secretariado Permanente Comité Confederal

Una escuela flexible

DEL BLOG ESO DE LA ESO

"El número de alumnos por clase no aumenta, se flexibiliza." Wert

Esta es una de las últimas declaraciones de nuestro actual Ministro de Educación. Y, aunque su afirmación pueda parecer un eufemismo disparatado, no se trata más que de una síntesis perfecta del objetivo que persigue: una escuela flexible. Y, para ello, lógicamente, lo primero que debemos flexibilizar es el sistema:

Un sistema flexible, especialmente a la hora de eliminar materias y asignaturas. De este modo se podrá empobrecer convenientemente a nuestros alumnos al privarles de conocimientos de Tecnología, Plástica o Cultura Clásica, entre otros.
Un sistema flexible cuando debamos recortar vías y opciones académicas, suprimiendo así Bachilleratos tan inservibles como el dedicado a la Música, la Danza y las Artes escénicas, disciplinas merecedoras -por supuesto- del más sonoro de nuestros desprecios.
Un sistema flexible, cómo no, como para albergar la religión catequizadora en nuestras aulas y, a cambio, sacar de ellas los contenidos que puedan acercar a los alumnos a la ciencia actual o al pensamiento cívico y ético, tal y como sucedía en Ciencias para el Mundo Contemporáneo o en el temario de Ética y Educación para la ciudadanía.
Un sistema flexible, por supuesto, para poder intensificar el fracaso escolar tanto como nos convenga, sacando amablemente del sistema a todos los alumnos que no consideremos aptos e invitándoles a cultivarse lejos de las aulas mientras se convierten en acrítica y productiva mano de obra.

Por supuesto, no basta con esto, sino  que también se pretende que padres, alumnos y profesores compartan esa misma flexibilidad:

Alumnos flexibles, que puedan adaptarse a clases de treinta y tantos, capaces de sobrevivir sin apoyos, sin refuerzos, sin orientadores, que sepan mantenerse a flote en un sistema que les tratará de expulsar a cada paso gracias a un sinfín de pruebas externas donde  no importará que aprendan a aprender, sino que logren saltar vallas estadísticas y censos varios.

Padres flexibles, dispuestos a solventar todas las carencias que sus hijos traerán consigo y que, de paso, también puedan flexibilizar su sueldo para costearles estudios y formación, ya sea la -ahora astronómica- matrícula universitaria, ya el curso de una lengua en la Escuela Oficial de Idiomas, ya el aprendizaje musical en un Conservatorio. Se preferirá a los padres flexibles con dinero, naturalmente, porque de sus hijos será la educación de la elite.

Profesores flexibles, que multipliquen sus horas de clase, que inventen el modo imposible de atender a todos los alumnos que se adocenan en sus aulas gracias a las nuevas ratios, que puedan flexibilizar tanto su tiempo como sus conocimientos, impartiendo materias de las que muchos no son siquiera especialistas. Flexibles para hacer la vista gorda cuando sepan que el sistema está marginando a los que menos tienen, a los que menos pueden. 

En definitiva, esta escuela flexible que nos propone Wert es una escuela que acata, callada y en silencio, su degradación. Que asume la desigualdad cultural y social como una realidad contra la que se puede luchar. Que no alza su voz a favor de la educación, ni de la cultura, ni de la democracia. Una escuela que, de momento: las manifestaciones de hoy lo demuestran, está muy lejos de ser real, porque la voz -de alumnos, de padres y de profesores- sigue sonando más fuerte -y más firme- que nunca.

domingo, 28 de octubre de 2012

En defensa de una Democracia avanzada y de un Parlamento al servicio de la ciudadanía




Esta  propuesta elaborada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA. La Izquierda Plural nace de la seria preocupación por el proceso de
degradación democrática cada vez más acelerado al que asistimos. La
calidad de nuestra democracia ya era claramente mejorable, entre otras
cosas, debido a la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas, la
carencia de la transparencia necesaria y las pocas oportunidades de
participación real de la ciudadanía. Por si esto fuera poco, la crisis
económica ha evidenciado sus debilidades y el poder económico las ha
explotado, restándole soberanía en beneficio de los mercados, que imponen
sus medidas por encima de la voluntad popular.
Está siendo el Gobierno del PP quien, de manera especial, está
aprovechando la coyuntura política y económica y su mayoría absoluta
para erosionar la democracia y poner obstáculos al debate, el control y la
participación de instituciones, medios de comunicación y sociedad civil. El
Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y su mayoría en la Mesa del
Congreso toman de forma reiterada una serie de decisiones con el único
objetivo de mutilar debates y silenciar las voces críticas.
Cada vez resulta más evidente el desprecio que el PP tiene hacia el
Parlamento. Éste alcanza una de sus máximas expresiones con la negativa
de Mariano Rajoy a acudir al Congreso para dar explicaciones sobre la
realidad de la crisis en España. A ello se une la tramitación de más de 26
decretos-ley, la negativa a celebrar un Pleno monográfico sobre Empleo e,
incluso, la decisión de no celebrar este año el debate sobre el estado de la
Nación o el rechazo a permitir simplemente el debate para la creación de
una comisión de investigación en el ‘caso Bankia’. Estas decisiones están
vaciando peligrosamente de contenido a  unas Cortes Generales que, en
estos momentos de crisis, deberían ser más que nunca el centro de la vida
política del Estado.En primer lugar, el PP pretende imponer sus medidas sin debate y
ninguneando al Parlamento mediante el uso recurrente del Real DecretoLey como principal mecanismo de aprobación de sus reformas. Se abusa
del mismo para recortar salarios, debilitar la negociación colectiva, facilitar
el despido, limitar el derecho a la Salud y a la Educación, modificar la
regulación del sector eléctrico, eliminar competencias de las CC.AA o
reformar el sistema financiero mediante ayudas a los bancos.
Muchas de estas medidas entrarán en vigor a años vista, lo que cuestiona
claramente  la ‘urgente necesidad’ a la que se alude constantemente. Pero
es  que, además, buena parte de estas reformas atentan contra derechos
fundamentales, por lo que su tramitación no debería ser, en ningún caso,
mediante un procedimiento que impide la participación de los grupos
parlamentarios en la modificación y mejora de los textos. Por si fuera poco,
el Gobierno prescinde de la réplica a las intervenciones de la oposición, a
excepción de las del Grupo Socialista, en un acto de menosprecio al resto
de grupos parlamentarios y a la ciudadanía que representan.
En segundo lugar, el PP ha decidido obstaculizar de forma sistemática las
iniciativas de la oposición. La implantación de unos cupos de presentación
de iniciativas en Pleno y comisión deja reducida al mínimo la posibilidad
de presentación de propuestas por los grupos parlamentarios más pequeños.
De esta forma, salvo los grupos Popular y Socialista, el resto sólo pueden
presentar dos proposiciones de ley y otras dos proposiciones no de Ley en
cada periodo de sesiones. Es decir, cada seis meses sólo es posible llevar a
Pleno cuatro iniciativas.
Al mismo tiempo, esta restricción se extiende al trabajo en las comisiones
parlamentarias. A cada grupo sólo le es posible presentar una proposición
no de ley por sesión, que suele ser como mucho de carácter mensual.
En resumen, los Plenos semanales del Congreso se reducen en la mayoría
de su tiempo a debates determinados por PP y PSOE, que pueden presentar
una propuesta por Pleno cada uno. En lo referente a preguntas al presidente
del Gobierno o a los miembros del Ejecutivo, mientras PP y PSOE pueden
formular 10 preguntas en cada sesión de control, el resto de grupos sólo pueden formular 1 semanalmente y, de ellas, tan sólo 1 pregunta de cada
tres Plenos puede ser dirigida al jefe del Ejecutivo.
En la misma línea, diversos temas han quedado excluidos del debate por las
cuestionables decisiones de la Mesa, siguiendo la dinámica de anteriores
legislaturas. Así, quedan bloqueadas sistemáticamente las iniciativas
parlamentarias que pretendan dotar de mayor transparencia las actuaciones
de la Casa Real o que busquen un mayor control de cualquiera las
actividades de la Iglesia Católica, una institución privada pero fuertemente
dotada de fondos públicos. Es legítimo que no compartan el contenido de
estas iniciativas, pero es inaceptable que impidan su tramitación.
De igual forma, tanto desde nuestro grupo como desde otros se ha
solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno en diversas
ocasiones, solicitudes que han sido bloqueadas sistemáticamente por la
mayoría absoluta del Partido Popular, dado que la tramitación de estas
comparecencias se deciden en la Junta de Portavoces donde el PP impone
su mayoría absoluta.
Como colofón, es especialmente grave y significativo denunciar que en
estos momentos el Gobierno esté negociando un rescate para España sin la
menor información o participación del Parlamento. Esto evidencia que los
debates parlamentarios son para Rajoy y el PP más un estorbo que una
responsabilidad democrática.
Esta realidad se sustenta en la estrategia de entrega de la soberanía nacional
a los intereses económicos que representan las instituciones financieras
internacionales. Para ello se requieren gobiernos sumisos y parlamentos
adormecidos en los que se oculten que existen alternativas reales a las
imposiciones de las instancias económicas de la Unión Europea. El
Parlamento queda reducido a un mero ‘convidado de piedra’ de la vida
social y política del país. Y en tercer lugar, el PP también pone trabas a los mecanismos existentes
para que la ciudadanía pueda proponer iniciativas a las instituciones. Como
ejemplo denunciamos cómo la Comisión de Peticiones -que podía ser el
instrumento más directo de relación de los ciudadanos y colectivos sociales
con el Congreso, ya que permite a los diputados/as entrar en contacto con
los problemas de la vida corriente- en realidad ha quedado convertida en un
mero trámite con una nula relevancia en la actividad parlamentaria.
En el mismo sentido, las limitaciones y dificultades  que se ponen a las
Iniciativas Legislativas Populares (ILP) las convierten en instrumentos
prácticamente inservibles. La única ILP que se ha tramitado esta legislatura
ni siquiera fue admitida a trámite, menospreciando el derecho de las más de
500.000 personas que firmaron para que fuera discutida en sede
parlamentaria. La pasada legislatura ya vivimos escenas esperpénticas con
el intento de bloqueo de la ILP por la dación en pago. Tampoco hay fecha
para discutir la que presentaron CC.OO y UGT sobre la reforma laboral
elaborada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero,
cuando ya está en vigor la más reciente de Rajoy. Respecto a las ILP es
necesario facilitar la posibilidad de su presentación, así como agilizar su
tramitación, junto a la búsqueda de mecanismos reforzados para conseguir
una relación directa del diputado con la ciudadanía.
El PP demuestra, pues, una apuesta clara por un Congreso restrictivo,
excluyente, que acentúa un bipartidismo que no se corresponde con el
pluralismo político que demuestra la sociedad española. Ello acentúa el
peligro de que se agrave la separación entre la institución parlamentaria y
la realidad social y que, en definitiva, se agrande el divorcio entre los
representantes y quien tienen la soberanía nacional, que no pueden ser otros
que la ciudadanía.
Pero no sólo las Cortes Generales, también los parlamentos autonómicos y
los ayuntamientos están siendo víctimas de la erosión democrática. Tras
alcanzar el mayor poder autonómico y municipal que ha tenido formación
política alguna en la reciente historia democrática, el PP pretende reducir el
número de concejales de nuestros municipios así como los diputados
autonómicos, por el momento, de la Comunidad de Madrid y la de CastillaLa Mancha. Nos enfrentamos a una involución para limitar el pluralismo
político y para provocar que más ciudadanos acaben sin representación en los plenos en una actuación que beneficiará exclusivamente a los dos
partidos mayoritarios.
Además, las reformas recentralizadoras afectan a la autonomía política de
ayuntamientos y comunidades autónomas y alejan la toma de decisiones de
la ciudadanía. En definitiva, una democracia más pobre.
Tampoco están a salvo los medios de comunicación. Respecto a la
televisión pública estatal, el Gobierno modificó, también mediante real
decreto, el régimen de administración de la corporación de RTVE. Esta
reforma responde al objetivo del PP de controlar políticamente dicho medio
y existen recientes precedentes por parte de la derecha de que este control
acaba en manipulación.
Igualmente preocupante es la persecución que se realiza contra toda voz
crítica que se atreva a alzarse desde la sociedad civil. Es el caso evidente de
los sindicatos, criminalizados y víctimas de  falsedades, de movimientos
sociales alternativos como el 15M o de organizaciones y asociaciones
como FACUA, a la que se amenaza con la retirada de fondos públicos por
defender algo tan fundamental como la Escuela Pública y denunciar los
recortes del Gobierno.
Por todo ello, el Grupo de IU, ICV-EUiA,CHA. La Izquierda Plural
reclama la necesidad de un cambio sustancial en la forma de entender la
Democracia como el instrumento para hacer a la ciudadanía protagonista en
las decisiones que afectan a su vida cuotidiana: la salida de la crisis, el
combate del paro, los desahucios, la exclusión social…. Más democracia
significa, entre otras cosas, más implicación de la ciudadanía en la vida
parlamentaria y más activación del funcionamiento del Congreso y del
Senado para que realmente sean el centro de la vida política y social del
Estado, y no meras cámaras de resonancia de los acuerdos de Gobierno o,
lo que es peor, de las decisiones de instancias no representativas de la
Unión Europea.Esta misma demanda se expresa también y con gran fuerza en la calle,
como refleja el denominado movimiento 15M al denunciar el
distanciamiento entre la institución parlamentaria y la sociedad. Desde
nuestro Grupo reclamamos una mayor centralidad del Parlamento en la
vida social y política del país. En el PP nos hemos encontrado el mayor de
los rechazos, pero debemos advertir que el PSOE tampoco parece muy
interesado en renunciar a las ventajas que le ha dado una etapa bipartidista
en el funcionamiento de las Cortes.
En coherencia con nuestro análisis, desde el Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural tenemos la intención de abordar en
este periodo de sesiones una serie de propuestas para conseguir una
democracia avanzada que ponga el Parlamento al servicio de la ciudadanía
con una fuerte actividad de denuncia y de propuestas en la línea de
conseguir un cambio en el funcionamiento del Congreso. El objetivo es
abrir vías de participación de la ciudadanía, de una mayor implicación de la
sociedad civil organizada en la vida parlamentaria de forma que tengamos
un Parlamento más activo, más implicado en la solución de los problemas
reales de la gente y, sobre todo, con una mayor relación entre
representantes y representados.
Trabajamos por romper esta situación y por conseguir un Parlamento más
vivo, más dinámico, más abierto, donde exista una mayor participación de
todos los Grupos Parlamentarios y se permita una mayor implicación del
Congreso en los problemas de la ciudadanía. Un Parlamento que refleje
mejor la pluralidad que representa y demanda la sociedad.
Por ello, en el marco de la defensa de una Democracia avanzada y
participativa presentamos una serie de propuestas para reforzar el papel del
Parlamento en la vida social y política del Estado. Las planteamos
conscientes de que son propuestas limitadas que deberían ser desarrolladas
y ampliadas, pero lo hacemos como una contribución en el marco del
debate social más amplio que hoy se desarrolla en todo el Estado. Nuestra
intención es discutir estas propuestas con agentes sociales y colectivos
ciudadanos para sumar aportaciones y consensos para construir una
democracia más útil para resolver los problemas que más preocupan a la
sociedad.Entre estas propuestas están:
- Ampliar  las competencias de la Comisión de Peticiones para que
deje de ser un mero ‘buzón’ de reclamaciones. Ésta debe tener la
capacidad para permitir que los colectivos e instituciones puedan
explicar directamente en su seno las peticiones presentadas, así como
poder emitir informes sobre las mismas.
- Desarrollo de iniciativas que permitan una mayor relación de la
ciudadanía con sus representantes.
- Apertura del Congreso a la participación de la sociedad civil,
facilitando su presencia en las Comisiones y en la elaboración de
iniciativas parlamentarias.
- Regulación del Debate sobre el estado de la Nación para evitar que
su formulación dependa de la voluntad del Gobierno y dejando clara
la obligación de que se celebre de forma anual.
- Regulación más amplia de la comparecencia del presidente del
Gobierno ante el Congreso, siendo ésta obligada cuando lo soliciten
dos grupos parlamentarios.
- Ampliación del papel individualizado del diputado en las
comparecencias que realiza el Gobierno en las comisiones
parlamentarias.
- Modificación de las condiciones necesarias para aceptar una
Iniciativa Legislativa Popular. Debe reducirse el número de firmas necesarias y permitir su presentación ante el Pleno del Congreso por
parte de los impulsores de la iniciativa.
- Impulsar el debate público sobre el intento de disminuir la
democracia municipal.
- Modificaciones del funcionamiento del Congreso para hacer más
efectiva la centralidad  del Parlamento y limitar el carácter
bipartidista del actual Reglamento. Para ello, debe ampliarse el
número de preguntas que formulan los grupo parlamentarios,
aumentando a dos por Pleno el actual cupo para los grupos que
disponen de más de diez diputados/as y ampliando las que se
realizan al presidente del Gobierno, que pasarían de las tres actuales
por cada sesión de control al menos hasta cinco. También debe
aumentarse el número de proposiciones no de ley a discutir en cada
Pleno para permitir una distribución más amplia y plural de los
cupos que tiene asignado cada grupo parlamentario y evitar que PP y
PSOE se repartan casi en exclusividad la mayoría de las sesiones
plenarias. Así, consideramos que los grupos más pequeños puedan
presentar una proposición no de ley al menos cada dos Plenos. De
igual forma, también debe subirse el número de este tipo de
proposiciones en cada comisión parlamentaria, para permitir que
todos los grupos puedan trasladar sus propuestas al debate.

sábado, 27 de octubre de 2012



La dimisión de Esperanza Aguirre y las tensiones en el PP Escrito por Antonio García Sinde Viernes, 12 de Octubre de 2012 10:48 El pasado 17 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó de forma inesperada su dimisión y anunció su inmediata retirada de la escena política. A pesar de que conserva todavía la Presidencia del PP de Madrid, los acontecimientos de los días siguientes, especialmente la composición del nuevo gobierno autonómico del que salen los aguirristas más destacados, parecen indicar que, al menos de momento, los madrileños perderán de vista a una de las más odiadas representantes políticas de la derecha. Esperanza Aguirre no se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid ganando unas elecciones, sino gracias a la oscura maniobra conocida como tamayazo. Las elecciones autonómicas de 2003 fueron ganadas por la izquierda, que se disponía a gobernar con un acuerdo PSOE-IU cuando, en la sesión de investidura del 10 de junio, los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y Mª Teresa Sáez se abstuvieron en la votación del candidato socialista, impidiendo su nombramiento como presidente, y provocando una parálisis de la Asamblea Regional que llevó a la convocatoria de nuevas elecciones. En los días posteriores a este incidente se supo que los dos diputados traidores habían sido comprados por un grupo de constructores y promotores inmobiliarios, interesados en conseguir que Aguirre dirigiese la Comunidad de Madrid. El consiguiente escándalo destapó que no sólo el PP estaba estrechamente vinculado a la especulación inmobiliaria —lo cual no sorprendió a nadie— sino que también el PSOE había sido ampliamente penetrado por redes corruptas, gracias a las cuales había sido posible comprar a dos de sus diputados. El prestigio del PSOE quedó gravemente dañado, y en las nuevas elecciones sufrió una importante derrota. A partir de ese momento, Aguirre manejó con mano de hierro tanto la Comunidad como el PP de Madrid, y fue elevando sus aspiraciones hasta poner sus ojos en la Presidencia del Gobierno y desafiar cada día con más osadía a Mariano Rajoy. ¿Motivos personales? La explicación oficial proporcionada por Esperanza Aguirre, y repetida exhaustivamente por el aparato del PP, es que se retira por “motivos personales”, haciendo alusión a su reciente enfermedad y otras circunstancias familiares. Pero esta explicación pareció increíble e inmediatamente los medios de comunicación se lanzaron a buscar las verdaderas causas. La opinión más generalizada es que su desencadenante fue un enfrentamiento por la ubicación de Eurovegas, el gran centro de juego (y de prostitución, drogas y blanqueo de dinero) que el empresario estadounidense Sheldon Adelson planea construir en Madrid. Propietarios de terrenos en Alcorcón y Getafe, muy vinculados al PP, se habrían enfrentado a muerte por conseguir que sus respectivos solares fuesen los elegidos. La apuesta de Aguirre por la ubicación en Alcorcón, que fue saludada por los inversores con una subida del 33% en la cotización bursátil de Metrovacesa (propietaria de los solares de Alcorcón) habría desencadenado una reacción hostil del otro clan empresarial, que habría presionado a Rajoy para conseguir la liquidación política de Aguirre. Sea cual sea el desencadenante inmediato, la realidad es que el enfrentamiento entre Aguirre y el aparato estatal del PP se había profundizado en los últimos meses. Este enfrentamiento no sólo se nutría del choque de ambiciones personales de Rajoy y Aguirre, sino que expresaba un enfrentamiento político de mucha mayor trascendencia. Aguirre era la última gran representante del sector ultraderechista del PP que conservaba una posición política de relevancia. Desde su fundación por parte de un grupo de exministros de Franco, el PP había conseguido agrupar al electorado más próximo al fascismo, y en gran medida este hecho explica por qué en el Estado español no han despegado formaciones similares al Frente Nacional francés. Pero en su viaje hacia el “centro”, Rajoy se deshizo de los dirigentes que, como Mayor Oreja, Vidal-Quadras, María San Gil, e incluso el propio Aznar, asustaban a un amplio sector del electorado por sus posiciones ultraderechistas. Ya sólo Esperanza Aguirre mantenía activa la oposición interna a Rajoy. El ultraderechismo de Aguirre no se limitaba al debate interno del PP, sino que su gestión en el Gobierno de Madrid estuvo marcada por la aplicación de las propuestas más reaccionarias. En Educación, favoreció con descaro a la enseñanza privada, especialmente a los grupos católicos más fanáticos, como los Legionarios de Cristo; convirtió Telemadrid en la tribuna de la más extrema reacción; hundió los servicios públicos, especialmente la Sanidad, para favorecer las privatizaciones en interés de grandes empresas multinacionales como Capio; estimuló la especulación inmobiliaria poniendo a su servicio la ampliación de la red de Metro; y se convirtió en la punta de lanza de un ataque feroz a los sindicatos y, en general, a las libertades democráticas. Esta política despertó el entusiasmo del sector más duro del empresariado. Aguirre encontró un firme apoyo en la patronal madrileña CEIM y en su presidente, Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y representante del sector más parasitario de la burguesía española, el sector que, como una sanguijuela, vive a costa de los contratos y presupuestos públicos. Con este apoyo empresarial, Aguirre se convirtió en la portavoz de la derecha más dura del PP. Cada conflicto interno y cada tropiezo del Gobierno se convirtieron en una oportunidad para consolidarse como la alternativa de derecha a Rajoy. Así, Aguirre apoyó a Álvarez Cascos en su conflicto con el PP asturiano que le llevó a dejar el partido y fundar el Foro Asturias Ciudadano. Más recientemente, Aguirre aprovechó la rebaja del grado penitenciario del preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga para encabezar una campaña contra el gobierno, utilizando a las “asociaciones de víctimas” como ariete contra Rajoy. La crisis llega al PP Estas grietas en el seno del PP demuestran que las tensiones sociales provocadas por la profundidad y duración de la crisis alcanzan también a la clase dominante. La creciente e imparable ola de protesta social está dividiendo a la burguesía entre los que consideran que la “mano dura” es la mejor opción para hacer frente a la resistencia de los trabajadores, y los que consideran que la mejor estrategia es graduar los ajustes y realizar algunas concesiones mínimas que permitan mantener el vínculo con las direcciones sindicales y con los partidos reformistas, de forma que la protesta social se mantenga en unos límites aceptables. Como portavoz del sector duro de la burguesía española, Esperanza Aguirre se había convertido en un serio dolor de cabeza para el Gobierno. A pesar de la intensidad de sus recortes, Rajoy intenta mantener una posición apaciguadora, al menos hasta que hayan pasado los procesos electorales de Galicia, Euskadi y Catalunya. La actitud incendiaria de Aguirre, sus intentos de eliminar a los sindicatos en el ámbito de la Administración Autonómica, su abierto desprecio hacia los dirigentes del PSOE, sus demagógicas declaraciones a favor de un retorno a un Estado centralizado, obstaculizaban conscientemente los inestables equilibrios que intentaba construir Rajoy y, en consecuencia, el choque frontal era inevitable. De momento, Rajoy ha ganado la partida. Pero la falta de resultados de su política económica, las incertidumbres que rodean el plan de rescate y la situación del sistema financiero, la súbita agudización de la cuestión nacional en Cataluña y, muy especialmente, la radicalización y extensión de la protesta social indican que es muy posible que su victoria sea efímera. La reciente victoria de los trabajadores portugueses, que mediante la movilización han obligado a retirar la propuesta gubernamental de transferir a los empresarios el 7% de la masa salarial, demuestran que si la lucha es sostenida y masiva es posible vencer. Más pronto que tarde la convocatoria de una nueva huelga general, esta vez en un ambiente social mucho más polarizado, es inevitable. El sector duro del PP, momentáneamente descabezado, volverá a reagruparse y buscará un nuevo líder capaz de presentarse como alternativa a Rajoy. La descomposición del PP no ha hecho más que empezar, y si las fuerzas de la izquierda, especialmente Izquierda Unida, armadas con un programa político capaz de dar respuesta a la crisis del capitalismo, se colocaran inequívocamente al frente de la movilización social, podríamos propinar al PP y a la burguesía un golpe mortal.

viernes, 26 de octubre de 2012

Venezuela: elecciones 7 de octubre




Escrito por: 
 William Sanabria
La movilización de las masas derrota la amenaza contrarrevolucionaria
Hugo Chávez ha ganado claramente las elecciones presidenciales venezolanas del 7 de octubre. Con un 95% de los votos contados, Chávez obtiene un 55% (7.963.061 votos, que acabarán siendo más de 8 millones) frente al 44,39% (6.426.686 votos) del contrarrevolucionario Capriles Radonski. Estos resultados se producen tras la mayor participación electoral de la historia venezolana: 80,9%. Chávez gana en 22 de los 24 estados y el número de sufragios representa el mayor respaldo obtenido nunca por ningún presidente venezolano.
La clave de esta victoria ha sido que las masas explotadas de los barrios populares de las ciudades y del campo se ha movilizado una vez más masivamente en apoyo a Chávez y al proceso revolucionario, como ya lo hiciera en anteriores elecciones presidenciales, en agosto de 2004 para evitar la revocación del Presidente o cuando derrotó en la calle el golpe de estado y el paro de los empresarios en 2002 y 2003.
En este caso, además, el peligro de una victoria de la reacción era muy real. La derecha contrarrevolucionaria venía fomentando un discurso de euforia entre sus bases y centrando su campaña en las contradicciones internas y fallas de la revolución, prometiendo demagógicamente “el oro y el moro” a los sectores más desmoralizados de las masas con el objetivo de que sectores que otras veces apoyaron a Chávez no votasen o lo hiciesen por Capriles. Éste, miembro de una de las principales familias burguesas y procedente de la ultraderecha (militó en su juventud en la secta fascista Familia, Tradición y Propiedad y dirigió como Alcalde del Municipio Baruta el asalto a la embajada cubana durante el golpe de 2002) y líder de Primero Justicia (PJ), partido hermano del PP, no dudó en presentarse como “admirador de Lula”, “progresista” y prometer mantener y ampliar los programas sociales de Chávez.
Pero el instinto de clase de las masas, su conciencia y voluntad de seguir empujando hacia delante la revolución se han impuesto. La impresionante toma de Caracas el 4 de octubre, la marcha más masiva realizada a lo largo de este proceso revolucionario, ya demostró que las bases revolucionarias estaban alerta y movilizadas. Más que una marcha fue una toma total de la capital que desbordó las siete avenidas inicialmente previstas y paralizó toda Caracas. Nada que ver con la movilización opositora del domingo 30 de septiembre, que los medios de comunicación burgueses presentaron como “la mayor de la historia de Venezuela” y que, aunque movilizó a un número significativo de opositores, sólo llenó parcialmente una de esas mismas siete avenidas.
Las masas obreras y populares entendieron claramente que lo que estaba en juego era la posibilidad de que la contrarrevolución llegara al poder y lanzase un ataque decisivo contra los avances conseguidos durante estos trece años de revolución y contra otros muchos derechos y reivindicaciones obreras y populares que todavía están pendientes.
El descontento de las bases y la lucha por defender y completar la revolución
Uno de los problemas que enfrentaba la revolución bolivariana desde la derrota en el referéndum de la reforma constitucional de diciembre de 2007 es que entre 2 y 3 millones de votantes que apoyaron a Chávez en las presidenciales de 2006 se han abstenido en los siguientes procesos electorales. En barrios obreros y populares donde históricamente Chávez ganaba con 65, 70 e incluso 80% de los votos, estos porcentajes habían disminuido en las últimas convocatorias al 60% e incluso 55%. El 7 de octubre la clase media y una parte de los sectores más atrasados de las masas se movilizó siguiendo la demagogia de Radonski pero los barrios populares volvieron a movilizarse masivamente, alcanzando porcentajes bastante cercanos a los de 2006 y 2004.
Estos resultados no son ningún cheque en blanco ni una vuelta a las elecciones de 2006. En estos seis años las masas, y especialmente los centenares de miles de activistas obreros y populares que componen su vanguardia, han vivido experiencias decisivas que les están haciendo sacar conclusiones cada vez más avanzadas.
Las contradicciones que se acumulan en las empresas nacionalizadas, donde -tras luchar durante años contra los capitalistas- los trabajadores están teniendo que enfrentarse al sabotaje contrarrevolucionario y los ataques a sus derechos por parte de los burócratas del estado (la llamada “quinta columna”). El debate sobre el control obrero, donde lo que se ha hecho (nombrar a trabajadores como directivos sin poner el control y la dirección de la empresa realmente en manos de los trabajadores) no sirve para lograr los objetivos de controlar realmente la empresa, acabar con el burocratismo y las corruptelas y desarrollar la producción garantizando y mejorando los salarios y derechos de los trabajadores. Los propios Consejos Comunales, que debían -según el propio Presidente Chávez tras las elecciones de 2006- llevar a un Estado comunal basado en el poder popular que sustituyese al Estado burgués, no lo han hecho. Todas estas luchas y experiencias están haciendo sacar conclusiones revolucionarias a las masas.
En muchos actos electorales éstas aprovecharon la movilización de apoyo a Chávez para llevar pancartas y lanzar consignas contra muchos gobernadores y alcaldes bolivarianos. Durante las últimas semanas de campaña los trabajadores de varias empresas clave nacionalizadas durante los últimos años (SIDOR, Abastos Bicentenario y las empresas del cemento o Petrocasa) protagonizaron movilizaciones masivas en las que, al mismo tiempo que manifestaban su apoyo a la revolución y a Chávez exigían solución a sus problemas y denunciaban a la burocracia.
Si analizamos cuidadosamente los resultados del 7 de octubre vemos también ese descontento. Con un censo incrementado en casi cuatro millones de votantes respecto a 2006, la oposición aumenta sus votos, comparando con entonces, en más de 2 millones y la revolución en alrededor de 800.000, difícilmente llegará al millón. Por estados el descontento existente en las filas revolucionarias se manifiesta claramente. Mientras en estados donde gobierna la oposición la revolución mejora sus resultados (el Zulia –que además es el estado más poblado del país- es el caso más claro, con un 55-45 a favor de Chávez) en otros gobernados por dirigentes bolivarianos se pierde (Mérida) o se obtienen resultados muy ajustados. Es el caso de Bolívar, donde se ubica la industria pesada –SIDOR y otras- y el gobernador ha sido muy cuestionado. O Anzoátegui, donde el gobernador Tarek William Saab ha abandonado los barrios, desoído al pueblo y apoyado a la multinacional Mitsubishi contra la lucha de los trabajadores dirigidos por el sindicato revolucionario SINGETRAM y la diferencia es 51%-49%, cuando habitualmente Chávez cosechaba más del 60% de los votos.
Organizarnos para completar la revolución acabando con los capitalistas y burócratas
El Presidente Chávez ha visto estas muestras de descontento y en la entrevista que le realizaban varios periodistas la noche de cierre de campaña planteaba la idea de reconvertir el Ministerio de la Presidencia en una especie de unidad de seguimiento y control para garantizar la eficiencia en el cumplimiento de los planes. Esto refleja un intento de querer responder a los problemas, pero es necesario abrir un debate a fondo sobre cuáles son las medidas que garantizan realmente que la revolución llega hasta el final y resuelve los problemas existentes y cuáles no.
El nombramiento de un grupo de activistas como funcionarios, por muy revolucionarios que sean, ya se ha ensayado en otras revoluciones. Lamentablemente esto por sí solo no ha resuelto los problemas de burocratismo, ineficiencia, sabotaje o corrupción. Al contrario, en algunos casos esos mismos cuerpos o instituciones llamadas a controlar las desviaciones han acabado burocratizándose, desviándose y corrompiéndose. La clave es sustituir la vieja estructura del estado, que sigue siendo burguesa, por un verdadero estado revolucionario. El poder debe estar en manos de Consejos de trabajadores, campesinos y vecinos elegibles y revocables democráticamente en todo momento. Cada uno de estos consejos debe designar voceros, insistimos: elegibles y revocables en todo momento, a Consejos centrales a nivel local, estadal y nacional culminando en una Asamblea nacional de Consejos Obreros y Populares y comunas socialistas que ejerza el poder. Los cargos y responsables electos deben cobrar el salario de un trabajador cualificado.
Otro aspecto clave es que la revolución no podrá seguir manteniéndose sobre la base de utilizar los ingresos del petróleo (que, además, se verán afectados por la crisis capitalista mundial antes o después) para construir viviendas, dar pensiones, mejorar la salud y educación, etc. sin tocar la propiedad privada de los medios de producción. La gran mayoría de bancos y fábricas sigue controlada por la burguesía venezolana y las multinacionales imperialistas, que utilizan este control para sabotear la economía y llenarse los bolsillos mientras los trabajadores y el pueblo seguimos sufriendo lacras sociales como la pobreza, desempleo, déficit habitacional, inseguridad… Los empresarios privados siguen utilizando una mínima parte de la capacidad productiva de sus empresas (entre un 42 y un 52% según ellos mismos). Y eso pese a los llamados constantes y facilidades que les ha dado el gobierno: Fondos Bicentenario y otros, dólares preferenciales… Los datos oficiales hablan de un 6 o 7% de desempleo, pero un 65% de la población económicamente activa sigue trabajando en la economía informal. Los empresarios –y lamentablemente también muchos gerentes de empresas públicas- incumplen la Ley del Trabajo y aplican políticas antiobreras y antisindicales.
En ese sentido los llamados por parte de distintos dirigentes bolivarianos a sectores de la alta burguesía a que ellos también deberían votar a Chávez y que sus intereses y propiedades no serán cuestionados, dificultan el objetivo de comprender cuáles son las tareas inmediatas para la revolución. Estas ideas son defendidas en estos momentos por muchos dirigentes del PSUV y la JPSUV. El propio Presidente Chávez, al mismo tiempo que insistía en que el socialismo es innegociable y se comprometía con el pueblo a reducir la pobreza a cero y garantizar vivienda a todos los venezolanos en 2019 se hacía eco de esta presión en varios discursos y entrevistas, llamando a la unidad nacional y prometiendo respetar las propiedades de los grandes grupos empresariales.
Pero los objetivos de pobreza cero, pleno empleo, y una vida digna para los casi treinta millones de venezolanos son incompatibles con el mantenimiento de la propiedad de los principales bancos y empresas en manos de los oligarcas. El Presidente Chávez tendrá que elegir entre nacionalizar los medios de producción poniendo el estado y la economía  bajo la gestión directa de la clase obrera y los oprimidos (única manera de garantizar la planificación democrática de la economía y resolver los problemas) o, si no se da este paso, incumplir sus promesas, no resolver los problemas existentes y que el descontento siga aumentando.
El peligro de una victoria contrarrevolucionaria no ha desaparecido. La oposición seguirá con su estrategia de aprovechar las fallas, incumplimientos y burocratismo que existen dentro del estado venezolano para intentar minar la moral de las masas. Dentro de las filas bolivarianas existen sectores burocráticos y reformistas que desde hace años apuestan a la reconciliación y la negociación. Durante la campaña algunos dirigentes opositores, oliendo la derrota, rompieron con Capriles y pidieron el voto a Chávez. Ahora estos oportunistas podrían postularse como candidatos a construir esa derecha dialogante, una especie de partido-puente para ensayar algún tipo de negociación y pacto para frenar la revolución con los sectores más a la derecha del movimiento bolivariano.
Las bases del PSUV y de la JPSUV y del conjunto del movimiento bolivariano (la UNETE, la CSBT,) debemos organizarnos en torno a un programa genuinamente socialista y construir una corriente marxista revolucionaria que luche por acabar con el poder de los capitalistas y burócratas y dar los pasos decisivos que permitan construir y hacer realidad el socialismo.
Fecha: 
 12 de Octubre de 2012

jueves, 25 de octubre de 2012

Portugal: La movilización masiva consigue una primera victoria




Escrito por: 
 Miriam Municio
El viernes 7 de septiembre el primer ministro portugués, Passos Coelho, anunciaba por televisión y en horario de máxima audiencia las nuevas medidas adoptadas por su gobierno; el punto estrella era la reducción salarial del 7% a todos los trabajadores a partir de 2013, a través del aumento de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social (Taxa Social Única) del 11 al 18% (equivalente a la pérdida de un salario entero repartido en un año) y a la vez que se reducía la contribución de los empresarios del 23,75% al 18%, en un trasvase de más de 2.000 millones de euros desde los bolsillos de los trabajadores a los de los empresarios. Era la gota que colmaba el vaso de la ira y el descontento popular.
Este brutal ataque se enmarca dentro de la presentación de los Presupuestos Generales de 2013, que conllevan un ahorro de 4.900 millones de euros respecto a los de 2012 [1], y que incluye también la disminución del número de funcionarios y nuevos recortes a su salario [2], más privatizaciones, endurecimiento de los criterios para obtener subsidios sociales y de desempleo, etc. Coelho y su ministro de Finanzas, Vitor Gaspar, trataron de justificarlo con el cínico argumento de "crear empleo" y apelando al “esfuerzo de todos” para salir adelante. Ese descarado intento de engaño no hizo más que aumentar la indignación general desencadenando una respuesta inmediata de los trabajadores y la juventud portuguesa. Un estallido social que pilló por sorpresa al gobierno, que subestimó la capacidad de respuesta de las masas tras meses y meses soportando constantes recortes.
Tras casi año y medio desde el rescate de la economía portuguesa (78.000 millones de euros en 3 años) y de las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de la derecha (PDS en coalición con el CDS-PP) los únicos resultados han sido una población cada vez más empobrecida  y una economía en profunda depresión, , siguiendo la estela de Grecia. En este periodo se han destruido 300.000 puestos de trabajo, el salario medio se ha situado entre los 700 y 800 euros y el salario mínimo en 475 euros. A la vez, los impuestos no han dejado de aumentar, el IVA se colocaba en el 23%, el transporte público se ha disparado, ir al médico de cabecera cuesta 5 euros y 20 las urgencias. Los recortes en el gasto público han sido la tónica habitual así como las agresiones a las condiciones laborales: contrarreforma laboral, eliminación de festivos, aumento de la jornada laboral para los trabajadores del sector público, eliminación de pagas extras a los funcionarios y pensionistas, recortes en educación y sanidad públicas,... Y el futuro no es muy alentador. Según las previsiones del FMI, la economía portuguesa se contraerá un 3% en 2012 (otras fuentes hablan de al menos el 3,5%) y un 1% en 2013 (otros, de un mínimo del 1,5%), el paro rozará el 16% y, mientras, el consumo interno cae casi un 6% en lo que va de año y los ingresos el Estado están por los suelos. En este escenario, la decisión de la Troika tras su última visita al país ha sido, ante la evidencia de que era imposible llegar al objetivo de déficit del 3% en 2013, “suavizar” los plazos. En 2012 se permitirá un déficit del 5% del PIB (aunque se calcula en casi el 6% el déficit para este año), en 2013 del 4,5% y se dejará para 2014 el objetivo del 3%, ningún cambio en una política de recortes que pretende que la crisis de los capitalistas la paguemos los trabajadores.
La mayor manifestación desde el 1 de mayo de 1974
El sábado 15 de septiembre una marea humana de alrededor de un millón personas, según cifras de la propia prensa burguesa portuguesa, salía a la calle en 40 ciudades lusas en una convocatoria a través de las redes sociales, y a la que se sumaron los partidos de izquierda y los sindicatos, bajo el lema: “Al diablo con la troika. Queremos nuestras vidas”, y en la que los organizadores propusieron una huelga general popular que pare por completo Portugal. En Lisboa salieron a la calle 500.000 personas, que al llegar a la sede de la Asamblea de la República gritaban: “los ladrones están ahí dentro” y apelaban a la policía a detener a los diputados; en Oporto alrededor 150.000 manifestantes coreaban: “¡Gobierno, dimisión!” o “¡Las calles sin miedo!” a la vez que se pedía una "¡Huelga Ibérica ya!"; en Coimbra unas 20.000 personas, entre sus consignas: “España, Grecia, Irlanda y Portugal nuestra lucha es la misma", y así decenas de miles más se manifestaban en las calles de Viseu, Braga, Setúbal, Aveiro, Guimaraes, Bragança, Évora, Vila Real… en la movilización más importante desde el 1º de mayo de 1974, inmediatamente después de la caída de la dictadura y del triunfo de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril del mismo año. Una manifestación histórica, tanto por su extensión y masividad como por sus consecuencias políticas, al obligar al gobierno a retroceder. Una primera e importantísima victoria del movimiento contra los planes de la burguesía, que pone de manifiesto la colosal fuerza de la clase obrera y la juventud cuando se pone en marcha.
Tras la fuerza demostrada el 15-S la siguiente cita para el movimiento fue el viernes 21 de septiembre a las 18 horas, esta vez frente al Palacio de Belém, sede del Consejo de Estado, convocado por el presidente Cavaco Silva para discutir las medidas anunciadas, y donde miles y miles de jóvenes y trabajadores exigieron la suspensión de las últimas medidas de austeridad y la destitución del gobierno, al grito de "Cavaco, escucha, el pueblo está en lucha" o "FMI fuera de aquí".
La radicalización política que se vive en Portugal ha tenido su expresión también en fuertes tensiones dentro del aparato del Estado. No es ningún detalle el comunicado hecho público tras el 15 de septiembre, de la Asociación de las Fuerzas Armadas portuguesas (AOFA), firmado por su presidente, el Coronel Manuel Martins Cárcel, en el que se afirma que “las tensiones sociales son muy graves y están causando protestas y manifestaciones” ante las que “las Fuerzas Armadas de la Asociación de Oficiales reitera su compromiso con los militares de que nunca aceptará el uso de la represión contra los ciudadanos”. Señala además, “Queremos extender nuestra más cordial solidaridad con todos los portugueses que sufren el peso de los terribles sacrificios que se están imponiendo (…) expresamos nuestra solidaridad con todas las iniciativas que sirven para poner fin a las prácticas abusivas” y  rechazan que “debamos aceptar la imposición de sacrificios para conseguir una supuesta solución” que nunca llega y que siempre pagan los mismos “mientras que al mismo tiempo, ya sea en Portugal o en otro lugar, se acumulan riquezas sin límite, evitando que otros puedan obtener salarios justos”.
Hacia una situación revolucionaria
El temor a las consecuencias de una explosión social con un gobierno completamente deslegitimado, intervenido y con grandes tensiones internas (hay divisiones en el PSD, con miembros que se quisieron desmarcar de las últimas medidas, se está resquebrajando la coalición con sus socios de gobierno del CDS-PP y el PS ha retirado su apoyo, hasta ahora sin fisuras, a las políticas de austeridad y a los presupuestos de 2013) llevó a Cavaco Silva a maniobrar, convocando la reunión del Consejo de Estado. El objetivo: tratar de contener la situación, evitar que pudiera desembocar en una crisis política abierta con la caída del gobierno incluida, caos económico, el movimiento de masas en la calle y a la ofensiva y abriendo un escenario revolucionario con consecuencias dentro y fuera de las fronteras portuguesas, tanto en el terreno económico como en el de la lucha de clases. A la vez, trataba de preservar su propia autoridad de cara a acontecimientos futuros, apelando a que “hay que escuchar al pueblo”. Tras ocho largas horas de reunión, de madrugada, se hacía público un comunicado de la Jefatura del Gobierno en el que plantea “estar disponible para, en el marco de la concertación social, estudiar alternativas”. El gobierno tenía que ceder a la presión de la calle y el Consejo de Estado hacía un llamamiento al gobierno para realizar “esfuerzos para consolidar las finanzas públicas a fin de que se mejore el empleo preservando la cohesión social”, y recalcando que daban por “superadas las dificultades que podían afectar a la solidez” de la alianza de gobierno.
La burguesía portuguesa desea que con esta cesión pueda recomponerse un escenario de estabilidad política y paz social, e intentará basarse en los dirigentes de las organizaciones de la izquierda reformista y sindicales para ello. Muy sintomático, en este sentido, fue la reunión celebrada el 24 de septiembre de Passos Coelho a la que acudieron empresarios y sindicatos para tratar de volver a la normalidad y crear un clima de unidad nacional para tratar de aplacar el movimiento y continuar con la agenda de la burguesía. El primer ministro portugués anunció que habría medidas alternativas, entre ellas una nueva e importante subida de impuestos, en especial el de la renta, además de aumentar el de Patrimonio y el de transacciones financieras, en un intento de dar un toque igualitario. En cualquier caso, las dificultades para un gobierno herido de muerte están ahí. Tanto la CGTP como la UGT han rechazo el incremento de impuestos a los trabajadores, y el PS reitera su rechazo a apoyar los presupuestos de 2013. Las propias palabras de Coelho al término de la citada reunión muestran el límite que tienen: “La propuesta tiene que ser aceptada también por nuestros acreedores internacionales. Portugal se encuentra en una situación en la que ya no tiene autonomía financiera, por lo que es indispensable que estas medidas sean bien acogidas por la troika” (La Vanguardia, 24/09/12). El consejo de ministros extraordinario convocado el miércoles 26 para decidir las medidas se alargó durante más de siete horas, lo que demuestra las tensiones y la crisis política que vive, y no se ha querido hacer público nada más concreto, en un intento de evitar volver a echar más leña al fuego de la movilización. Y es que este mismo sábado 29 de septiembre está convocada por la CGTP una marcha a Lisboa contra los recortes, a la que llaman a participar todos los convocantes de las movilizaciones del 15 y 21 de septiembre, y a la que han anunciado su asistencia militares y policías.
Hay un choque de intereses brutal, entre una minoría de parásitos y la inmensa mayoría de la sociedad portuguesa. El 8 de octubre el Eurogrupo examinará las cuentas públicas portuguesas y en noviembre la troika regresará al país para determinar si continúan con el desembolso del siguiente tramo del rescate. Por otro lado la victoria conseguida por la lucha de masas ha sido una inyección de moral para los trabajadores y jóvenes de Portugal, que son plenamente conscientes de que los ataques van a continuar y que habrá que volver a responder. En este sentido, la manifestación del 29 de septiembre será no sólo un momento de celebración sino un paso más de una lucha que está totalmente abierta y que añadirá presión a los dirigentes sindicales y políticos de la izquierda para la convocatoria de una huelga general para echar abajo al gobierno.
Los efectos de la lucha en Portugal están teniendo un gran impacto en Grecia y en el Estado español, donde se está produciendo un claro repunte de la movilización contra la política de recortes. La lucha en el sur de Europa está cada vez más interconectada y sin duda tendrá un efecto expansivo en toda Europa. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Frente a la catástrofe social provocada por el capitalismo, ¡por una Federación Socialista Europea!
[1] Una cantidad equivalente a alrededor del 25% de la masa salarial de todos los funcionarios portugueses.
[2] Los intereses anuales que paga Portugal por su deuda pública llegan casi a los 9.000 millones de euros, casi la mitad de lo que cuesta pagar a los funcionarios, según el economista João Abel de Freitas.
Fecha: 
 08 de octubre del 2012

miércoles, 24 de octubre de 2012

FELICITACION DE LA DIRECCIÓN DEL PCE A LA MILITANCIA POR EL TRABAJO REALIZADO EN ESTAS ELECCIONES EN GALICIA Y EUSKADI





A las pocas horas de terminar el recuento electoral queremos en primer lugar felicitar el trabajo
realizado por toda la militancia del Partido, tanto en Euskadi como en Galicia, alegrarnos del éxito
electoral gallego que permite sentar nuevamente a diputados/as comunistas en el parlamento de
Galicia y lamentar que el poco tiempo, la confusión de siglas y las deslealtades internas hayan
provocado la pérdida del diputado que IU tenía en el parlamento vasco.
Tiempo tendremos de hacer un análisis más sereno de los resultados y plantear la estrategia a
seguir, ahora es el momento de reafirmar la necesidad de seguir la estrategia de Rebelión
democrática para defender una salida social, anticapitalista y democrática a la crisis, y relanzar el
desarrollo de la Convocatoria Social, como instrumento para avanzar en la integración de quienes
confrontan con la política del PP en una alternativa política y social.
A los camaradas de Euskadi tenemos que decirles que su trabajo no ha sido baldío, que han
sembrado las bases para recuperar el proyecto federal de IU, desde la honestidad y la lealtad
política, decirles que tienen el máximo apoyo de la militancia y la dirección, que no todo vale y que
la deslealtad no tiene cabida en la izquierda transformadora.
A los camaradas de Galicia felicitarles por el trabajo que han venido realizando durante años,
ahora muchos querrán apropiarse de los magníficos resultados obtenidos, algunos sabemos que
han torpedeado todo lo posible el trabajo de estos años, no importa, lo realmente importante es
que en estos momentos el avance de EU contribuye a situar a IU en las mejores condiciones para
ser ese referente del que antes hablamos.
Al conjunto de militantes de IU en ambos territorios, reafirmarles el compromiso del PCE por
continuar el camino comenzado en la IX Asamblea de Refundación del proyecto desde unas
bases anticapitalistas, republicanas y federales, un proyecto en el que tenga sitio toda la izquierda
desde la lealtad interna y el compromiso programático.
Vamos a vivir momentos difíciles porque la victoria del PP en Galicia va a tratar de ser
interpretado como un respaldo a las políticas antisociales del PP, por lo que en estos momentos la
preparación de la Huelga General, la campaña pro-referendum deben centrar nuestros esfuerzos,
junto con la preparación de una X Asamblea Federal de IU que no sea un debate interiorizado sino
que se transforme en un instrumento más en la movilización.
En todas estas tareas la militancia del PCE estará a la altura que requiere nuestra
responsabilidad.

Madrid a 23 de octubre de 2012

PARTIDO
COMUNISTA
DE ESPAÑA
Comité Federal
Comisión permanente
C/ Olimpo, 35
28043 Madrid
Tel.: 91 3004969
comitefederal@pce.es

EL MENU DE UN DIPUTADO


> > El menú de un Diputado
> >
> >
> > Hace unos días, el periodista de ABC Punto Radio, Melchor Miralles,
> > en una entrevista telefónica al presidente de la Patronal Madrileña,
> > Arturo Fernández, que a su vez es el concesionario de los servicios de
> > restaurante del Senado, el Congreso de los Diputados y de la Asamblea
> > de Madrid, le preguntaba cómo es posible poder dar menús a sus
> > señorías por la ridícula cantidad de 3,55€.
> > El señor Fernández comenzó por negar la mayor, diciendo que no era
> > cierto, que esa cantidad no era correcta, y que como cualquiera podía
> > comprender, era imposible poder servir un menú por ese precio, con los
> > gastos que ello conlleva de personal, etc., y poder obtener unos
> > beneficios como cualquier otra empresa o negocio.
> > Lo que no sabía este señor es que el periodista tenía en la mano un
> > tiket en el que figuraba dicho importe, cosa que corroborraron el
> > resto de tertulianos que le acompañaban.
> > La respuesta del Sr. Fernández fué ceder, pero sólo a medias,
> > diciendo. "Puede ser ese el precio, pero sólo de un plato, o medio
> > menú. El menú completo cuesta más, como el de un restaurante normal y
> > corriente"
> > De nuevo el periodista volovió a insistir: "En el tiket que yo
> > tengo pone: Dos platos, postre, bebida y café"
> > Ante esta aseveración, el presidente de la patronal, sin querer dar
> > su brazo a torcer, respondió que no estaba al corriente del precio,
> > que a pesar de ser él mismo el concesionario, no conocía el importe de
> > los menús que se servían a sus señorías en los restaurantes de estas
> > tres instituciones.
> > Ante la perplejidad de los periodistas por esta respuesta, vino a
> > decir que "De otra manera, su negocio sería una ruina, y por eso, esos
> > servicios debían de estar subvencionados con fondos públicos.
> >
> > Nos hemos enterado, pues, que sus señorías, a pesar de cobrar
> > suculentas dietas, que justifican en tener que vivir en una ciudad que
> > no es la suya de residencia habitual, sólo pagan por sus comidas una
> > tercera parte de lo que cuesta el menú más barato a cualquier otro
> > trabajador que tiene que mantenerse de su bolsillo.
> > Nos enteramos tambien de que le cuesta menos la comida a un senador
> > o diputado de lo que paga cualquier escolar en Madrid por llevar su
> > comida de casa en una fiambrera, que paga 3,80€ por el uso del comedor
> > y del horno microondas en que se la calienta.
> > Nos hemos enterado, de paso, que a costa del dinero de todos,
> > cuando una empresa es ruinosa, que vendiendo a precios por debajo del
> > costo se podría ir a pique, es rescatada con los dineros de todos,
> > incluidos de los que están en el paro, de los que no llegan a fin de
> > mes, de los que tienen que hacer ingeniería financiera para repartir
> > el sueldo de miseria que cobran al llegar el primero de cada mes.
> >
> > Ya conocemos el motivo por qué el anterior Presidente del gobierno,
> > Sr. Zapatero, cuando le preguntaron en TV el precio de un café en un
> > bar cualquiera, no supiera el importe. Si tenemos en cuenta que dos
> > platos, postre, bebida y café valen 3,55€ el café sólo debe andar
> > bastante por debajo de los 80 céntimos que este señor aseguró que
> > costaba.
> >
> > Basta ya de casta de privilegiados que sólo conocen la crísis por
> > que han oido hablar de ella. Basta ya de vividores del cuento que se
> > reservan para ellos unos derechos que están quitando al pueblo. Basta
> > ya de gentes sin escrúpulos, sin cultura muchos de ellos y sin
> > vergüenza todos, que están viviendo a costa de robar y quitar derechos
> > a los demás, para crearse para sí mismos los que les viene en gana.bsp;